Votarán obligatoriedad para que SEE garantice guías sombra en Michoacán

MORELIA, Mich., 24 de marzo de 2026.- El Congreso de Michoacán perfila aprobar este miércoles una reforma que obligará a la Secretaría de Educación del Estado (SEE) a garantizar acompañamiento individualizado para estudiantes con necesidades específicas, mediante la incorporación de la figura del “guías sombra” en la ley.

Un guía sombra es un profesional capacitado que acompaña de manera individual a una niña, niño o adolescente dentro del aula para facilitar su inclusión, aprendizaje y participación en el entorno escolar regular.

Esta persona auxiliar no sustituye al docente, sino que complementa su labor al apoyar en la comprensión de actividades, la adaptación a la dinámica del grupo, el manejo de conductas y la promoción de la autonomía, especialmente en estudiantes con discapacidad o necesidades específicas de apoyo educativo, con el objetivo de que puedan desarrollarse en igualdad de condiciones dentro del sistema educativo.

El dictamen de la Comisión de Educación plantea reformar la Ley de Educación de Michoacán, para reconocer formalmente a este profesional como parte del sistema educativo, encargado de apoyar a niñas, niños y adolescentes en su integración, aprendizaje y participación dentro del aula regular.

La propuesta establece que, tras una valoración multidisciplinaria, cuando se determine que un alumno requiere este tipo de apoyo, la autoridad educativa estatal deberá proporcionar un guía sombra idóneo, lo que implicaría pasar de un esquema actualmente informal, donde muchas familias asumen el costo, a una obligación institucional.

Y es que, la propuesta de reforma advierte que, pese a los avances legales en materia de inclusión, persiste un vacío normativo sobre apoyos individualizados dentro del aula, lo que ha generado desigualdad en el acceso a este tipo de acompañamiento.

En ese contexto, la reforma busca dar certeza jurídica a la figura del guía sombra, profesionalizar su función y asegurar recursos para su implementación, bajo el argumento de que la inclusión educativa no puede depender de la capacidad económica de las familias.

La iniciativa, presentada por la diputada Nalleli Julieta Pedraza Huerta, se alinea con el principio de educación inclusiva y con la obligación del Estado de eliminar barreras al aprendizaje, al tiempo que refuerza el enfoque de equidad en el sistema educativo.

De aprobarse en el Pleno, la reforma colocaría presión presupuestal y operativa sobre la autoridad educativa estatal, al convertir en derecho exigible un apoyo que hasta ahora ha sido irregular y, en muchos casos, privatizado de facto.

El tema se anticipa como uno de los puntos relevantes de la próxima sesión, al abrir el debate sobre el alcance real de la educación inclusiva y la capacidad del Estado para garantizarla.