Michoacán: autorizan a Ejecutivo desincorporar 40 bienes inmuebles

MORELIA, Mich., 3 de marzo de 2026.- En un contexto de tensión política que incluyó reproches y toma de tribuna el jueves pasado por parte de diputadas que exigían participar en el análisis, la Comisión de Hacienda y Deuda Pública dictaminó procedente autorizar al Ejecutivo estatal la desincorporación de 40 bienes inmuebles del patrimonio estatal, y el asunto será votado en el punto 47 de la sesión de este miércoles.

De ese total, cuatro serán donados al Instituto Mexicano del Seguro Social para infraestructura de cuidado infantil y salud, mientras que 36 serán aportados al Fideicomiso de Impulso y Desarrollo para el Estado de Michoacán para su posterior enajenación.

Desincorporar significa retirar un bien del régimen patrimonial del Estado para permitir legalmente su transferencia. En este caso hay dos destinos:

El dictamen sostiene que los inmuebles no cumplen actualmente una función estratégica y que mantenerlos genera cargas administrativas y costos de oportunidad.

Como parte de la justificación social para los predios del IMSS, el documento incorpora datos para sustentar la donación:

• Con 54 por ciento de menores en pobreza en 2018.
• Un 78.7 por ciento de participación laboral masculina frente a 44.7 por ciento femenina.
• Más del 64 por ciento de la población sin acceso a seguridad social en 2020.
• Demanda potencial de 47 mil 339 niñas y niños derechohabientes de 0 a 4 años frente a una oferta de 7 mil 882 lugares en guarderías del IMSS, con una dependencia del servicio subrogado de 92.5 por ciento.

Con base en ello, el documento aprobado este martes por la Comisión de Hacienda y Deuda Pública, integrada por los diputados Alfredo Anaya (presidente), y Juan Pablo Celis, Belinda Iturbide, Vicente Gómez y Melba Edeyanira Albavera, se autoriza donar cuatro predios con superficies de mil 955.78 metros cuadrados en Jacona; cuatro mil 702.07 metros cuadrados en Morelia; dos mil 96.01 metros cuadrados en La Piedad; y cinco mil 83.90 metros cuadrados en Lázaro Cárdenas.

Los 36 predios para enajenación vía FIDEMICHEl bloque más amplio corresponde a 36 inmuebles distribuidos en diversos municipios. Los de mayor valor catastral son:

1. Área de Donación 2, Ciudad Industrial Morelia: 197 mil 22.90 metros cuadrados, avalúo 92 millones 600 mil 763 pesos.

2. Predio en Lázaro Cárdenas, Unidad 7.4: 36 mil 817.23 metros cuadrados, avalúo 86 millones 155 mil 852.60 pesos.

3. Predio en colonia Cuauhtémoc, Morelia: 12 mil 517.82 metros cuadrados, avalúo 55 millones 80 mil 736.52 pesos.

4. Exhacienda La Huerta, Morelia: 44 mil 960.13 metros cuadrados, avalúo superior a 41 millones de pesos.

Otros inmuebles con avalúos relevantes incluyen:

• Fracción en Ciudad Industrial Morelia, 33 mil 335.65 metros cuadrados, 15 millones 667 mil 755.50 pesos.
• Parque Morelos en Sahuayo, 9 mil 652.11 metros cuadrados, 14 millones 777 mil 380.41 pesos.
• Avenida Melchor Ocampo en Ciudad Hidalgo, 940 mil 50 metros cuadrados, 9 millones 524 mil 51.53 pesos.
• Predio en Tangancícuaro, mil 734.70 metros cuadrados, 8 millones 283 mil 192.50 pesos.
• Cuauhtémoc Sur en Hidalgo, 883.74 metros cuadrados, 5 millones 802 mil 74.78 pesos.

También se incluyen terrenos y fracciones en Morelia, Charo, Tacámbaro, Múgica, Coalcomán, Purépero, Zitácuaro, Los Reyes, Marcos Castellanos, Peribán, Taretan y Sahuayo, algunos con superficies menores pero incorporados al mismo esquema fiduciario.

El monto acumulado de los avalúos visibles en el dictamen supera los 300 millones de pesos, considerando únicamente los predios cuyos valores aparecen desglosados en el documento.

Criterio del avalúo: valor catastral

Los valores citados corresponden a avalúos catastrales integrados en las carpetas técnicas remitidas por la Secretaría de Finanzas y Administración y la Dirección de Patrimonio Estatal.

Cada expediente incluye cédula de inmueble, avalúo y datos registrales.

El dictamen señala que los predios están libres de gravamen y sin procedimientos jurídicos pendientes.

No se fija en el decreto un precio de venta específico para cada inmueble; lo autorizado es la desincorporación y su aportación al fideicomiso, que será el vehículo para la eventual comercialización conforme a la normativa aplicable.

En términos estrictamente financieros, los valores consignados en el dictamen corresponden a avalúos catastrales, que no siempre equivalen al valor comercial de mercado.

El avalúo catastral es una referencia fiscal utilizada para efectos administrativos y tributarios; el precio comercial puede ser mayor o menor dependiendo de ubicación, uso de suelo, vocación urbana, infraestructura, demanda inmobiliaria y condiciones de venta.

En zonas estratégicas como Ciudad Industrial de Morelia, el Libramiento o Lázaro Cárdenas, es técnicamente posible que el valor de mercado supere el catastral si existe presión de desarrollo; en otros municipios podría ocurrir lo contrario.

El decreto no fija precios de venta individuales, solo autoriza la desincorporación y la aportación al fideicomiso, por lo que el monto real de enajenación dependerá del proceso de comercialización, condiciones del mercado y mecanismos de transparencia que se implementen.

El fondo político

Aunque el dictamen enfatiza disciplina financiera y transformación estratégica del patrimonio, la discusión en el Pleno ya evidenció fricciones sobre la competencia de comisiones y el alcance del análisis técnico urbano.

En términos prácticos, lo aprobado abre la puerta para que el Ejecutivo convierta tierra y bienes inmuebles en liquidez vía fideicomiso, con el compromiso de destinar los recursos a inversión pública productiva. La clave política y financiera será la transparencia en la venta, el destino final de los recursos y la vigilancia legislativa sobre un paquete patrimonial cuyo valor catastral acumulado rebasa ampliamente los cientos de millones de pesos.

Que un gobierno desincorpore y venda patrimonio no es, por sí mismo, ilegal ni inusual: es una herramienta de política financiera prevista en la ley para convertir activos ociosos en inversión pública sin contratar deuda. La gravedad o conveniencia depende de tres factores: si realmente son bienes improductivos y no estratégicos, si el precio de venta refleja su valor real y no se subvalúa el patrimonio, y si el recurso obtenido se destina efectivamente a proyectos productivos y verificables.

En términos políticos, la discusión no es sólo contable, sino de modelo de gestión: vender tierra pública puede ser una estrategia responsable si fortalece infraestructura y servicios; puede ser cuestionable si implica perder reservas territoriales clave o si el proceso carece de transparencia. Ahí se concentrará el escrutinio.