Niega diputada retroceso democrático en elección rectoral de UMSNH

MORELIA, Mich., 2 de noviembre de 2026.- La diputada Eréndira Isauro Hernández, integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso de Michoacán, defendió el regreso al antiguo método de designación del rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) y aseguró que la reforma cuenta con pleno blindaje constitucional, pese a los cuestionamientos jurídicos sobre sus posibles efectos en la autonomía universitaria.

En entrevista con Quadratín, a pregunta expresa, la Legisladora de Morena, actualmente integrante de la bancada cuatroteísta denominada Representación Parlamentaria, rechazó que aplazar hasta 2031 el nuevo mecanismo de elección represente un retroceso democrático.

"No existe ningún retroceso ni se abroga la democratización de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo", sostuvo al responder a Quadratín Michoacán sobre el dictamen aprobado en comisiones, que permitiría a una instancia integrada mayoritariamente por exrectores designar al próximo titular de la institución para el periodo 2027-2031.

Como oportunamente informó Quadratín, las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales avalaron el retorno excepcional de la antigua Comisión de Rectoría, decisión que ha generado cuestionamientos por su posible contradicción con el artículo 143 de la Constitución estatal, que establece la elección democrática de la autoridad universitaria.

Isauro Hernández, representante popular del distrito 5 de Paracho, responsabilizó a la administración encabezada por Yarabí Ávila González de no haber concluido oportunamente la reglamentación del nuevo procedimiento, cuyo plazo legal, de 190 días hábiles, venció el 18 de febrero de 2026.

"Fue la propia autoridad universitaria quien, al dejar vencer hace siete meses el mandato del Artículo Cuarto Transitorio sin proponer ni aprobar en tiempo la normativa del proceso de elección, abrió un espacio de violación a esa autonomía", afirmó.

Esta postura contrasta con lo expresado anteriormente por la Rectora, quien ha sostenido que el reglamento ya estaba elaborado, pero debía discutirse en comisiones y someterse a la aprobación del Consejo Universitario, por tratarse de una decisión colegiada. También ha señalado que el procedimiento incorporaría medidas para impedir la intervención de actores externos en la elección.

Sobre la posibilidad de que la reforma sea impugnada por contravenir la Constitución local o la Ley General de Educación Superior, la diputada sostuvo que las 4 mil 301 firmas que acompañaron la iniciativa ciudadana acreditan el consentimiento previo, libre e informado de la comunidad universitaria.

"El dictamen cuenta con pleno blindaje constitucional y convencional", aseguró, y agregó que "el Congreso del Estado está jurídicamente preparado para sostener la validez del decreto ante cualquier instancia jurisdiccional".

Sin embargo, uno de los cuestionamientos jurídicos al proyecto radica precisamente en que las firmas de respaldo a una iniciativa no necesariamente equivalen a una consulta institucional a la comunidad universitaria y sus órganos de gobierno, como exige la legislación en materia de educación superior.

La legisladora también rechazó que exista una dedicatoria política contra Ávila González, pese a que el dictamen reproduce 11 señalamientos contra su administración, entre ellos presuntas irregularidades administrativas, conflictos laborales y tres solicitudes de juicio político todavía pendientes.

"No existe prejuzgamiento ni pérdida de imparcialidad por parte del Congreso del Estado, ni se trata de una ley con dedicatoria personal", respondió.

Argumentó que las imputaciones forman parte de la exposición de motivos de los ciudadanos promoventes y que su incorporación al documento legislativo no constituye una resolución sobre las responsabilidades de la rectora.

La reforma todavía deberá ser sometida a votación del Pleno del Congreso. De aprobarse, la sucesión rectoral de enero de 2027 quedaría nuevamente en manos de la antigua Comisión de Rectoría, mientras que el mecanismo democrático previsto en la Ley Orgánica de 2025 comenzaría a aplicarse hasta 2031.