Tumbará Plan B a unos 150 aviadores del Congreso de Michoacán

MORELIA, Mich., 15 de abril de 2026.- El presidente del Congreso de Michoacán, Baltazar Gaona García, reactivó este miércoles el tema del Plan B, que está por aprobarse por la 76 Legislatura, y admitió que el recorte estimado en 450 millones de pesos impactará a aviadores, personas que cobran sin trabajar, -que él mismo ha estimado en 150-.

En rueda de prensa, reiteró que, pese a ser presidente del Congreso él no tiene acceso pleno a información financiera, pues en Jucopo, Secretaría de Finanzas y Servicios Parlamentarios se le niega información específica y se le entregan generalidades

“Sí hay excesos que no deberían de ser, esta reforma nos va a obligar a hacer un trabajo minucioso sobre las finanzas del Congreso, y no es fácil. Vamos a trabajar por defender los derechos de los trabajadores, pero me refiero a los trabajadores, porque también tenemos conocimiento de que hay unos que cobran en nómina y no son trabajadores, pero a quienes han abusado y siguen abusando, llegó la hora”, expuso.

Apenas el pasado lunes, en entrevista con Quadratín, Baltazar Gaona había hablado del asunto, y esa ocasión dijo que tiene conocimiento de la existencia de una “nómina secreta” y que se sabe de la existencia de alrededor de 150 aviadores en el Congreso de Michoacán.

En lo que toca a la reducción presupuestal, este miércoles puntualizó que la eventual aplicación del llamado Plan B federal implicaría un recorte de hasta 37.54 por ciento al presupuesto del Poder Legislativo, lo que obligaría a una reconfiguración profunda de su estructura operativa y administrativa.

“Los diputados no tenemos problema con esa reducción. La siguiente partida que se tendría que revisar serían los gastos innecesarios, y desde luego que tendríamos que revisar el capítulo 1000, y por quienes no están trabajando por ellos no podemos abogar, si me preguntan si son de base, asesores o sindicalizados, no sé, pero quienes no estén trabajando se tendría que reducir”, expuso.

De acuerdo con el análisis técnico presentado, el presupuesto del Congreso pasaría de mil 209 millones 114 mil 280 pesos a 755 millones 192 mil 278 pesos, es decir, una reducción de 453 millones 922 mil 002 pesos.

Puntualizó que el Congreso de Michoacán paga alrededor de 750 millones de pesos en nómina, enfrenta 160 demandas laborales millonarias -algunos, probablemente familiares o cercanos a exdiputados, dijo-, además, tiene contratos de publicidad con medios de comunicación además de gastos superfluos en proveedores.

Las reducciones se realizarán en cumplimiento a lo previsto en el artículo 116 constitucional, y surtirán efectos a partir del inicio de la legislatura subsecuente, es decir que en Michoacán aplicará plenamente hasta 2028.

“En Michoacán la siguiente legislatura inicia sus trabajos inicia trabajos en septiembre de 2027. Entonces, el presupuesto que se va a aprobar en diciembre de 2026 para 2027, ya sería dividido, pues tendría que aplicarse lo que va a ejercer la actual legislatura de enero al 15 de septiembre, y la otra parte, que sería del 16 de septiembre al 31 de diciembre de 2027”, dijo.

En ese contexto, refirió que el ajuste no sería únicamente financiero, sino estructural, pues planteó la necesidad de revisar el funcionamiento interno del Congreso, incluidas áreas administrativas y carga laboral, lo que abre la puerta a una depuración de la nómina.

El posicionamiento se da en medio del debate sobre la racionalización del gasto público, que plantea eliminar privilegios, limitar percepciones y ajustar el tamaño de las instituciones bajo criterios de eficiencia, austeridad y disciplina financiera, conforme a la minuta de reforma constitucional en análisis.

La propuesta establece que los congresos locales no podrán exceder el 0.70 por ciento del presupuesto estatal, lo que, en el caso de Michoacán, obliga a recortes inmediatos y a replantear el modelo de operación legislativa.

Aunque no se detallaron áreas específicas, el escenario proyectado anticipa ajustes que podrían alcanzar tanto estructura como personal, en un contexto donde la presión política apunta a eliminar gastos considerados innecesarios o irregulares dentro del aparato legislativo.

Este miércoles se procesará en el Pleno el dictamen constitucional federal, y que se tendrá hasta el 30 de mayo para realizar todas las armonizaciones establecidas en los transitorios.