Matar o salvar al INE

La crisis del Instituto Nacional Electoral es de enormes proporciones y grandes repercusiones para la vida nacional. Quedó demostrado que la institución electoral padece hasta el tuétano el cáncer de la corrupción y adolece de algo indispensable para su actuación: falta de confianza y de credibilidad ciudadana.

La concentración excesiva de facultades dotó a la sonorense Guadalupe Taddei de un poder discrecional sin límites que la llevó a actuar como si fuera la dueña del instituto, gracias a las reformas legales que Sheinbaum impulsó y Morena y aliados aprobaron.

Derivado de ello, hoy el INE atraviesa el peor momento de su historia y puede morir porque, aprovechando el descrédito, decidan desaparecerlo desde el gobierno, aunque al perder su autonomía e independencia desde hace tiempo, ya casi agoniza. Puede salvarse sólo si se rescatan los principios básicos para actuar con imparcialidad y dar la necesaria certeza al proceso electoral.

Como bien lo han señalado múltiples analistas y dirigentes políticos opositores, la renuncia de la corrupta Taddei no es, por sí sola, la solución a este grave problema. El asunto es ya sistémico y la hasta hace unas horas consejera presidenta es sólo una pieza prescindible para el régimen que difícilmente se contendrá en sus afanes por continuar capturando a las instituciones electorales.

Por una parte se requiere la investigación a fondo de la Auditoria Superior de la Federación, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República, para deslindar y fincar las responsabilidades correspondientes, incluyendo a todos los funcionarios que han sido señalados públicamente como pertenecientes a esa red de corrupción, empezando por separarlos del cargo.

Y, por el otro, es imprescindible que la oposición en su conjunto, partidos y sociedad civil, exijan que ante esta situación, el INE recupere su papel como árbitro imparcial. Debiera empezarse por plantear que al frente del instituto, ni provisional ni definitivamente, quede alguien identificado con Morena o sus aliados; y que, por lo tanto, estas designaciones sean producto del más amplio  consenso entre las fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados y ante el INE.

No se debiera permitir que dichos nombramientos sean producto de la imposición autoritaria de quienes ostentan la mayoría. Porque la crisis puede profundizarse y poner en un riesgo aún mayor el proceso electoral en curso.

Junto con lo anterior, es necesario que se regrese a la colegialidad en la toma de las decisiones de las y los integrantes del Consejo General del INE. Ya estamos viendo cómo la concentración de funciones en manos de la presidencia del organismo sirvió para propiciar la corrupción, la opacidad, la discrecionalidad y la no rendición de cuentas.

Reconozco que el obradorismo puede caer en la tentación de querer aprovechar esta crisis para desaparecer al INE y regresar al viejo esquema del control gubernamental de los procesos electorales; recordemos que desde el sexenio de López Obrador se han empeñado en tratar de mermar la autonomía del instituto. ¡Sería terrible que acabaran de consumar su transfiguración!