Mueven mujeres y juventudes a MC en Michoacán: Víctor Manríquez
MORELIA, Mich., 31 de marzo de 2021.- Al Instituto Electoral de Michoacán (IEM) se le complicaron los tiempos para la elaboración del padrón de personas sancionadas por hechos de violencia en contra las mujeres, lo que les impediría acceder a una candidatura a alguno de los puestos de elección popular que se definirán el próximo seis de junio, reconoció la presidente de la Comisión de igualdad de género, no discriminación y derechos humanos, Araceli Gutiérrez.
De acuerdo con el calendario electoral el IEM deberá resolver a más tardar el tres de abril las solicitudes de registro de candidatos a la gubernatura estatal y el 18 de abril los de los aspirantes a candidatos a diputados locales y presidentes municipales y aún no inicia la elaboración del padrón de personas sancionadas por violencia política, familiar o sexual, así como de los deudores alimentarios.
En entrevista telefónica, la consejera Gutiérrez informó que están en proceso de firmas de convenios para actualización de la información tanto con el Supremo Tribunal de Justicia del Estado por las sanciones penales, con la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado por las sanciones administrativas y con el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), por la violencia política.
“Tenemos toda la intención de firmar los convenios la próxima semana, ya están en revisión en las instituciones involucradas, para lograr un rastreo previo a la aprobación de los registros de los aspirantes a candidatos a diputados y presidentes municipales”, indicó la consejera electoral.
Reconoció que les ganaron los tiempos para implementar el sistema estatal, pero eso no quiere decir que no se tenga la información actualizada, ya que el Instituto Nacional Electoral (INE) recibe la información y hasta ahora no está en ese padrón ningún michoacano que aspire a un puesto de elección popular.
Además, dijo que en el caso de los aspirantes a candidatos a la gubernatura todos firmaron la carta, bajo protesta de decir verdad, de que no han sido sentenciados por violencia política, familiar o sexual o son deudores alimentarios, además del documento conocido como 3 de 3, que incluye la declaración patrimonial, fiscal y de conflictos de interés.




