Falta unificar criterios para definir delitos de corrupción: Fiscalía

MORELIA, Mich., 23 de noviembre de 2023.- El ombudperson michoacano, Marco Antonio Tinoco Álvarez y el Fiscal Estatal Anticorrupción, Alejandro Carrillo Ochoa, firmaron un convenio de colaboración a través del cual ambas instituciones se comprometen a promover la cultura de la legalidad, la integridad y el estado de derecho.

En comunicado de prensa se informó que al hacer uso de la palabra, Tinoco Álvarez dijo que el Derecho a la Buena Administración es un pilar fundamental de los derechos que rigen al Estado Mexicano y que ésta debe estar libre de cualquier acto de corrupción, de ahí la importancia de formar alianzas con instituciones que inciden en garantizar el respeto a los derechos fundamentales de la ciudadanía, como lo es la Fiscalía Anticorrupción, que se encarga, entre otras cosas, de vigilar la correcta aplicación de los recursos públicos.

Por su parte, el Fiscal Anticorrupción, dijo que el objetivo primordial de la dependencia a su cargo es garantizar el derecho humano al acceso a la justicia y combatir la corrupción.

Recordó que apenas hace 6 años se creó en nuestro país el Sistema Nacional Anticorrupción, pero que aún hace falta unificar criterios sobre cuáles son los delitos de corrupción, aspecto en el que se sigue trabajando cotidianamente.

Afirmó estar convencido de que, si se trabaja hombro con hombro con la sociedad civil organizada y con las diversas instituciones y órganos autónomos, se avanzará en el camino de lograr el objetivo de terminar con el flagelo de la corrupción.

Tanto la CEDH como la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, dependiente de la Fiscalía General del Estado, se comprometieron a capacitar a su personal en los temas respectivos, con el objetivo de brindar a las y los michoacanos un servicio de calidad que contribuya a generar un estado de paz.

Cabe resaltar que la Fiscalía Anticorrupción pone a disposición del público en general los buzones en línea, a fin de que realicen las denuncias de hechos de corrupción cometidos por servidores públicos.