Cincuenta sombras del informe educativo michoacano

Un informe de gobierno es, por definición, un ejercicio de autoelogio. Pero también es un documento público que es obligado presentar, el cual puede y debe ser leído con lupa por todos. Al hacerlo con el Quinto Informe de Gobierno de Michoacán en materia educativa, lo que aparece no es un solo error ni una distracción aislada, sino un patrón: cifras que se contradicen entre la tabla y el texto, datos que sencillamente no pueden ser ciertos, programas que se celebran sin decir a cuántos alcanzan y una narrativa de transformación que choca de frente con la aritmética elemental. Aquí se presentan cincuenta inconsistencias, recordando que, detrás de cada número hay un niño, un maestro o una escuela.

Comencemos por la que ningún lema logra disimular. El Informe presume más de novecientos cinco mil alumnos en educación básica, y apenas ciento setenta y seis mil en media superior. Entre un nivel y otro se esfuman más de setecientos veintiocho mil estudiantes. Nadie los menciona, nadie explica dónde quedaron, y el documento prefiere hablar de una cobertura que transforma. Una evaporación matricular de esa magnitud no es una estadística incómoda, es la verdadera noticia educativa del estado. Su ausencia en el relato oficial dice mucho más que cualquier cifra presumida. Si un sistema no sabe, o no quiere decir, cuántos de sus alumnos pierde en el camino, difícilmente puede corregirlo.

Después vienen los números que no cuadran ni siquiera consigo mismos. El anexo estadístico registra apenas cuatrocientos seis docentes para toda la educación superior, frente a más de ciento cuarenta y cuatro mil alumnos, lo que arrojaría una relación de trescientos cincuenta y cinco estudiantes por profesor. Es imposible, y por lo tanto es un error. En el mismo tono, el cuadro de becas Benito Juárez contabiliza ciento treinta y dos mil becarios en media superior, mientras el texto habla de más de ciento treinta y tres mil, una diferencia de mil doscientos sesenta personas y de sus recursos. Con el apoyo para uniformes y útiles ocurre algo parecido: la tabla marca poco más de trescientos cinco mil beneficiarios y la redacción celebra más de trescientos catorce mil. Casi nueve mil apoyos de diferencia no son un redondeo, son una pregunta sin responder. Quien integra un informe de gobierno debe poder conciliar su tabla con su propio párrafo, cuando no lo hace, la credibilidad del conjunto se resiente.

La segunda gran familia de problemas tiene que ver con las prioridades del gasto, y aquí las comparaciones resultan elocuentes. La inversión multianual en distribuidores viales, teleféricos y carreteras supera los once mil quinientos millones de pesos, y la conservación de tramos carreteros absorbe otros dos mil setecientos millones. Frente a eso, la inversión acumulada en infraestructura de educación básica, que atiende a más de novecientos mil alumnos, fue de apenas cuatrocientos noventa y nueve millones para doscientas catorce obras. Ese número, además, se vuelve más pequeño cuando se le pone al lado del universo real: el estado tiene once mil trescientos cuarenta y cuatro escuelas básicas; mientras que, las obras reportadas alcanzan a menos del dos por ciento. El noventa y ocho por ciento restante no recibió nada en el periodo. Mientras tanto, la inversión en educación superior, de cuatrocientos sesenta y dos millones, se concentró en dieciocho municipios y dejó sin un solo peso de inversión física universitaria a noventa y cinco. El mapa del gasto no es un mapa de necesidades, y eso debería preocupar a quien gobierna.

Hay también una rimbombante disonancia cognitiva prevalente en todo lo que se “regala” y lo que se construye. Los tenis del programa Jalo a Estudiar costaron 101 millones de pesos para doscientos mil alumnos, mientras que todo el Plan Michoacán destinó apenas ciento noventa y nueve millones a infraestructura de media superior,  para solo dos planteles. Nadie niega que un par de zapatos ayude a una familia, pero llamarlo estrategia de permanencia escolar sin evaluación de impacto es pedir un acto de fe. Lo mismo ocurre con los seis millones de pesos gastados en cuatrocientos sesenta y cinco equipos de cómputo administrativo para oficinas, en un estado donde miles de aulas carecen de tecnología para los alumnos. Un presupuesto es una declaración moral, la cual no favorece al salón de clases.

La tercera familia de hallazgos es la de los programas que existen, pero llegan a muy pocos. El programa de conectividad D4TA entregó setenta y cinco mil chips, menos del veintitrés por ciento de los más de trescientos veinte mil estudiantes de media superior y superior, y aun así se propone elevarlo a rango constitucional. Además, repartir tarjetas con datos en comunidades rurales que no tienen antenas de telefonía es un ejercicio de buena voluntad con poco efecto práctico, ni qué decir del despropósito que implica entregar redes sociales ilimitadas sin ciberseguridad a menores de edad.  Ver Bien para Aprender Mejor realizó treinta y siete mil valoraciones y entregó apenas seis mil novecientos pares de lentes, de modo que más del ochenta por ciento de los niños diagnosticados se quedó sin anteojos. ¿Solo 1 de cada 5 los necesitarían? La Red de Asesoría para la Excelencia Educativa atendió a veintisiete mil alumnos, menos del tres por ciento de la matrícula básica. Las Escuelas de Tiempo Completo atienden a poco más de cincuenta y un mil estudiantes y dejan fuera a treinta y siete municipios. La Educación Inicial atiende a menos de tres mil niños en diecinueve municipios. Y el programa de inteligencia artificial alcanzó a doce mil estudiantes, el 3.7 por ciento del universo. ¿Son privilegiados o el 96?3 restante son marginados? Son programas con buenos nombres y alcances escasos; hacer pasar la intención por el resultado es el vicio más antiguo de los informes.

A esto se suma una lista de opacidades que, por separadas, parecen menores y juntas pintan un cuadro. El Informe cita la entrega de cuarenta y seis mil libros en el periodo y un acumulado de cuatrocientos cincuenta mil en la administración, sin transparentar las actas de los cuatrocientos cuatro mil anteriores. Menciona la reasignación de novecientas diez claves de personal de apoyo sin decir con qué criterios ni en qué adscripciones. Anuncia el concurso de oposición de la Universidad Pedagógica Nacional tras once años sin decir cuántas plazas se concursan, ni si hubo un comité de transparencia ciudadano. Presume mil ochenta ingresos a normales por CENEVAL sin hablar de quienes quedaron fuera. Informa de dos mil quinientos cuarenta y un alumnos atendidos en hospitales sin precisar la partida presupuestal. Cita dieciséis planteles Margarita Maza sin decir dónde están ni cuánto costaron, y no explica qué porcentaje de los quinientos tres millones del FAEISPUM llegó a las escuelas, ni si los municipios que reciben apoyos son elegidos bajo criterios de rentabilidad electoral o de manera democrática. Donde falta el dato, sobra la sospecha: la transparencia nunca debe ser entendida como un favor que el gobierno concede, sino como una obligación constitucional que debe cumplir.

Quizá lo más revelador sea lo que el Informe simplemente no dice. No hay tasas de reprobación, ni de abandono escolar por grado, ni de eficiencia terminal. No hay métricas de educación indígena bilingüe, ni cifras de atención en los centros de atención múltiple, ni supervisión visible de las escuelas privadas que concentran el quince por ciento de los alumnos. No hay resultados de aprendizaje que acompañen el aumento del 231 por ciento en capacitación docente. Se presumen 119 quincenas pagadas puntualmente, como si cumplir una obligación legal fuera un logro histórico y además, educador. Y también, se afirman cuatro ciclos escolares sin interrupciones mientras los paros y las protestas parciales cuentan otra historia, 120 menores de edad asesinados durante el Ciclo Escolar 2024-2025 y 220 durante el Ciclo Escolar 2025-2026, de entrada, exclaman que cuando matan a los alumnos, jamás se podrá hablar de un ciclo escolar completo. Por si fuera poco, se mezclan además obras ejecutadas con proyectos programados hasta el año próximo. Un informe que mide insumos, pero no resultados solo relata.

La conclusión del documento afirma que “el sistema educativo es más justo e incluyente”. Es una frase cómoda, pero los datos que el propio V Informe ofrece la contradicen. Un sistema es incluyente cuando retiene, no cuando matricula sin rendir cuentas; mientras que, es justo cuando reparte la inversión según la necesidad y no según la obra más vistosa. La distancia entre la narrativa y los números es un matiz técnico, pero también es la medida de la deuda con los derechos educativos de las niñas, niños y jóvenes de Michoacán a estar, aprender y participar en las escuelas hasta alcanzar la mejor versión de sí mismos.

Este medio centenar de sombras en el informe impelen a realizar acciones concretas. Al Gobierno del Estado le corresponde corregir formalmente el anexo estadístico, publicar los padrones de beneficiarios con transparencia plena, integrar al Informe una matriz de indicadores de resultados que incluya reprobación, abandono escolar y eficiencia terminal y establecer un sistema de trazabilidad que siga a cada alumno a lo largo de su trayectoria, digamos, una cartilla escolar. Al Congreso local le toca ordenar una auditoría externa a las cifras educativas y revisar la proporción del gasto entre cemento y aulas, anexos de evidencias donde se compruebe documentalmente y en campo absolutamente todas las afirmaciones, erogaciones y cifras que se dan en el documento. A las organizaciones de la sociedad civil y a la prensa les corresponde seguir leyendo el informe con lupa y que verifiquen cada compromiso, porque la rendición de cuentas se construye con presión informada. A los padres de familia los invito a exigir en cada consejo escolar que se les informe qué obras, apoyos y recursos recibió su escuela. Y a cada ciudadano le propongo algo sencillo: que cuando escuche que la educación se transforma, pregunte cuántos niños dejaron de estar en la escuela para que esa frase fuera posible. Un informe que no resiste una revisión no es sino propaganda que encubre un rosario de promesas incumplidas y derechos de millones de michoacanos transgredidos. Los niños de Michoacán merecen cuentas claras de un gobierno educador.

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*Doctor en ciencias del desarrollo regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A.C.