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Claudia Sheinbaum ha anunciado que ya en septiembre próximo enviará al Legislativo su iniciativa de reforma electoral. Destacan como contenidos principales: la reducción o eliminación de la figura de representación proporcional en las Cámaras de Diputados y Senadores, en los congresos locales y en los municipios; un drástico recorte al financionamiento público de los partidos políticos y una modificación sustantiva al INE y a los órganos locales electorales.
Dos son los argumentos torales que sustentan esta propuesta: reducir el costo de las Cámaras y el de las elecciones, así como que quienes lleguen a los congresos “representen directamente a los ciudadanos con candidaturas que hacen campañas en los territorios y no a las burocracias partidarias".
A pesar de que en el 2024 Morena y sus aliados lograron el 55% de los votos, en tanto que la oposición en su conjunto obtuvo el 45% de los sufragios, el contenido de esa pretendí reforma presidencialista no ha sido discutida ni consensuada con todos los partidos. Como si la oposición no existiera.
Bien lo ha señalado el Instituto de Estudios para la Transición Democrática (IETD), si bien todas las reformas legales y constitucionales debieran darse con el concurso de la pluralidad de nuestro país (cosa que no ha sucedido durante los últimos 7 años de hegemonía morenista), especialmente la reforma electoral debiera contar con la participación y el consenso de todos los actores políticos, en tanto que ellos son los directamente interesados en que las reglas del juego sean absolutamente imparciales para que haya una cancha del juego pareja, sin ventajas para nadie.
Por eso las grandes reformas electorales que, como la de 1996 (hace ya casi 30 años), modificaron el régimen político y abrieron definitivamente el camino de la transición de un régimen cerrado a uno más plural, han resultado de los acuerdos entre las diferentes fuerzas políticas nacionales especialmente de la izquierda democrática, más no de la imposición de los gobiernos. Pero lo más probable es que en esta ocasión podría no ser así, ya que el propósito de esta iniciativa no es una mayor apertura ni la democratización de la vida nacional, sino terminar de hacerse por parte de la coalición gobernante con el control político de los procesos electorales y martillar el último clavo al ataúd de la República.
Es una paradoja, que nos persigue como maldición, que cada uno de los presidentes del 2000 hasta nuestros días al llegar al poder, sin violencia, gracias a las reglas de la alternancia democrática, hayan querido cerrar la llave de la pluralidad, tratando de reducir el papel de la representación proporcional (la vía plurinominal) con el fin de lograr una sobrerrepresentación y mantener indefinidamente a su fuerza política en el poder. Así lo pretendieron hacer Fox, Calderón, Peña, AMLO y ahora lo intenta Sheinbaum.
Han querido ignorar que cuando fueron opositores se beneficiaron de esas figuras de representación política, con las que se fueron fortaleciendo hasta ganar elecciones. López Obrador borró ese pedazo fundamental de la historia y sacó adelante sus proyectos bajo el argumento del aniquilamiento del neoliberalismo para construir y afianzar un nuevo régimen político autoritario. Ahora Sheinbaum quiere concluir esa obra de contenido y forma dictatoriales.
No niego que los procesos electorales de las ultimas tienen un costo significativo, aunque muy pequeño dentro de lo que es el presupuesto nacional. Pero ha sido y es el costo de nuestra democracia y de la estabilidad política. La representación proporcional fue una vía sustantiva para serenar al convulso país que en los años ’70 del siglo pasado era sacudido por las guerrillas y los reclamos opositores; y así las exigencias opositoras tuvieron cauces institucionales y legales para expresarse; y México se pacificó.
En todo caso, ¿qué es más costoso para un país? ¿La cerrazón autoritaria que es fuente potencial de violencia o la pluralidad política que gracias a la democracia propicia la estabilidad ?
No debemos pues olvidarnos de nuestra historia reciente. Por eso tiene razón el IETD al plantear la necesidad de ampliar los esquemas de la representación proporcional para acercar lo más posible el principio democrático de que el porcentaje de votos de cada fuerza política se corresponda con su porcentaje en las cámaras, entre otros valiosos preceptos que sugiere.
Tampoco debemos ignorar que en cuanto Azucena Uresti dio a conocer hace unos días en su noticiero el comunicado de este Instituto, el morenismo invadió las redes sociales, con su avasallante aparato descalificador, dando por hecho que esa reforma electoral presidencialista será realidad. Hay que hacer todos los esfuerzos que sean necesarios para que eso no suceda.