Frenan en Michoacán a camiones con más de 12 años; lupa a tarifas

MORELIA, Mich., 29 de agosto de 2025.- El Congreso del Estado aprobó una reforma integral a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial que establece nuevas reglas para concesionarios y usuarios del transporte público. Entre los cambios más significativos destacan el estímulo del 100 por ciento en los derechos de concesión para vehículos eléctricos de producción nacional y la obligación de que las unidades no excedan los 12 años de antigüedad en transporte público y 13 en transporte escolar.

Contexto legislativo

La modificación fue impulsada por los diputados Hugo Ernesto Rangel Vargas y Juan Carlos Barragán Vélez, integrantes de la Comisión de Movilidad y Comunicaciones, y se construyó mediante un modelo de Parlamento Abierto con participación de transportistas, autoridades y sociedad civil. La reforma busca alinear la legislación estatal con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial de 2022 y con la Estrategia Nacional de Movilidad 2023-2042.

Incentivo a la transición energética

El nuevo artículo 269 mandata que el Instituto del Transporte publique lineamientos específicos para otorgar estímulo del 100 por ciento en concesiones de transporte a vehículos eléctricos producidos en México. Con ello se busca avanzar hacia la descarbonización del sector transporte, responsable de cerca del 25 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero en el país, según el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. La medida, además, pretende fortalecer el mercado interno y promover tecnologías limpias.

Seguridad y protección a usuarios

La reforma establece como obligación que todas las unidades cuenten con seguros de responsabilidad civil por daños a terceros, esquemas de fondo de garantía u otros mecanismos de cobertura. Estos deberán estar registrados ante el Instituto del Transporte para garantizar respuesta ante siniestros.

La medida responde a un contexto crítico: en 2022 se reportaron más de 340 mil accidentes viales en zonas urbanas y suburbanas, de los cuales casi 9 por ciento involucraron transporte público, de acuerdo con el INEGI. Con ello, los legisladores buscan elevar la seguridad jurídica y material de los pasajeros.

Transparencia en tarifas

Otro eje central es la fijación de criterios técnicos para la revisión y actualización anual de las tarifas. El artículo 288 dispone que los ajustes deberán considerar la variación del salario mínimo, precio de combustibles, Índice Nacional de Precios al Consumidor y costos de operación. Las tarifas serán revisadas anualmente con participación de transportistas, autoridades y sociedad civil, y deberán publicarse en el Periódico Oficial del Estado.

Asimismo, se abre la puerta a sistemas automatizados de control de tarifas en taxis y a la posibilidad de pagos digitales, medidas que buscan mayor transparencia y modernización del servicio.

Implicaciones sociales y políticas

Con estas reformas, el Congreso responde a dos presiones históricas: por un lado, la demanda ciudadana de tarifas claras y servicios seguros; por otro, las exigencias del gremio transportista de contar con reglas certeras para la planeación de inversiones. 

La incorporación de criterios técnicos busca limitar la discrecionalidad política en el ajuste de tarifas, mientras que los estímulos a transporte eléctrico colocan a Michoacán en el mapa nacional de la transición energética.

En el ámbito social, se aspira a que los usuarios tengan mayor certidumbre ante incrementos tarifarios, mayor seguridad en caso de accidentes y un servicio con estándares mínimos de modernidad. 

En el ambiental, el desafío será convertir el estímulo en una verdadera renovación del parque vehicular, superando los costos iniciales de la tecnología eléctrica.