Con un voto en contra y reproches a exgobiernos aprueban ley antideuda 

MORELIA, Mich., 12 de febrero de 2026.- Con 33 votos a favor, uno en contra y cero abstenciones, el Congreso de Michoacán aprobó la tarde de este jueves una reforma a la Constitución local para impedir que la deuda pública de largo plazo rebase el periodo de gobierno estatal; el debate se convirtió en un pulso político por la posible afectación a los ayuntamientos, al grado de obligar al Pleno a corregir vía reserva su propia redacción.

El dictamen, leído en segunda vuelta, adiciona dos últimos párrafos a la fracción 12 del artículo 44 de la Constitución estatal. En su núcleo, fija principios de responsabilidad hacendaria, sostenibilidad financiera y transparencia para la contratación de deuda, y plantea la prohibición de endeudamiento de largo plazo que exceda la duración de la administración estatal.

Desde la tribuna se colocó el costo de la deuda como argumento rector: se afirmó que en el ejercicio fiscal 2025 Michoacán devengó más de 6 mil 300 millones de pesos para cubrir obligaciones heredadas, dinero que, se dijo, no se tradujo en nuevas obras, servicios o programas, sino en intereses y amortizaciones.

También se citó que la deuda estatal registra una tasa de interés ponderada cercana a 10.7 por ciento y un plazo promedio de 16.6 años, presionando el presupuesto más allá del periodo constitucional de un gobierno.

En el balance histórico, se expuso que entre 1993 y 2024 la deuda creció 682.18 por ciento, mientras la economía estatal lo hizo 98.7 por ciento, para sostener que el endeudamiento de largo plazo no ha sido un cimiento efectivo de desarrollo.

El choque estalló cuando el diputado de MC, Toño Carreño, quien votó en contra, fijó postura en contra y acusó que, bajo el argumento de prudencia financiera, el dictamen acorta el horizonte del desarrollo público. La otra diputada del partido naranja, Grecia Aguilar, sí votó a favor del dictamen.

El señalamiento clave de Carreño fue de redacción y de planeación de gobierno: leyó el decreto y sostuvo que el texto arrastra a los ayuntamientos al mismo límite temporal de la administración estatal.

Lo anterior, advirtió, dejaría a municipios que inician a mitad del sexenio con tres años o menos para proyectos de largo aliento. Planteó además una “doble inconstitucionalidad” por el trato diferenciado frente a la federación y por el impacto desigual en gobiernos locales, incluso de oposición.

La tensión subió cuando el diputado Baltazar Gaona pidió a la Mesa releer el párrafo para aclarar si los municipios estaban incluidos. La Secretaría leyó:

“La contratación de deuda pública por parte del Poder Ejecutivo del Estado y de los Ayuntamientos deberá realizarse bajo los principios de responsabilidad hacendaria, sostenibilidad financiera y transparencia. Queda prohibida la contratación de deuda pública a largo plazo que exceda de la duración de la administración estatal”.

Tras la lectura, Baltazar Gaona sostuvo que el señalamiento en contra carecía de certeza y afirmó que la prohibición se refería únicamente a la administración estatal.

Pero el debate ya estaba abierto: el diputado Guillermo Valencia dijo coincidir con la crítica sobre la ambigüedad y anunció una reserva para precisar el texto, al señalar que muchos problemas legislativos se originan cuando se deja la redacción a interpretación.

Desde MC, Carreño sostuvo que su bancada no avala el mal uso de las finanzas públicas, pero cuestionó que prohibir sea la solución y pidió discutir controles sobre el destino de la deuda, no cancelar una herramienta de financiamiento que puede ser necesaria para construir patrimonio público.

Advirtió que la ley no se hace con intenciones, sino con lo que se vota, y remarcó que en el decreto se habla de deuda pública y la de los ayuntamientos también lo es.

En la defensa del dictamen, la diputada morenista Sandra Olimpia Garibay llamó a no aferrarse a la ampliación de la deuda como mecanismo recurrente y sostuvo que la reforma no limita de manera excesiva a los municipios, sino que fomenta responsabilidad y sostenibilidad presupuestaria. 

En el intercambio político también respondió a señalamientos sobre alcaldes y mencionó el caso de Alfonso “Poncho” Martínez, en el contexto del debate sobre endeudamiento municipal.

El diputado Juan Pablo Celis, por su parte, defendió la iniciativa bajo la narrativa de la disciplina financiera de la 4T y sostuvo que se puede gobernar sin endeudar. En su intervención aludió a administraciones pasadas, entre ellas la de Silvano Aureoles, para contrastar lo que calificó como un modelo de endeudamiento con la actual política de finanzas sanas.

Baltazar Gaona reforzó el argumento político con cifras: afirmó que Michoacán tiene una deuda aproximada de 23 mil millones de pesos y que una auditoría forense mandatada por el Congreso no esclareció en qué se gastó ese monto.

Añadió que del presupuesto anual se destinan 3 mil millones de pesos únicamente al servicio de la deuda. En su discurso, planteó que ese dinero podría ir a obra, programas sociales, medicamentos o seguridad, pero termina en pagos a bancos.

Insistió en que la reforma alinea a Michoacán con el marco constitucional federal y la Ley de Disciplina Financiera, reiteró los datos de 2025, la tasa cercana a 10.7 por ciento, el plazo promedio superior a 16 años y el contraste entre el crecimiento de la deuda y el de la economía estatal.

El diputado del PRD, Octavio Ocampo, negó que se vulnere la autonomía municipal y afirmó que el segundo párrafo se refiere a la administración estatal, aunque reconoció que el texto podía perfeccionarse para dar certeza.

Durante la discusión, la diputada Belinda Hurtado celebró la iniciativa del Ejecutivo y sostuvo que representa un cambio sano en la forma de gobernar. Señaló que no se debe gastar más allá del periodo que corresponde y adelantó que, en lo particular, preparará una iniciativa para que también en los ayuntamientos se prohíba contratar deuda que no puedan pagar dentro de su propio ejercicio, a fin de evitar que se hereden compromisos financieros.

Al llegar la votación nominal, se aprobó en lo general, pero con reservas. La diputada Fabiola Alanís anunció la reserva al segundo párrafo de la fracción 12 del artículo 44 a nombre de Morena, PT, PVEM y PRD, bajo el argumento de garantizar el funcionamiento adecuado de autoridades municipales. Memo Valencia informó que su reserva coincidía con la presentada.

El Pleno consensó la modificación y aprobó el ajuste: se mantuvo el párrafo de principios para Ejecutivo estatal y ayuntamientos, pero se precisó la prohibición solo para el gobierno estatal con la fórmula:

“En el caso del Poder Ejecutivo del Estado, queda prohibida la contratación de deuda pública de largo plazo que exceda la duración de la administración en curso”, cerrando la interpretación que incluía a los municipios en el candado.

Con ese giro, el Congreso sacó adelante la bandera de “no más deuda” para el Ejecutivo estatal, pero dejó exhibido en el debate que una frase podía convertir una reforma de disciplina financiera en un conflicto por autonomía y margen de maniobra municipal.