Sin salario, mujeres cargan 37% del PIB en Michoacán; impulsan reforma

MORELIA, Mich., 16 de abril de 2026.- En Michoacán, el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado sostiene el 37.4 por ciento del Producto Interno Bruto estatal sin reconocimiento legal ni pago, una carga que recae mayoritariamente en mujeres y que ahora busca ser tipificada como violencia en la ley.

La iniciativa, presentada por el diputado petista Reyes Galindo Pedraza y turnada para su análisis a la Comisión de Igualdad Sustantiva y Género, plantea incorporar como violencia contra las mujeres el no reconocimiento o la falta de remuneración de las labores del hogar, así como las actividades de asistencia personal, acompañamiento y cuidados a integrantes de la familia.

El planteamiento no es menor: en Michoacán, el valor económico de este trabajo supera en 13 puntos porcentuales el promedio nacional, estimado en 30 por ciento, lo que confirma que más de una tercera parte de la economía estatal se sostiene en actividades que no generan ingreso para quienes las realizan.

El diagnóstico exhibe una brecha estructural. Las mujeres destinan en promedio 59 horas semanales al trabajo doméstico y de cuidados, casi el triple que los hombres, quienes dedican 22 horas. En cuidados directos, ellas invierten 28.8 horas frente a 12.4 de ellos, lo que refleja una distribución desigual del tiempo que impacta en su autonomía económica y acceso al mercado laboral.

A escala global, más de 75 millones de personas se dedican al trabajo doméstico, de las cuales cerca del 80 por ciento son mujeres, lo que dimensiona el alcance del fenómeno y anticipa el impacto de cualquier modificación legal en esta materia.

La propuesta busca modificar la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de Michoacán mediante la adición de un artículo 11 Bis, con el objetivo de reconocer que la invisibilización y falta de pago de estas actividades no solo constituye una omisión económica, sino una forma de violencia estructural.

El proyecto también amplía la protección a mujeres embarazadas, al plantear que obligarlas a realizar trabajos que impliquen esfuerzo considerable y pongan en riesgo su salud gestacional sea considerado igualmente como violencia.

El trasfondo de la iniciativa coloca en el centro una práctica normalizada: el trabajo que sostiene la vida cotidiana y la economía permanece fuera de la ley, sin salario y sin reconocimiento, pese a su peso en la estructura productiva del estado.