Condena CSIM que Congreso retrase a 2027 consulta indígena en educación
MORELIA, Mich., 24 de junio de 2020.- La bancada de Morena, con el apoyo del petista Baltazar Gaona frenó un exhorto a los representantes de los tres niveles de gobierno para que el levantamiento de las medidas de distanciamiento social y a la reanudación de actividades económicas, sociales y educativas estén basadas en la mejor evidencia científica y técnica en las áreas de la Epidemiología y la macroeconomía de la salud pública.
Aunque el argumento para autorizar las sesiones virtuales fue atender los temas de la pandemia de Covid 19, en esta ocasión los morenistas y el petista consideraron que no se trataba de un asunto de obvia y urgente resolución y el exhorto propuesto por el coordinador de los diputados del Partido de la Revolución Democrática Antonio se fue a comisiones para dictamen.
No hubo discusión alguna, solo el diputado Osiel Equihua dijo una frase suelta, pero que refleja la falta de razonamiento y fundamentación: “ahora sí quieren coordinación, pues ahora no” porque, dijo, es muy confuso el punto de acuerdo.
En la exposición de motivos para hacer la propuesta Soto leyó un documento diferente al que registró y se circuló por parte de la secretaría de Servicios Parlamentarios y aprovechó para cuestionar el manejo de la pandemia en el país que ha estado cargada de prejuicios, presiones de grupos de interés y se ha politizado en extremo.
“Las decisiones han estado más en concordancia con los intereses, la ideología y la política que con el saber, quedando éste plegado a los intereses partidarios y de grupo. No existe una política de Estado para enfrentar la pandemia, el esfuerzo que debiera ser colectivo, coordinado y armónico, es caótico y desordenado.
“La politización y falta de coordinación entre las autoridades de los estados y el gobierno federal ha suscitado desacuerdos y generación de políticas antagónicas al grado que, podríamos decir, sin exagerar, que hay 33 visiones y reacciones distintas, las 32 de los estados y la de la Federación, frente a un mismo problema, como si se tratase de 33 virus diferentes.
Señaló que el Consejo de Salubridad General no ha asumido el papel que jurídicamente le asignan la Constitución y la Ley General de Salud en contingencias sanitarias como la actual, en la cual está obligado a ser el rector del combate a la pandemia e implementar las medidas para enfrentar la emergencia mediante decretos que, sancionados por el Congreso de la Unión, tendrían que ser de cumplimiento obligatorio para toda autoridad administrativa del país.
Sin embargo, señaló que la mayor parte de las medidas dictadas por el Consejo de Salubridad general han sido criticadas por su ambigüedad y falta de oportunidad y por ser, más que decretos, acuerdos o exhortos que a nadie vinculan.
En respuesta, algunas entidades federativas han emprendido acciones que trascienden al Consejo, lo que es opuesto a la verticalidad en la toma de decisiones que se prevé constitucionalmente y es indispensable en toda emergencia sanitaria, teniendo además como consecuencia la desarticulación de acciones a nivel nacional y la toma por cada autoridad local de las decisiones sobre lo que se debe hacer o no en lo local.




