Seguridad y defensa/Carlos Ramírez

EE. UU. ante narco: palos de ciego

Ninguna propuesta de Trump y Biden

A pesar de ser el principal problema de estabilidad, salud y seguridad nacional, el tema del narcotráfico y consumo de drogas en los EE. UU. no tuvo prioridad en las campañas presidenciales.

El punto más sensible radica en el hecho de que las autoridades estadunidenses están atrapadas en la lógica del consumo: los 30 millones de adictos y las decenas de millones que consumen algún tipo de drogas sin llegar a la adicción absoluta necesitan de productos y el gobierno tiene la función nada agradable de vigilar la existencia de drogas en las calles. Sin acceso a estupefacientes, los consumidores estallarían explosiones de violencia.

La principal propuesta sobre el tema se esperaba del demócrata Joe Biden, pero su silencio ha resultado cómplice: no tiene una propuesta alternativa a la existente de asumir el control del tráfico y los recursos financieros de la droga y atender las consecuencias del consumo en las diferentes expresiones de adicciones. Tampoco tienen iniciativa alguna para reconocer la responsabilidad propia: tráfico, venta, consumo no pueden existir sin la complicidad de autoridades estadunidenses en sus diferentes niveles.

La DEA, que se ha visto experta en encontrar en otros países presuntos culpables de proteger a bandas y grupos dedicados al narco, tiene corresponsabilidad en el ingreso de las toneladas de droga a territorio estadunidense porque su función primordial es interna. Asimismo, la DEA tiene que ver con el hecho de que los nueve cárteles mexicanos tengan el control de la venta al menudeo en más de tres mil ciudades estadunidenses. Una razón grave no se ha resuelto: el tráfico y consumo es asumido por las leyes estadunidenses como un tema de garantías individuales.

Las cifras sobre estadunidenses dañados por la droga son espectaculares por negativas, de acuerdo con la evaluación del problema de la droga hecha por la DEA en su reporte de 2019:

– En 2017, último año analizado, 216,924 personas murieron por efectos de la droga en cinco rubros: envenenamiento, suicidios, homicidios, uso de armas de fuego y accidentes vehiculares.

– El 32% de los afectados fue por envenenamiento en el consumo de drogas. En los últimos tres años han aumentado las cifras por drogas químicas sin control.

– El 59% de los muertos relacionados con las drogas fue por homicidios y por uso de armas de fuego.

– Y alrededor de 18% han muerto en accidentes de vehículos automotores vinculados a uso de drogas.

– De acuerdo con las cifras de la DEA, el número de personas afectadas de manera mortal por eventos relacionados con las drogas aumentó más de 60% en diecinueve años, de 1999 a 2017.

– En ese mismo periodo de casi veinte años, el número de muertos por envenenamiento por drogas se disparó 316%. Y el número de personas afectadas por la violencia subió 30%.

A pesar de estas cifras contundentes que tienen que ver con políticas internas, compromisos gubernamentales no asumidos y violencia local, los candidatos Trump y Biden miraron hacia otro lado y los dos han seguido culpando a los países productores y de trafico, sin reconocer que el problema es sencillo de plantear: la demanda determina la oferta; si no hubiera demanda de drogas, no habría cárteles manejando el negocio de producción y trasiego de droga hacia los consumidores estadunidenses.

Si algún día los países productores y traficantes toman la decisión de sellar sus fronteras para evitar la salida de su territorio de todo tipo de droga, los EE. UU. enfrentarían la violencia de los consumidores y entonces podrían darse cuenta que el problema es de demanda de sus adictos.

Ley de la Omertá

El gobierno mexicano ha recibido cuando menos dos importantes llamadas de atención sobre la fragilidad de su estrategia de seguridad en materia de drogas, crimen organizado y políticas criminales. Sin embargo, la respuesta ha sido teflonera, si vale en término: reaccionar como teflón al que nada se le pega. Al final de cuentas, a México le daña la publicidad negativa de arrestos en los EE. UU. de funcionarios acusados de alianzas con el crimen organizado, pero las respuestas han sido tangenciales.

El tema es histórico. La primera crisis de narcotráfico estallo en 1969 cuando el presidente Nixon ordenó el cierre de la frontera terrestre México-EE. UU. por razones de narcotráfico, pero el resultado no sólo fue ineficaz, sino que llevo a acuerdos que sólo aumentaron la tentación de las riquezas del narco para funcionarios mexicanos. De las primeras operaciones en México contra el narco en 1975 a la fecha el problema ha crecido y poco han hecho los gobiernos mexicanos para reducirlo.

Los controles mexicanos sobre sus fuerzas de seguridad son cada vez mayores, pero aún así saltan casos de funcionarios bajos, medio y altos acusados de aliarse con bandas criminales desde mediados de los años setenta, sin que haya habido mecanismos reales y efectivos de control de funcionarios.

Zona Zero

·         La estrategia de seguridad federal basada en la construcción de la paz va a mantenerse por encima del relevo en la titularidad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y al margen del caso del general Cienfuegos. Se trata de una estrategia presidencial, controlada en las reuniones diarias a las seis de la mañana en Palacio Nacional.

·         Una gran disputa en la elección presidencial en los EE. UU. se está dando en las oficinas de inteligencia y seguridad nacional civiles, militares y privadas. Casi 500 funcionarios y exfuncionarios de esa área dieron su voto a favor de Biden, por lo que se prevé que, de ganar, regresarían los viejos cuadros de seguridad que nada han dado de resultados eficaces. Lo interesante es que en esa carta de apoyo a Biden estaban firmando juntos, funcionarios de gobiernos demócratas y republicanos, aunque de éstos sólo los que fueron maltratados por Trump y acusados de ineficaces, burócratas y sobre todo chismosos. La mayor parte estuvo en los gobiernos de Bush Jr. y de Obama.