Plantean regular espionaje y rastreo digital como delito en Michoacán

MORELIA, Mich., 1 de mayo de 2026.- La Comisión de Justicia del Congreso de Michoacán analiza una reforma para tipificar como delitos el espionaje digital, el rastreo sin consentimiento y la videovigilancia ilegal, en respuesta a un vacío legal que actualmente permite estas prácticas con márgenes de impunidad.

El tema no es menor. En el estado se han detectado redes de videovigilancia clandestina, conocidas como cámaras parásitas, instaladas en postes de energía y telecomunicaciones, además del uso de dispositivos GPS y aplicaciones móviles para rastrear personas y bienes sin autorización, lo que vulnera la privacidad y puede facilitar actividades delictivas.

En ese contexto, el diputado Octavio Ocampo Córdova promovió una reforma al Código Penal estatal para incorporar figuras específicas como videovigilancia ilegal, rastreo digital ilícito, espionaje digital y suplantación de identidad, ante un marco jurídico que actualmente sólo contempla de manera parcial delitos relacionados con la intimidad.

La iniciativa advierte que el avance tecnológico ha superado la capacidad de respuesta del sistema penal, dejando espacios que son aprovechados tanto por particulares como por grupos delictivos sin sanción clara.

Entre los riesgos identificados está el uso de sistemas de vigilancia para monitorear movimientos de autoridades, así como el rastreo de personas sin su conocimiento, lo que no sólo impacta en delitos patrimoniales, sino también en dinámicas de control y violencia en entornos personales.

El planteamiento también incluye el espionaje digital, entendido como el acceso indebido a información contenida en dispositivos, cuentas o sistemas electrónicos con fines de manipulación o difusión, una conducta que hoy no cuenta con tipificación específica en el ámbito local.

La reforma permanece en análisis en comisiones, en un escenario donde el propio Congreso ha reconocido rezagos en la actualización del marco penal frente a fenómenos tecnológicos.

El fondo del debate es claro: mientras las tecnologías se expanden y se vuelven más accesibles, la legislación en Michoacán sigue operando con herramientas limitadas para sancionar prácticas que ya forman parte de la vida cotidiana.