¿Vamos a una narco elección?

La elección del 6 de junio del 2027 pinta para ser una de las más explosivas para la paz social del país. La causa no solo radica en el estado de chatarra al que ha sido convertido el INE, la corrupción de sus gerentes, la pérdida de su autonomía y el modelo autocrático que hoy representa y que obstaculizará la misión de ser un medio para dar legitimidad a los resultados.

El factor de mayor riesgo radica en el activismo omnipresente del crimen organizado que tiene el control territorial, económico y político de una gran parte del territorio nacional. El poder criminal no es nuevo y ha estado presente de manera progresiva en elecciones previas como lo han documentado investigaciones periodísticas y académicas. 

Lo nuevo es que el empoderamiento criminal se ha expandido a pesar de la estrategia de podas ocasionales y meramente propagandísticas que el oficialismo realiza para fortalecer la narrativa de “aquí no pasa nada”. La injerencia criminal en los procesos electorales ha evolucionado de manera progresiva en la medida en que el poder político ha sido omiso.

En Michoacán, según estudios de inteligencia, el 25 % de los presidentes municipales están vinculados con organizaciones criminales y lo mismo ocurre con al menos dos diputados locales. Lo que viene podría elevar la pesadilla. En los 113 municipios del estado tienen presencia criminal 17 grupos y todos ellos buscarán tener influencia electoral. Nadie puede ser ingenuo y pensar que se cruzarán de brazos durante el proceso.

Han sido financiadores, ya ni tan discretos, de campañas; han pasado a ser operadores en distritos y casillas hasta llegar a lo actual: seleccionar candidatos, imponerlos, hacerlos sus títeres y dirigir los asuntos públicos en municipios, distritos y hasta en gubernaturas.

La intervención criminal durante los procesos del 21 y el 24 quedó registrada como escalón previo al horizonte previsible del 27. Y así podrá ocurrir por las razones siguientes: 1. Tenemos un desvanecimiento creciente del estado de derecho y una chatarrización del sistema electoral; 2. La corrupción sigue imperando en las instituciones, debilitándolas ante el crimen; 3. La Estrategia Nacional de Seguridad está diseñada para administrar mecanismos secundarios de contención del crimen no para derrotarlo, erradicarlo y expulsarlo de los territorios; 4. Las organizaciones criminales no retroceden con los rasguños que el gobierno les hace, ahora están empeñados en proteger su futuro existencial desde el control político; 5. La acciones preventivas son insuficientes y declarativas, las puertas de acceso a las candidaturas no se regulan por trabajos actuales y profundos de investigación sobre el potencial de riesgo de cada aspirante, el crimen sabe que las puertas siguen abiertas; 6. Conforme a los tiempos electorales ya no hay tiempo para promover leyes más exigentes ni siquiera para poner en pie al INE mucho menos para amarrarle las manos a los criminales.

La elección del 27 se dará en un contexto peor que el existente el 6 de julio de 1988. En aquel año la Comisión Federal Electoral, dependiente del ejecutivo, como ahora, y en manos Manuel Bartlet, otorgó con la caída del sistema, la elección a Salinas de Gortari y estuvo a punto de precipitar al país al caos. De aquella experiencia, gracias a la madurez cívica y de las oposiciones, se caminó a la autonomía del órgano electoral que permitió la construcción de consensos político-sociales que legitimaban la elección. Ese capital social ya no existe más. Al poder en turno no le interesan los consensos porque asumen que ellos son el consenso. La legitimidad la han hecho depender de un modelo autocrático que está perdiendo credibilidad a pasos agigantados.

El ingrediente contemporáneo lo agregan las organizaciones criminales que influyen y en su caso intervienen en la mayoría de los partidos políticos, de manera principal en el partido oficial a través del cual pueden obtener una mayor rentabilidad para lograr la gobernanza en los territorios que les interesan. De facto al crimen se le ha concedido el papel de legitimador electoral.

La operación narco electoral que ya está en marcha tiene una característica singular: los operadores no son ajenos al ámbito de la clase política. No será común ver narco empistolados negociar con civiles, se verá en cambio a narco políticos que desde la última elección fueron incrustados en las esferas gubernamentales haciendo el trabajo desde adentro. Es decir, se verá a presidentes municipales, diputados y hasta gobernadores alineando los intereses del narco con los del partido huésped.

La permisibilidad de la intervención electoral del narco, que hasta ahora se ha tolerado, no dota a México de ninguna fortaleza, todo lo contrario, lo coloca en los peligrosos terrenos de la ingobernabilidad. Los costos de un proceso así ya los conocemos: incremento de la parasitación de la economía a través de la extorsión de grandes y pequeñas empresas; desplazamiento de poblaciones por la disputa de riquezas mineras, madereras, resinas, ganadería; asesinatos y desapariciones bajo “operativos de limpieza” para justificar la presencia delincuencial; incremento de la venta de drogas a jovencitos y reclutamiento forzado; captura de las finanzas de los gobiernos imponiendo cuotas mensuales o succionando el presupuesto a través de empresas fachada; imposición de gobernanzas de facto que suponen el control criminal sobre la propiedad, el comercio y hasta las disputas familiares; la defensa forzada por civiles de los bastiones urbanos y rurales del crimen que supone enfrentamientos contra las fuerzas gubernamentales.

El modelo de gobernanza que se deriva del fortalecimiento electoral del narco solo conduce a la tragedia de los civiles y al hundimiento de México. Los políticos que hoy se prestan a esa operación no merecen consideraciones ni políticas ni legales, son criminales y traidores a quienes se le debe aplicar el artículo 139 del Código Penal Federal por impulsar, proteger y beneficiarse de la actividad de grupos narcoterroristas. Su lugar no está en las presidencias municipales, en las cámaras o en las gubernaturas, su lugar está en la cárcel. Esos sí son traidores a México. 

Desde el propio gobierno se sabe que ya no hay tiempo para corregir. Montados en la narrativa de la superioridad moral, de que son dueños de la verdad y por lo tanto infalibles, han dejado pasar los tiempos para limpiar la casa y poner orden en los competidores. Pagaremos un alto precio por ello, desdeñar la realidad nunca ha sido una buena idea.