De falsos retenes a anexos, revelan sentencias privaciones de libertad

MORELIA, Mich., 2 de noviembre de 2026.- Falsos retenes con identificaciones policiales, interceptaciones armadas, irrupciones en viviendas y retenciones en domicilios particulares aparecen entre las formas de privación de la libertad documentadas en sentencias judiciales publicadas entre 2025 y 2026. 

La revisión de seis expedientes penales exhibe que este delito no respondió a un modus operandi: en algunos casos se utilizó para cometer robos, agresiones sexuales y homicidios; en otros, para presionar a víctimas, ejecutar represalias o mantener a personas contra su voluntad en casas de seguridad.  

También sentaron el precedente de que meter a alguien en un anexo en contra de su voluntad, así sea con buenas intenciones, puede traer consecuencias legales. En especial si es violenta la privación de la libertad. 

Las resoluciones judiciales permiten reconstruir algunos de los mecanismos empleados por los responsables y las circunstancias en que ocurrieron las privaciones.

Uno de los casos ocurrió el 6 de enero de 2016 en Ecuandureo. Seis jóvenes fueron interceptados durante un falso retén instalado por personas que utilizaron una identificación de Policía Ministerial para simular una revisión oficial.

Los jóvenes viajaban en una camioneta cuando los obligaron a descender y subir a vehículos Suburban. Después fueron trasladados a una casa de seguridad en el libramiento de Jacona.

De acuerdo con el expediente 48/2019, uno de los participantes informó a un presunto jefe de plaza que los jóvenes pertenecían a un grupo criminal rival. Las seis víctimas permanecen en calidad de desaparecidas. Por este caso, uno de los sentenciados recibió una pena de dos años y seis meses de prisión.

Otra modalidad quedó documentada en la causa penal 70/2023. El 10 de marzo de 2023, cuatro sujetos interceptaron un vehículo en el que viajaban dos mujeres. Tres de ellos descendieron con armas de fuego, obligaron a las víctimas a bajar y las trasladaron a un inmueble en construcción. Además del robo y privación de la libertda, la mujer fue agredida sexualmente.  Por estos hechos, los responsables recibieron una sentencia de 37 años de prisión, además del pago de una compensación.

La privación de la libertad también apareció asociada con robos y homicidios. En la causa penal 889/2023, un grupo de hombres irrumpió por la fuerza en una vivienda donde se encontraban tres adultos y dos menores de edad. Golpearon a quienes estaban en el inmueble, se llevaron por la fuerza a una persona y sustrajeron dinero y un vehículo. Tras el reporte del robo, policías municipales localizaron el automóvil y a una de las víctimas sin vida en su interior. La sentencia condenatoria fue confirmada.

En Zitácuaro, otro expediente documentó una retención dentro del entorno familiar. La víctima, una adolescente de 13 años, había señalado a su madre y padrastro por una agresión sexual. El 25 de julio de 2023, su hermana la obligó a subir a un vehículo y la trasladó a un domicilio, donde permaneció hasta septiembre de ese año.

La finalidad era presionarla para que se retractara de sus declaraciones y contribuyera a que su madre y padrastro salieran de prisión. También recibió amenazas contra un familiar y le retiraron su teléfono celular. La adolescente escapó con el argumento de que acudiría a una tienda.

En la causa penal 180/2023 se confirmó el auto de vinculación a proceso, pero la imputada fue absuelta. 

Otro expediente, identificado como 173/2026, incorporó la retención en un domicilio y en un centro de rehabilitación. La víctima denunció que permaneció encerrada en una habitación con cadena y candado, sin teléfono celular y bajo la obligación de consumir medicamentos. La responsable aparente fue la mamá, quien quería ayudarla, pero no tomó en cuenta las condiciones en que se dan los tratamientos contra las adicciones. 

En tanto, la causa penal 1057/2023 documentó una propuesta para privar de la libertad a una persona a cambio de un pago. Según el expediente, dos participantes aceptaron la oferta de un tercero, quien les prometió 3 mil pesos a cada uno y les entregó un arma calibre .38. 

Las seis resoluciones muestran que la privación de la libertad puede aparecer como una conducta vinculada con otros delitos y desarrollarse en escenarios distintos: desde viviendas particulares hasta inmuebles utilizados para mantener a las víctimas bajo vigilancia.

También exhiben una diferencia entre el registro estadístico y la reconstrucción judicial. Mientras la FGE contabiliza las denuncias, las sentencias permiten conocer las circunstancias de algunos casos, la participación de los responsables y el destino de las víctimas.

De acuerdo con las cifras proporcionadas por la Fiscalía General del Estado (FGE), entre 2020 y 2025 se acumularon 2 mil 46 denuncias por privación de la libertad. En 2020 se registraron 366; en 2021, 321; en 2022, 332; en 2023, 327; en 2024, 372, y en 2025, 328. De enero a septiembre de 2026, la cifra fue de 210 denuncias.

Morelia concentró el mayor número de registros durante los siete periodos analizados, seguido de Uruapan. Entre 2020 y septiembre de 2026, la capital michoacana acumuló 601 denuncias, mientras que Uruapan sumó 284.

En Morelia se reportaron 89 denuncias en 2020; 93 en 2021; 76 en 2022; 79 en 2023; 109 en 2024; 98 en 2025 y 57 de enero a septiembre de 2026.

Uruapan registró 49 denuncias en 2020; 36 en 2021; 35 en 2022; 43 en 2023; 56 en 2024; 33 en 2025 y 32 durante los primeros nueve meses de 2026.

Después de ambos municipios, Lázaro Cárdenas, Apatzingán, Pátzcuaro, Zamora y Zitácuaro aparecieron de manera recurrente entre las localidades con más denuncias.