Michoacán: da SFA primer paso para poner tope a gasto legislativo 2027 

MORELIA, Mich., 27 de julio de 2026.- El Gobierno de Michoacán dio el primer paso para incorporar el nuevo límite constitucional al presupuesto del Congreso del Estado, al instruir que durante la integración del Presupuesto de Egresos 2027 se consideren los ajustes presupuestales y de estructura orgánica necesarios para cumplir con la reforma que fija un tope equivalente al 0.70 por ciento del presupuesto estatal para los poderes legislativos locales.

La medida quedó plasmada en un oficio emitido por la Secretaría de Finanzas y Administración, mediante el cual la Dirección de Programación y Presupuesto notificó al Congreso que, al elaborar su proyecto de presupuesto para el próximo ejercicio fiscal, deberá tomar en cuenta la reforma al artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el pasado 23 de abril.

Aunque el documento no ordena un recorte específico ni establece un monto definitivo, sí incorpora la reforma como criterio para la construcción del Presupuesto de Egresos 2027, lo que representa el primer paso administrativo para llevar ese nuevo esquema presupuestal a la práctica.

Las proyecciones elaboradas previamente por el propio Congreso permiten dimensionar el alcance de la medida. Tomando como referencia el Presupuesto de Egresos del Estado correspondiente a 2026, el Poder Legislativo pasaría de ejercer mil 209 millones 114 mil 280 pesos a un máximo de 755 millones 192 mil 278 pesos, una diferencia cercana a los 454 millones de pesos. No obstante, el techo definitivo dependerá del presupuesto estatal que apruebe Michoacán para 2027.

El alcance temporal de la reforma fue uno de los temas debatidos durante la aprobación del denominado Plan B. En ese momento, desde el Congreso se sostuvo que las nuevas reglas presupuestales corresponderían a la siguiente Legislatura, por lo que la instrucción de considerar desde ahora esos ajustes para elaborar el presupuesto de 2027 reaviva la discusión sobre el momento en que deberá materializarse la reforma, sin que hasta ahora exista un pronunciamiento formal que dirima esa interpretación.

Durante ese mismo debate legislativo también se expusieron las implicaciones que tendría una reducción cercana a los 400 millones de pesos. Entre ellas se mencionó la necesidad de revisar la estructura administrativa y la plantilla laboral del Congreso, limitar la creación de nuevas plazas, restringir futuras contrataciones y reducir el gasto operativo prácticamente en todas las áreas.

Asimismo, se advirtió que un ajuste de esa magnitud podría impactar actividades legislativas que implican erogaciones extraordinarias, como las sesiones solemnes realizadas en municipios, el mantenimiento del Palacio Legislativo, la contratación de proveedores de bienes y servicios, la organización de foros y eventos institucionales, así como las consultas a pueblos indígenas que la ley obliga a realizar para determinadas reformas.

Otro de los efectos planteados desde el Poder Legislativo fue la presión que enfrentaría el Congreso para atender sus compromisos laborales. Se estimó que la institución mantiene alrededor de un centenar de juicios promovidos por trabajadores, algunos con reclamaciones cercanas al millón de pesos, obligaciones que tendrían que solventarse con un margen presupuestal considerablemente menor.

Así, más allá de que el monto definitivo dependerá del presupuesto estatal que se apruebe para 2027, el oficio de la Secretaría de Finanzas coloca por primera vez la reforma constitucional en la ruta de elaboración del presupuesto del Congreso, abriendo una nueva etapa en la implementación de uno de los cambios más relevantes aprobados este año para las finanzas de los poderes legislativos locales.