Estrategia nacional de atención a menores dejó fuera más de 20 violencias

MORELIA, Mich., 24 de julio de 2026.- La Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia 2026-2030 redujo el diagnóstico sobre las violencias contra niñas, niños y adolescentes en las prácticas de crianza y la disciplina ejercida dentro del hogar, pero dejó fuera del análisis delitos y formas de violencia que afectan a este sector en otros ámbitos, como la violencia sexual, el reclutamiento por el crimen organizado, la desaparición, la explotación laboral, la trata, la pornografía infantil, la violencia escolar, la violencia digital, la violencia vicaria y otras expresiones que ocurren fuera del ámbito familiar.

El documento constituye la ruta que orientará la política pública dirigida a niñas, niños y adolescentes durante el periodo 2026-2030 y fue elaborado con la participación de dependencias e instituciones de los gobiernos federal y estatales. Su diagnóstico sirve de base para definir acciones, programas y estrategias de prevención, atención y protección de los derechos de este sector de la población.

En el apartado nombrado: Violencias, la estrategia retomó datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) Continua 2021-2023, que indican que 50.4 por ciento de las niñas y niños de 12 a 59 meses estuvo expuesto a algún método de disciplina violenta; 38.1 por ciento sufrió agresiones psicológicas, 36.8 por ciento castigo físico y 3.2 por ciento castigo físico severo. En contraste, 33.2 por ciento recibió únicamente métodos de disciplina no violentos.

Con base en estos datos, la estrategia concluyó que existe una prevalencia de patrones de crianza basados en la violencia y planteó fortalecer prácticas parentales positivas.

Sin embargo, el documento redujo el fenómeno de las violencias contra la infancia al entorno familiar, pese a que niñas, niños y adolescentes enfrentan una relación asimétrica de poder desde su nacimiento no solo con madres, padres o cuidadores, sino también con personas de su comunidad, docentes, instituciones públicas y grupos delictivos, estos últimos los más violentos y con particular interés en el sector.

Las cifras oficiales muestran un panorama más amplio. Hay al menos 22 formas de violencia claras cometidas contra los menores, desde sustracción de menores, ataques a su intimidad, golpes y más. 

La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) documentó que 1,304 niñas, niños y adolescentes de entre uno y 17 años fueron hospitalizados durante 2025 por abandono o negligencia, de acuerdo con registros de la Secretaría de Salud. La cifra representó un incremento de 628.5 por ciento respecto de 2010 y fue la segunda más alta desde que existe registro.

En materia de violencia sexual, datos difundidos por Unicef México señalan que ocho de cada diez agresiones sexuales contra niñas, niños y adolescentes fueron cometidas por familiares o personas cercanas. Además, entre enero y octubre de 2020 se registraron 3,581 egresos hospitalarios por violencia sexual, de los cuales 3,325 correspondieron a niñas y 256 a niños. También se estimó que alrededor de 23 mil adolescentes de entre 12 y 17 años sufrieron agresiones sexuales en 2014 en México, mientras que en 2020 nacieron 8,876 hijas e hijos de niñas menores de 14 años, embarazos asociados en muchos casos a violación sexual o matrimonios forzados.

El diagnóstico oficial tampoco incluyó delitos vinculados con la explotación de niñas, niños y adolescentes. 

Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), retomado por Redim, 492 menores de edad fueron víctimas del delito de tráfico de menores entre enero de 2015 y abril de 2025.

El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, en su Reporte Anual contra la Trata de Personas 2024-2025, reportó además que los casos relacionados con pornografía infantil aumentaron 86 por ciento durante el primer semestre de 2025, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

La violencia en los espacios escolares tampoco formó parte del análisis de la estrategia. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis) 2022, elaborada por el INEGI, 3.3 millones de estudiantes de entre 12 y 17 años reportaron haber sufrido acoso escolar durante los doce meses previos, equivalente al 28 por ciento de quienes asistían a la escuela.

Por su parte, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) Continua 2021 estimó que 30.7 mil niñas, niños y adolescentes de entre 10 y 17 años fueron víctimas de violencia física dentro de la escuela. Los registros hospitalarios de la Secretaría de Salud indican que en 2025 fueron atendidos 1,178 menores de edad por agresiones físicas ocurridas en centros escolares, la cifra más alta desde 2010.

En cuanto a la violencia ejercida dentro y fuera del entorno familiar, los Registros de Lesiones 2010-2025 de la Secretaría de Salud contabilizaron 31,578 niñas, niños y adolescentes atendidos en hospitales durante 2025 por violencia familiar o no familiar.

La estrategia tampoco incorporó la violencia letal. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informó que 1,627 personas de entre cero y 17 años fueron víctimas de homicidio entre enero y septiembre de 2025.

Otro de los fenómenos ausentes fue el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte del crimen organizado. El Informe Anual 2025 del Mecanismo Estratégico del Reclutamiento y Utilización de Niñas, Niños y Adolescentes por Grupos Delictivos y la Delincuencia Organizada en Zonas de Alta Incidencia Delictiva en México documentó cientos de víctimas identificadas por este fenómeno, una violencia que organismos nacionales e internacionales consideran en crecimiento. El estimado es de 176 mil 432 víctimas en todo el país.

A ello se suma la crisis de desapariciones. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reportó que hasta agosto de 2025 había 18,192 niñas, niños y adolescentes desaparecidos en México y advirtió que una parte importante de estos casos guarda relación con el reclutamiento forzado por organizaciones criminales.

El documento tampoco desarrolló problemáticas como la violencia digital, la violencia vicaria que impacta a hijas e hijos, la explotación laboral infantil, la trata de personas, la mendicidad forzada, los delitos sexuales cometidos por integrantes de la delincuencia organizada ni otras formas de violencia institucional y comunitaria.

Aunque la estrategia plantea fortalecer la crianza positiva durante los primeros años de vida, el diagnóstico dejó fuera un conjunto de violencias reconocidas por la legislación mexicana y documentadas por instituciones públicas y organismos especializados, que afectan a niñas, niños y adolescentes en espacios distintos al hogar y que forman parte de los principales riesgos para este sector de la población.