Exige UMSNH frenar reforma rectoral; acusa injerencia del Ejecutivo

MORELIA, Mich., 2 de noviembre de 2026.- La rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, exigió retirar del orden del día del Congreso la reforma sobre la sucesión rectoral, acusó al Ejecutivo estatal de intervenir en las decisiones universitarias y solicitó la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en medio de una confrontación por el futuro gobierno de la institución.

En un mensaje difundido la noche de este lunes a través de redes sociales instituicionales, Ávila González anunció que el Consejo Universitario aprobó el Reglamento prara elegir a la próxima persona titular de la Rectoría y aseguró que su publicación en la Gaceta Universitaria marca su entrada en vigor.

El anuncio se produjo horas antes de que el Congreso discuta un dictamen aprobado por las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, que propone reciuperar por única ocasión la antigua Comisión de Rectoría y aplazar hasta 2031 el nuevo procedimiento de participación universitaria.

La Rectora atribuyó directamente al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla la intención de modificar el mecanismo de sucesión y sostuvo que existen intereses políticos detrás de la propuesta.

"Los tiempos de la Universidad son los tiempos de la Universidad, no los tiempos del Gobernador, ni los tiempos de los intereses políticos o de las coyunturas electorales", expresó.

Sin embargo, la aprobación del reglamento también enfrenta cuestionamientos internos. De acuerdo con información difundida sobre la sesión virtual del Consejo Universitario, algunos consejeros denunciaron que no recibieron previamwnte el documento definitivo para su revisión y señalaron restricciones para intervenir durante la discusión. Estas inconformidades no constituyen, por sí mismas, una determinación sobre la validez del acuerdo.

A ello se suma que el plazo de 190 días hábiles establecido en la reforma de 2025 para realizar las adecuaciones normativas venció en febrero pasado, sin que se hubiera aprobado el reglamento. También se han señalado retrasos en la integración de la Comisión Especial y la emisión de la convocatoria para la sucesión de enero de 2027.

Estos incumplimientos constituyen el argumento central de los promoventes de la modificación legislativa, quienes consideran necesario establecer un mecanismo transitorio para garantizar el relevo rectoral.

Ávila González, por su parte, defendió la actuación del Consejo Universitario y rechazó que el Congreso deba sustituir el procedimiento previsto en la legislación vigente. "Quitarle el voto a la comunidad universitaria es un cuartelazo con ropaje de ley", afirmó.

La Rectora también rechazó los señalamientos contra su administración incorporados en la exposición de motivos del dictamen y sostuvo que las acciones emprendidas contra su gestión constituyen violencia política en razón de género. "No he sido oída ni vencida ante tribunal alguno", manifestó.

Ante la eventual aprobación de la reforma, anunció que inició la ruta jurídica para promover juicios de amparo, solicitó retirar el punto número 11 de la sesión legislativa de este martes y pidió la intrervención de la presidenta Sheinbaum.

La controversia coloca frente a frente dos posiciones: la Rectoría sostiene que la autonomía universitaria exige respetar el procedimiento aprobado por sus órganos de gobierno, mientras que los promotores de la reforma argumentan que el incumplimiento de los plazos legales compromete la certeza de la sucesión. La decisión legislativa permanece pendiente de la votación del Pleno.

El proyecto de reforma rectoral enfrenta cuestionamientos jurídicos por su posible contradicción con el artículo 143 de la Constitución de Michoacán, que establece la elección democrática de la autoridad universitaria con participación de sus órganos de gobierno y de los sectores estudiantil, docente y administrativo.

Además, la UMSNH advierte que las 4 mil 301 firmas de respaldo a la iniciativa no necesariamente sustituyen la consulta previa a la comunidad universitaria exigida por la Ley General de Educación Superior.

Otra objeción apunta al carácter excepcional de la reforma, cuya aplicación se limitaría a la sucesión de 2027, lo que podría configurar una ley privativa.

También se cuestiona que el dictamen incorpore once señalamientos contra la administración de Ávila González sin resoluciones firmes que acrediten responsabilidades.

Estas observaciones constituyen posibles argumentos de impugnación, cuya procedencia y validez correspondería determinar a las autoridades jurisdiccionales.