No habrá nueva encuesta en Michoacán, asegura Jesús Mora
MORELIA, Mich., 2 de noviembre de 2026.- El diputado priísta Guillermo Valencia Reyes anunció que votará contra la reforma que busca recuperar el antiguo método de designación del rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), al considerar que representa un retroceso frente al modelo de participación universitaria aprobado en 2025.
A través de sus redes sociales, el Legislador cuestionó la intención de aplazar hasta 2031 la aplicación del nuevo procedimiento, que permitiría a estudiantes, docentes y trabajadores administrativos intervenir en la selección de aspirantes a la Rectoría.
"Dicen una cosa y hacen otra", expresó Valencia, quien acusó al gobierno estatal de impulsar el regreso a la antigua Comisión de Rectoría, instancia encargada anteriormente de designar a la máxima autoridad universitaria.
El posicionamiento surge después de que las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso avalaran un dictamen para restablecer, por única ocasión, el mecanismo anterior en la sucesión rectoral de enero de 2027.
La reforma de 2025 contempla una auscultación individual, libre y secreta entre los sectores universitarios para integrar una propuesta de cuatro aspirantes, de entre quienes una Comisión Especial designaría al rector. No se trata, por tanto, de una elección directa por voto universal.
Valencia advirtió que la modificación dejaría sin aplicación ese mecanismo en la próxima sucesión y llamó a los universitarios a seguir la discusión legislativa.
"Hay muchos que con sus palabras defienden la autonomía de la Universidad y con sus votos la traicionan", señaló.
"Mi voto como diputado será en contra de esta retrógrada aberración", afirmó, al convocar a sus compañeros legisladores a rechazar la propuesta.
En contraste, como oportunamente informó Quadratín, la diputada Eréndira Isauro Hernández, integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, defendió el dictamen al argumentar que la administración universitaria incumplió el plazo para reglamentar el nuevo procedimiento y que la medida busca garantizar una sucesión rectoral sin incertidumbre jurídica.
La propuesta aún deberá someterse a votación del Pleno del Congreso. De aprobarse, la designación de la próxima Rectoría quedaría en manos de la antigua Comisión de Rectoría, mientras que el mecanismo de participación universitaria previsto en la reforma de 2025 se aplazaría hasta 2031.




