Obtuvo Congreso de Michoacán apenas 55 de 100 puntos en transparencia

MORELIA, Mich., 26 de octubre de 2026. El Congreso de Michoacán, dominado por Morena y sus aliados del Partido del Trabajo (PT) y del Verde Ecologista de México (PVEM), obtuvo apenas 55 de 100 puntos en una evaluación de transparencia legislativa, 12 puntos por debajo del promedio de 67 registrado entre los congresos estatales examinados, pese a figurar entre los poderes legislativos más costosos del país.

La evaluación del observatorio Memoria y Resistencia, con información consultada al 17 de octubre, documenta deficiencias en la actualización de directorios, integración de comisiones, seguimiento de iniciativas, publicación de votaciones nominales, disponibilidad de documentos y acceso a información legislativa en formatos reutilizables.

Uno de los hallazgos más significativos es que, de mil 310 iniciativas registradas en el portal legislativo, únicamente 203 cuentan con información sobre el estado de su trámite. Las mil 107 restantes, equivalentes al 84.5 por ciento, carecen de ese dato, lo que dificulta conocer si permanecen en comisiones, fueron dictaminadas o concluyeron su procedimiento.

Las deficiencias también alcanzan al directorio de los 40 diputados. Según el observatorio, nueve fichas utilizan el escudo institucional en lugar de una fotografía y solamente una proporciona correo electrónico, mientras que las demás mantienen vacío el apartado de contacto.

Además, la plataforma todavía identifica como diputada a Julieta García Zepeda, quien dejó el cargo, y omite a Fabiola Alanís Sámano, reincorporada a sus funciones y presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), órgano encargado de la conducción política del Congreso.

La desactualización se extiende a las comisiones legislativas, donde se identificaron páginas duplicadas, denominaciones inconsistentes y comités que únicamente muestran a sus presidencias. La integración publicada tampoco refleja completamente los movimientos recientes entre las diputaciones.

En cuanto a la publicidad del trabajo parlamentario, el observatorio encontró solamente 51 registros de votaciones nominales, disponibles mediante documentos PDF escaneados que dificultan su consulta y procesamiento. Asimismo, detectó que el portal actual carece de una parte de la documentación correspondiente al inicio de la Legislatura, particularmente del periodo comprendido entre septiembre de 2024 y enero de 2025.

El marco normativo presenta inconsistencias similares. La versión compilada de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso tiene como última reforma la del 8 de julio de 2025, aunque posteriormente se aprobaron nuevas modificaciones, entre ellas una al artículo 247 en mayo de 2026. El Reglamento de Comisiones y Comités disponible data de 2011.

La evaluación también señala problemas de accesibilidad en el dominio institucional congresomich.gob.mx, mientras que el contenido legislativo vigente se concentra en congresomich.site. Aunque esta última plataforma permite consultas mediante una interfaz pública de datos, la información presenta limitaciones de actualización y seguimiento.

El resultado contrasta con los recursos destinados al Poder Legislativo michoacano. De acuerdo con un comparativo nacional publicado en marzo de 2026 por El Economista, Michoacán ocupó el segundo lugar nacional en gasto legislativo por diputado, con un promedio anual de 32.7 millones de pesos por curul, solamente detrás de Baja California. Esta cifra representa el presupuesto institucional dividido entre las diputaciones, no el sueldo ni el gasto personal de cada legislador.

Para 2027, la actual Legislatura aprobó un proyecto presupuestal de mil 304 millones 55 mil 418 pesos para el Poder Legislativo, que será ejercido por dos legislaturas y estará sujeto a nuevas restricciones constitucionales de gasto a partir del 15 de septiembre de ese año.

El Congreso está integrado por 40 diputaciones y Morena, PT y PVEM suman 25 integrantes de acuerdo con la distribución publicada en su portal, lo que les permite mantener una mayoría legislativa.

La evaluación de Memoria y Resistencia no constituye una resolución de una autoridad fiscalizadora ni acredita actos de corrupción, pero documenta limitaciones en la información que el Congreso pone a disposición de la ciudadanía para conocer las decisiones, votaciones y trámites de sus representantes.

El contraste entre el gasto legislativo y las deficiencias de transparencia coloca en el centro de la discusión pública no solamente cuánto cuesta mantener al Congreso de Michoacán, sino qué tan accesible resulta la información sobre el trabajo que realiza con recursos públicos.