A proceso, hombre acusado de conducir una motoneta robada en Jacona
MORELIA, Mich., 2 de noviembre de 2026. - A un año del magnicidio de Carlos Manzo, el comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas, Víctor Manuel Serrato Lozano, declaró en entrevista para el medio de comunicación Informativo Legal, que ninguno de los 34 detenidos por el homicidio de Carlos Manzo esté vinculado a proceso por el delito de delincuencia organizada, pese a que las autoridades han relacionado el crimen con la estructura criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación en Uruapan.
Serrato Lozano pidió que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga la investigación para identificar a quienes ordenaron el asesinato y a los autores intelectuales, declaró en entrevista al periodista Francisco Flores para ese medio de Uruapan.
El comisionado consideró que la Fiscalía debe realizar el desglose correspondiente y remitir a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) las actuaciones que permitan investigar ese delito.
"¿Cómo es posible que se hable de delincuencia organizada y que nadie esté vinculado hasta este momento por ese delito?", cuestionó.
Explicó que hay por comisión por omisión, portación de arma de fuego, homicidio y delitos contra la salud, pero no delincuencia organizada.
El funcionario señaló que existen dudas sobre la forma en que el Ministerio Público ha integrado la investigación y sostuvo que no basta con procesar a quienes presuntamente participaron en la ejecución del homicidio, sino que es necesario esclarecer quiénes dieron las órdenes y cuál era la cadena de mando detrás del crimen, no para satisfacer personalmente a alguna de las víctimas, sino a Uruapan.
"Puede haber muchas personas que pertenecen a la delincuencia organizada y que están vinculadas a proceso por homicidio calificado. Pero a la Presidenta no le convence cómo se han llevado las investigaciones. Ella pide que no haya chivos expiatorios; sino dar con el autor o los autores de quienes ordenaron a Jorge Armando N; saber quién o quiénes son sus jefes", expresó.
Otro de los puntos que abordó fue la posible responsabilidad penal de los escoltas de Carlos Manzo. Al respecto, sostuvo que la falta de capacidad para impedir el asesinato no demuestra, por sí misma, que hayan participado en su planeación o ejecución.
Explicó que para acreditar una responsabilidad por comisión por omisión deben existir elementos que demuestren una conducta jurídicamente relevante, más allá del hecho de que no hayan logrado proteger a la víctima.
Como referencia mencionó los asesinatos de Hipólito Mora y Bernardo Bravo, cuyos escoltas tampoco lograron impedir los ataques.
"Si demuestras que algún escolta tuvo una acción para lesionar o atentar contra la vida de Carlos Manzo, o participó en la organización, es distinto. Pero si fue porque no lograron impedir que lo mataran, ¿cuántos casos no tenemos?", señaló.
Añadió que, de acuerdo con la información que conoce, el homicidio fue orquestado por adolescentes y por Ramiro N., quien después fue localizado sin vida junto con Fernando Josué, en la carretera Uruapan-Paracho.
"Los que algo sabían ya están muertos", expresó.
Cuestiona detención de familiar por encubrimiento
Sobre la detención de la secretaria de Bienestar, Risa Vargas Rauda, a quien se atribuyó el delito de encubrimiento, Serrato Lozano cuestionó que la autoridad judicial no tomara en cuenta el parentesco que, según su declaración, tenía con una de las personas involucradas en el caso.
El comisionado sostuvo que el artículo 361 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) establece el derecho de determinadas personas a abstenerse de declarar contra un imputado, entre ellas sus familiares por consanguinidad en línea recta ascendente o descendente hasta el cuarto grado y en línea colateral hasta el segundo grado.
La disposición también contempla al cónyuge, concubina o concubinario, conviviente, tutor, curador, pupilo y a quien haya vivido de forma permanente con el imputado durante al menos dos años anteriores al hecho.
El mismo artículo establece que las autoridades deben informar a esas personas sobre su facultad de abstenerse antes de recibir su declaración. Si aceptan rendir testimonio, ya no pueden negarse a responder las preguntas que se les formulen.
Serrato Lozano consideró que, si la funcionaria manifestó el parentesco y se encontraba dentro de los supuestos previstos por la ley, la autoridad judicial debió tomar en cuenta esa circunstancia.
"Cuando hay una excepción en la ley, donde ella no está obligada a declarar, pero la jueza procede, esto viene a contaminar más todo lo que está sucediendo en torno al caso. Desde nuestro punto de vista, como defensores de las víctimas, la jueza está incurriendo en una grave irregularidad", afirmó.
Sin referencias a actores políticos en la carpeta, sostiene
En otro punto, el comisionado aseguró que en los más de 13 tomos de la carpeta de investigación no existe algún párrafo que vincule directa o indirectamente a Raúl Morón, Leonel Godoy o Ignacio Campos con el homicidio de Carlos Manzo.
Por ello, consideró que el Ministerio Público debe explicar por qué fueron citados y precisar si existen elementos que justifiquen su relación con las investigaciones.
"En los más de 13 tomos que constan en la carpeta de investigación no hay ni un solo renglón que vincule directa o indirectamente a Raúl Morón, Leonel Godoy o Ignacio Campos. No hay un solo párrafo. Tendría que explicar el Ministerio Público que lleva la carpeta por qué los citó", manifestó.
Serrato también señaló que Grecia Quiroz no descarta la línea política y mantiene la exigencia de que la FGR atraiga el caso. De acuerdo con el comisionado, la presidenta municipal de Uruapan sostiene que debe esclarecerse quién estaba por encima de Jorge Armando N. y quién ordenó el asesinato junto con Ramiro N. y los adolescentes señalados por su participación.
"Si se descarta a quienes dicen que son, entonces, ¿quién es? No se trata de que quede satisfecha Grecia Quiroz, sino Uruapan", expresó.
Finalmente, el funcionario consideró que la relación sentimental entre Grecia Quiroz y Carlos Manzo pertenece a su vida privada y no debe formar parte de los cuestionamientos sobre el homicidio.




