Piden apoyo en NL para localizar a 2 hermanitos desaparecidos en Torreón
MORELIA, Mich., 2 de noviembre de 2026.- Sentencias públicas de desaparición de personas cometida por particulares de entre 2020 y 2023 revelan que la mayoría de las víctimas siguen desaparecidas. Hubo condenas de hasta 113 años de prisión, pero también absoluciones.
Seis casos de desaparición cometida por particulares documentaron cómo hombres armados sustrajeron a sus víctimas de domicilios, carreteras, calles y lugares de trabajo. En la mayoría de los casos, sus familiares todavía desconocen su paradero.
Los cuadros fácticos de las causas penales 184/2021, 863-2023, 1250/2023, 101/2023, 428/2023 y acumulada 1106/2022, así como 1340/2023, describieron la participación de grupos de la delincuencia organizada, el uso de vehículos para trasladar tranquilamente por carreteras de la entidad y amenazas contra quienes presenciaron las privaciones de la libertad.
Entre las víctimas hubo comerciantes, albañiles, trabajadores y un adolescente. En algunos casos, los responsables irrumpieron en viviendas durante la madrugada; en otros, interceptaron a sus víctimas en caminos o las citaron con engaños, incluso utilizaron el ofrecimiento de información sobre familiares desaparecidos para desaparecer a uno más.
En la causa 863-2023, un comerciante de pollo en un tianguis de Uruapan fue sustraído cuando viajaba con su esposa, hija y dos empleados.
En Pátzcuaro, la causa 428/2023 documentó la extracción violenta de cuatro personas de viviendas y un establecimiento. En San Ángel Zurumucapio, la causa 101/2023 registró cómo un hombre fue sacado de su domicilio frente a su hermano.
Otro caso, correspondiente a la sentencia 1250/2023, tuvo un desenlace distinto: la víctima fue localizada sin vida al día siguiente de su desaparición, pero sus restos permanecieron nueve meses en una fosa común antes de su identificación. El único localizado al momento en que se llevó el proceso penal.
En la causa 184/2021, una persona desapareció después de acudir a una gasolinera para obtener información sobre su hermano, quien también estaba desaparecido.
Los dictámenes periciales incorporados a los expedientes documentaron consecuencias psicológicas en las víctimas indirectas. Entre ellas, miedo, insomnio, pérdida del apetito, fatiga, agotamiento mental, depresión, ansiedad y estrés agudo.
En uno de los casos, la concubina de la víctima presentó alteraciones en su funcionamiento cotidiano. En otro, los peritajes identificaron afectaciones emocionales en familiares que presenciaron la sustracción del comerciante.
La ausencia también se prolongó en las familias que desconocen si sus seres queridos continúan con vida, dónde se encuentran o qué ocurrió con ellos.
El comisionado estatal de Búsqueda de Personas, Alfredo Tapia Navarrete, explicó que los lugares donde terminan las víctimas dependen de las características de cada región. Entre los sitios de hallazgo mencionó fosas clandestinas en zonas forestales, barrancos y terrenos cercanos a áreas urbanas.
Como ejemplo señaló Los Negritos, en Morelia, donde grupos criminales utilizan el terreno para enterrar y abandonar cuerpos de manera sistemática.
"El caso similar a la fosa de Tacámbaro, es el de Los Negritos, Villamar, donde hemos entrado a sacar entre 36 y 40 cuerpos; es un patrón del crimen organizado que opera en la región y que ha sido un área donde sistemáticamente estuvieron enterrando y tirando cuerpos", declaró.
El funcionario informó que los trabajos abarcaron 136 hectáreas durante cuatro años. Las revisiones continuaron cada cuatro meses y permitieron localizar entre dos y tres cuerpos en nuevas fosas durante algunas intervenciones.
De acuerdo con fuentes allegadas a las investigaciones, la Fiscalía General del Estado recuperó 36 cadáveres en ese sitio: 17 fueron restituidos a sus familias y 19 permanecían bajo resguardo en el panteón forense.
La cifra podría ser parcial, debido a que la Fiscalía General de la República también intervino en el lugar. Se desconoce cuántos cuerpos recuperó, cuántos fueron identificados y entregados y cuántos permanecen bajo resguardo federal.
Tapia Navarrete también mencionó Tacámbaro como una zona utilizada desde la época de Servando Gómez Martínez, La Tuta, para abandonar cuerpos. Sobre Lázaro Cárdenas, rechazó como un mito la versión de que las víctimas eran arrojadas a zonas de cocodrilos. Aseguró que en Los Negritos revisaron cuerpos de agua sin encontrar evidencia de esa práctica.
Por su parte, Evangelina Contreras Ceja, dirigente del colectivo Desaparecidos de la Costa y Feminicidios de Michoacán (Decofem), identificó la región Zamora-Jacona entre las zonas donde han encontrado condiciones para realizar búsquedas. Mencionó el rancho Cerro de la Cruz, propiedad privada, y el predio La Planta, un terreno abierto con características de barranco.
La representante también señaló posibles inhumaciones dentro de viviendas, cuyos patios podrían utilizarse para ocultar cuerpos, por lo que se requieren órdenes judiciales de cateo para ingresar y realizar las diligencias.
Contreras Ceja denunció además obstáculos en la organización de las búsquedas y un trato desigual de la Comisión Nacional de Búsqueda hacia los colectivos.
"Tú sabes que por Google se puede obtener una ubicación, te da la ruta más cercana, ellos no hacen eso, hacen rutas muy largas, y no podemos trabajar de manera regular. Se terminan haciendo una o dos horas", señaló sobre los traslados.
También acusó: "Hay discriminación por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda, se beneficia a un colectivo y a otro no se le atiende".
Las seis resoluciones judiciales tuvieron resultados distintos. En tres expedientes se dictaron sentencias absolutorias: las causas 863-2023, 1250/2023 y 1340/2023.
En la apelación de la causa 101/2023 se confirmó una condena de 35 años de prisión y una multa de 583 mil 537 pesos.
En la causa 428/2023 y su acumulada 1106/2022, tres responsables recibieron penas de 75, 75 y 113 años de prisión, además de multas por 577 mil, 673 mil y 2 millones 205 mil pesos, respectivamente.
En la causa 184/2021 se impusieron siete años y seis meses de prisión y una multa de 521 mil 280 pesos.
Los resultados evidenciaron que las condenas no necesariamente significaron la localización de las víctimas. En la mayoría de los casos documentados, las personas continuaban desaparecidas; en otro, la víctima fue localizada sin vida.
Entre sentencias, búsquedas y cuerpos sin identificar, las familias permanecieron frente a una deuda que la justicia penal no resolvió por sí sola: conocer el destino de sus seres queridos y recuperar sus restos.




