Resultados de Carlos Torres Piña al frente de la Fiscalía de Michoacán

MORELIA, Mich., 10 de agosto de 2026.- En seguridad, el cambio de ritmo rara vez ocurre por una sola decisión. Suele comenzar cuando las instituciones vuelven a confiar entre sí, comparten información sensible y pueden planear operativos sin temor a que los objetivos sean alertados antes de tiempo. Esa es, justamente, una de las ideas que Carlos Torres Piña ha repetido al explicar su paso por la Fiscalía: Michoacán logró colocarse entre las pocas entidades donde la Fiscalía estatal pudo coordinar operativos directamente con la Sedena y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana porque se cerraron espacios a la fuga de información.

En comunicado de prensa, ese punto permite entender mejor lo que ocurrió durante su gestión. Torres Piña no planteó la seguridad únicamente como un problema de fuerza, sino también de confianza institucional. La Federación puede aportar inteligencia, capacidades operativas, elementos militares y objetivos prioritarios, pero difícilmente comparte información delicada con una institución local si existen dudas sobre quién tendrá acceso a ella. Por eso, antes de hablar de grandes operativos, hubo movimientos internos, revisión de mandos y fortalecimiento de las áreas de investigación de la Fiscalía.

Ahí puede ubicarse el primer componente de su método. En regiones particularmente complejas como Uruapan y Zamora se realizaron más de 400 movimientos de personal y se reforzaron las capacidades con 43 agentes de investigación y 25 peritos. La lectura que puede hacerse de esas decisiones es que Torres Piña buscó cambiar no solamente la estructura administrativa, sino las condiciones bajo las cuales circulaba la información dentro de la institución. Si el propósito era construir una relación operativa de mayor confianza con las fuerzas federales, controlar quién conocía las investigaciones y quién participaba en ellas era un paso indispensable.

El segundo elemento fue la coordinación. Torres Piña comenzó a participar de manera sistemática en el Gabinete de Seguridad y a trabajar con el equipo encabezado por Omar García Harfuch, así como con la Sedena, Marina y Guardia Nacional. No se trataba simplemente de que las instituciones coincidieran en una mesa: el cambio relevante fue que comenzaron a desarrollar investigaciones y operativos conjuntos con información compartida. Esa diferencia parece administrativa, pero en materia de seguridad puede determinar si un objetivo es detenido o consigue escapar antes de que las fuerzas lleguen.

Los resultados permiten observar ese cambio de ritmo. Entre julio de 2024 y mayo de 2025 se cumplimentaron 212 mandamientos judiciales sin detenido previamente; entre julio de 2025 y mayo de 2026, ya durante la gestión de Torres Piña, fueron 477. El aumento, cercano al 125 por ciento, muestra una mayor capacidad para investigar, localizar objetivos y ejecutar órdenes judiciales. No todas esas detenciones pueden atribuirse a la coordinación federal, pero el crecimiento coincide con una Fiscalía que comenzó a integrarse con mayor intensidad a los mecanismos nacionales de inteligencia y seguridad.
Algo similar ocurrió con los objetivos de alto impacto. Durante ese periodo se reportaron 85 carpetas que derivaron en 154 personas detenidas, además de acciones contra células relacionadas con extorsión y otros delitos. En esta materia fueron detenidas 85 personas, entre ellas seis objetivos identificados como líderes, mientras se desarrollaron operaciones contra 11 estructuras o células. Para un estado donde la extorsión afecta directamente al campo, el transporte, el comercio y numerosas actividades productivas, el indicador tiene una importancia que va más allá de la estadística criminal.

Las capturas de objetivos de alto impacto permiten observar también el alcance territorial de esa coordinación. En la Tierra Caliente y el Valle de Apatzingán fue detenido César Alejandro “N”, “El Botox”, señalado por extorsiones contra productores de limón y otros delitos; en Uruapan, Ramón Ángel “N”, “El R1”, investigado por el homicidio del exalcalde Carlos Manzo; en la región Lacustre, Jorge Luis “N”, “La Galleta”, identificado como presunto generador de violencia en la zona del lago de Pátzcuaro; en Zamora y su región, Mario Arturo “N”, “El Calabazo” o “Delta”, relacionado con investigaciones por extorsión, secuestro, homicidio y otros delitos; en la zona de Álvaro Obregón, cercana a Morelia, Genaro “N”, “El Manotas”, detenido dentro de una investigación por secuestro agravado; y en la región de Los Reyes–Peribán, Alfonso “N”, “La Quiringua”, exintegrante de las autodefensas y señalado posteriormente como líder criminal con presencia en esa zona productiva.

Vistos en conjunto, estos casos muestran que los operativos no estuvieron concentrados en un solo corredor, sino que alcanzaron objetivos relevantes en Tierra Caliente, Uruapan, la región Lacustre, Zamora, el centro del estado y Los Reyes–Peribán. Ese despliegue territorial refuerza la tesis central de la columna: el cambio de ritmo no se expresó únicamente en las estadísticas, sino en la capacidad de compartir información sensible, coordinar investigaciones y ejecutar operativos en distintas regiones sin que la información se filtrara antes de tiempo.

El comportamiento de los homicidios ayuda a completar el contexto. Michoacán llegó a registrar 259 víctimas de homicidio doloso en octubre de 2021 y para marzo de 2026 la cifra mensual había descendido a alrededor de 60, uno de los niveles más bajos de los últimos doce años. Sería incorrecto adjudicar esa reducción a Torres Piña o incluso exclusivamente al Plan Michoacán, porque intervienen múltiples instituciones y factores. Lo que sí puede afirmarse es que, durante esta etapa, la coordinación entre Federación y estado alcanzó un nivel operativo que permitió capturas de alto impacto, desarticulación de células y mayor capacidad para ejecutar investigaciones.

Ese es, probablemente, el cambio más importante respecto de la etapa anterior de la Fiscalía. No se trata únicamente de comparar cuántas personas fueron detenidas bajo un fiscal y cuántas bajo otro. La diferencia relevante está en el tipo de relación que logró construir con las instituciones federales. Torres Piña ha señalado que Michoacán se convirtió en una de las pocas fiscalías estatales con las que la Sedena y la SSPC podían coordinar directamente determinados operativos precisamente porque existía confianza en el manejo de la información.

La afirmación es políticamente importante, pero también debe evaluarse por sus consecuencias. Si esa confianza no hubiera producido investigaciones y capturas, sería solamente una buena relación entre funcionarios. El hecho de que coincidiera con un crecimiento sustancial en órdenes de aprehensión ejecutadas, objetivos de alto impacto detenidos y operaciones contra estructuras criminales permite sostener que tuvo una traducción operativa.

Por eso puede hablarse de un método. Primero, revisar y ordenar hacia adentro. Después, recuperar la confianza de quienes poseen capacidades nacionales de inteligencia y despliegue. Luego, compartir información y planear operaciones sin filtraciones. Finalmente, convertir esa coordinación en investigaciones, órdenes judiciales y capturas. Confianza, coordinación y resultados no son, en este caso, tres conceptos aislados: describen una secuencia.

Michoacán todavía enfrenta problemas graves de seguridad y sería irresponsable presentar cualquier resultado como una victoria definitiva. Pero también sería difícil explicar el cambio de ritmo de los últimos meses sin considerar el papel que desempeñó la nueva relación entre la Fiscalía y el Gobierno federal. En esa transformación, Carlos Torres Piña encontró una fórmula sencilla de explicar y bastante más difícil de ejecutar: lograr que las instituciones volvieran a confiar entre sí para que la información dejara de filtrarse y empezara a convertirse en resultados.