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MORELIA, Mich., 23 de diciembre de 2021. - El convenio de coordinación de la Secretaría de Seguridad Pública con los municipios pretende que los ayuntamientos logren reclutar, capacitar, examinar y certificar a todos los elementos que necesita en un periodo máximo de un año, meta que podría no cumplirse y que además el propio Centro Estatal de Acreditación y Confianza podría no soportar.
En la cláusula novena establece que “EL MUNICIPIO” conformará su policía municipal en un término no mayor a un año, y realizará las gestiones necesarias para que, en dicho término, todo su estado de fuerza cumpla con el Certificado Único Policial…”, o máximo 18 meses, además de que deben ser separados de su cargo, de acuerdo a lo que establece la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en su artículo 4to.
Sin embargo, al consultar el artículo transitorio citado, esto no podría tener fundamento, porque el Cuarto Transitorio está dedicado a la formulación del estatuto de servicio profesional de carrera de la Fiscalía General de la República y no a las policías municipales.
“Cuarto. La persona titular de la Fiscalía General de la República contará con un término de noventa días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, para expedir el Estatuto orgánico de la Fiscalía General de la República y de ciento ochenta días naturales, contados a partir de la expedición de éste, para expedir el Estatuto del Servicio Profesional de Carrera….”
Retomando. Los compromisos por parte de los ayuntamientos que han aceptado firmar el convenio también incluyen presentar la “base de datos de los recursos humanos, así como los inventarios de recursos materiales y administrativos”, mantener en buenas condiciones y servibles todo el equipo que necesita la corporación para cumplir con sus obligaciones, además de pagar los salarios del personal que le asigne el Estado.
Ambas partes se comprometen a garantizar la depuración de las policías por actos de corrupción, contribuir en la mejora de las condiciones de seguridad, participar activamente en los operativos y el Estado a apoyar con personal operativo para fortalecer a los municipios, en tanto se recluta a todo el personal.
Asimismo, se especifica que dentro del plazo máximo de 18 meses, al menos los 55 municipios que hasta ahora han firmado, deberán mandar a sus policías a capacitación inicial, tramitar y pagar el examen de control y confianza y el Certificado Único Policíal, sin embargo esta tarea podría rebasar al propio C3.
De acuerdo a fuentes de esa dependencia, el C3 cuenta con un personal aproximado de 90 personas en áreas operativas, realizando las labores de examinación de los candidatos a policías, más 30 administrativos, mismos que actualmente apenas tienen la capacidad para atender de entre 50 a 55 candidatos, cifra que representa entre 20 y 25 agentes menos que al finalizar la administración de Silvano Aureoles Conejo.
Y si bien el convenio no compromete con fondos a los Ayuntamientos, como en el convenio del Mando Único, si cojean del mismo pie, como se dice coloquialmente, porque nuevamente los policías carecen de garantías laborales, de seguridad social y otras prestaciones que la Ley Federal obliga.




