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MORELIA, Mich., 16 de junio de 2025.- La Contraloría Interna del Congreso del Estado carece de facultades para supervisar y fiscalizar de manera efectiva el trabajo del Comité de Administración y Control y de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), órganos clave en el manejo del presupuesto legislativo.
Así lo reconoció su titular, Brenda Fraga Gutiérrez, quien advirtió que los vacíos normativos dejan al Congreso en una condición vulnerable en materia de transparencia y rendición de cuentas.
En entrevista con Quadratín, a pregunta expresa Fraga Gutiérrez explicó que la Ley Orgánica del Congreso solo hace referencia al informe financiero trimestral en dos artículos: el 47, que otorga a la Jucopo la facultad de someterlo a discusión y aprobación del Pleno, y el 100.
Esto, señaló, es insuficiente para un documento que debería tener un protocolo claro de revisión y un mecanismo de comunicación eficaz entre los órganos responsables.
Para un documento tan importante como el informe financiero trimestral, solo hay dos artículos que lo mencionan. Eso lo deja vulnerable o a la percepción de quienes conforman el comité. Hace falta su propio protocolo y recurso para generar una comunicación correcta con quienes ejecutan el presupuesto”, puntualizó.
La contralora subrayó que desde hace dos meses presentó formalmente a la Jucopo y al Comité de Administración y Control una solicitud para ampliar las atribuciones de la Contraloría.
La intención, dijo, es que el órgano de control pueda tener injerencia en el análisis, discusión y supervisión de los informes financieros y evitar las actuales limitaciones que lo mantienen al margen. Sin embargo, hasta el momento no ha recibido respuesta.
Si la Contraloría es responsable de supervisar, revisar y fiscalizar el presupuesto, como dice el artículo 113, es necesario conocer el análisis del informe. Pero la ley no nos da esa atribución. Eso es lo que pretendemos: condiciones que nos permitan aportar en temas de transparencia y rendición de cuentas, no solo hacia el interior del Congreso, sino hacia cualquier ciudadano que quiera conocer el presupuesto del Congreso”, sostuvo.
Fraga reconoció que hoy la Contraloría no puede hacer nada frente a posibles irregularidades, más allá de insistir en la necesidad de modificar el marco normativo. “Lo que está en juego es la transparencia y el derecho de la ciudadanía a saber cómo se usa el dinero público”, recalcó.
La controversia sobre el informe financiero volvió al debate público tras la denuncia del diputado de Morena, Juan Carlos Barragán Vélez, quien en la última sesión legislativa acusó que el Congreso pretendía aprobar un informe “sin contenido real”, carente de desgloses presupuestales, facturas y documentación técnica que sustentara el gasto de 2025.
Barragán incluso promovió un amparo por violación al derecho de información parlamentaria y exigió al Pleno no ser “cómplice del desaseo financiero”.
Fraga precisó que su petición de ampliación de facultades no fue consecuencia de dicha denuncia, sino parte de una iniciativa previa ante la evidente necesidad de fortalecer los procesos de control interno.
Lo hemos compartido también con la Jucopo, con la intención de ampliar estas posibilidades de transparencia y rendición de cuentas”, añadió.
Mientras la Contraloría sigue sin facultades claras para revisar el corazón del manejo financiero del Congreso, el reclamo por cuentas claras sigue creciendo, dentro y fuera del Poder Legislativo.




