Crece rebelión contra lineamientos de audiencias; alertan censura

MORELIA, Mich., 10 de agosto de 2026.- La polémica por los nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias escaló a una movilización ciudadana, ante el temor de que la regulación abra espacios para sancionar contenidos periodísticos y termine provocando autocensura en radio y televisión.

Una petición promovida bajo la consigna “No a la #LeyCensura” llama a modificar el proyecto antes de que concluya, el próximo 21 de agosto, la consulta pública abierta por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).

La inconformidad se concentra en conceptos como información “falsa” o “descontextualizada”, así como en las obligaciones relacionadas con códigos de ética, defensores de las audiencias y criterios para garantizar los derechos de radioescuchas y televidentes.

La preocupación no proviene únicamente de la campaña ciudadana.

La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), que agrupa a más de mil 200 estaciones, ya advirtió que existen disposiciones ambiguas que podrían generar discrecionalidad de la autoridad.

El punto central del debate es quién determina cuándo una información carece del contexto suficiente o incumple los derechos de las audiencias y hasta dónde puede llegar la intervención del Estado.

El proyecto establece que los medios deberán garantizar, entre otros derechos, que no se difunda información falsa, descontextualizada o información histórica presentada como actual.

También obliga a distinguir claramente entre información noticiosa y opinión, así como entre contenidos editoriales y publicidad.

Las disposiciones contemplan además procedimientos para presentar inconformidades ante los defensores de las audiencias y eventualmente ante la CRT.

La controversia aumentó por el régimen de sanciones previsto en la legislación, que contempla multas de entre 0.51 y uno por ciento de los ingresos de los concesionarios en determinados incumplimientos relacionados con mecanismos de defensa, códigos de ética y defensores de las audiencias.

Para pequeñas radiodifusoras, estaciones locales o proyectos independientes, advierten los opositores, sanciones de esa magnitud podrían representar un riesgo financiero considerable.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado que se pretenda censurar a los medios y aclaró esta semana que las sanciones no deben aplicarse por contenidos, sino por incumplimientos administrativos, como carecer de código de ética, defensor de audiencias o mecanismos para recibir inconformidades.

La CRT también ha negado categóricamente que los lineamientos constituyan censura y sostiene que se busca fortalecer derechos establecidos en la Constitución y establecer procedimientos transparentes.

Sin embargo, las aclaraciones no han terminado con la controversia.

Especialistas y representantes de la industria consideran indispensable que esa interpretación quede plasmada inequívocamente en la redacción definitiva y no dependa de declaraciones posteriores de funcionarios.

La campaña ciudadana exige eliminar conceptos que puedan prestarse a interpretaciones políticas o ideológicas, garantizar expresamente la libertad editorial y evitar que las multas puedan convertirse en instrumentos de presión.

La consulta pública permanece abierta hasta las 23:59 horas del 21 de agosto.

La discusión, por tanto, sigue abierta: cómo proteger los derechos de las audiencias sin convertir al Estado en árbitro de la verdad ni colocar sobre periodistas, conductores y medios la amenaza de una sanción por ejercer su libertad editorial.