Migración y política interna: el peso de los michoacanos en EU

Michoacán no puede entenderse sin su historia migrante. Desde hace décadas, miles de familias del estado han construido una vida dividida entre sus comunidades de origen y las ciudades de Estados Unidos donde trabajan, viven y mantienen vínculos económicos, familiares y políticos con México. Esa relación binacional no es un fenómeno secundario: forma parte de la estructura social, económica y política del estado.

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, Michoacán cuenta con cerca de 4.7 millones de habitantes; sin embargo, su realidad social rebasa sus fronteras geográficas. Una parte importante de las familias michoacanas tiene al menos un integrante viviendo en Estados Unidos, particularmente en entidades como California, Illinois y Texas. La migración ha sido, al mismo tiempo, una estrategia de supervivencia y una respuesta a la falta de oportunidades, la desigualdad territorial y el rezago económico.

El dato más visible de esta relación son las remesas. Durante los últimos años, Michoacán se ha mantenido entre las entidades que más recursos reciben del exterior, con montos anuales superiores a los cinco mil millones de dólares. Estos recursos sostienen hogares, financian educación, salud, vivienda y pequeños negocios, y en numerosos municipios funcionan como un mecanismo que amortigua la pobreza y compensa la insuficiencia de oportunidades económicas locales.

Sin embargo, reducir la migración a una dimensión económica sería un error. Los migrantes michoacanos también influyen en la vida social y política de sus comunidades. Participan en organizaciones, financian proyectos comunitarios y mantienen una presencia permanente en las decisiones familiares y colectivas. En muchos municipios, la voz del migrante tiene un peso real en la percepción y evaluación de los gobiernos.

Ahí surge una contradicción evidente: los migrantes sostienen una parte importante de la economía michoacana, pero su representación política sigue siendo limitada. A pesar de los avances en materia de voto desde el extranjero, persisten obstáculos relacionados con trámites, desinformación, desconfianza y una percepción recurrente de que la clase política busca a los migrantes principalmente durante los procesos electorales.

La propia estructura institucional refleja esa contradicción. Michoacán cuenta con una Secretaría del Migrante, pero las limitaciones presupuestales y operativas que históricamente ha enfrentado han reducido significativamente su capacidad de acción. La existencia de una institución con recursos insuficientes para atender una de las principales realidades sociales del estado evidencia la distancia entre el reconocimiento discursivo y la prioridad gubernamental efectiva.

Precisamente por el peso económico, social y cultural de la migración, resulta pertinente abrir el debate sobre nuevos mecanismos de representación política. Iniciativas como la creación de diputaciones migrantes y regidurías migrantes dentro del sistema electoral michoacano podrían constituir un avance relevante en el reconocimiento de millones de michoacanas y michoacanos que, aun residiendo fuera del país, mantienen vínculos permanentes con sus comunidades de origen. Quienes sostienen una parte significativa de la economía estatal también deberían contar con mecanismos efectivos de representación e incidencia pública.

La política interna de Michoacán debe asumir con mayor seriedad esta realidad. Las familias separadas por la migración enfrentan desafíos que no se resuelven con discursos: adultos mayores que dependen de remesas, niñas y niños que crecen con la ausencia de alguno de sus padres, personas retornadas sin redes de apoyo y jóvenes que continúan viendo la migración como su principal proyecto de vida.

La migración también influye en la manera de votar, opinar y entender la política. Las conversaciones familiares cruzan fronteras y terminan impactando las decisiones públicas. Por ello, quien gobierna Michoacán gobierna, en los hechos, para una sociedad binacional.

El desafío consiste en pasar del reconocimiento simbólico a la construcción de políticas públicas e instituciones capaces de responder a esta realidad. Porque Michoacán no termina en sus límites geográficos: también vive en cada familia separada por la migración, en cada remesa que sostiene un hogar y en cada migrante que, desde la distancia, continúa formando parte del presente y del futuro del estado.