Fracasó inclusión indígena en elección judicial de Michoacán

MORELIA, Mich., 27 de junio de 2025.- La inédita elección judicial de 2025 prometía transformar el acceso a los cargos del Poder Judicial, pero terminó sin representación para perfiles con compromiso social y sin un solo nombramiento de mujeres indígenas en Michoacán.

A pesar de que por primera vez la población pudo votar directamente por jueces y magistrados, el proceso reveló límites estructurales que impidieron una verdadera inclusión.

Así lo hizo notar Alma Liliana Ramírez Ramos, abogada purépecha originaria de Cherán, quien participó en la contienda federal como aspirante a jueza de distrito, bajo el número de candidatura 15.

En entrevista con Quadratín, manifestó que, desde su óptica, lo ocurrido no debía leerse como una derrota, sino como una representación digna de los pueblos originarios, de las mujeres que resisten desde el silencio y de las voces que históricamente han sido invisibilizadas por el sistema.

Licenciada en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y maestra en Derecho Procesal Constitucional, Ramírez ha impulsado desde distintos frentes la defensa de sectores vulnerables.

Actualmente se desempeña como secretaria de Acuerdo en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y anteriormente fue directora de Arbitraje y Resoluciones en la Profeco, y pertenece a la Clínica de Litigio Estratégico de Derechos Humanos en la Universidad Michoacana.

Su trabajo se ha enfocado en temas como matrimonios igualitarios, discriminación laboral, acceso a la salud y control de constitucionalidad.

A su juicio, la elección estuvo marcada por obstáculos estructurales, como la falta de respaldo partidista, la apatía social y la imposición de listas preconfiguradas, los llamados acordeones, que guiaron el voto y redujeron el margen de decisión libre e informada.

Sostuvo que, si el voto hubiese sido realmente libre, las candidaturas ciudadanas habrían sido decisivas.

Aunque no resultó electa, consideró que los votos recibidos fueron testimonio de una ciudadanía crítica que buscaba justicia desde abajo, desde otras estructuras, con objetivod distintos a los del sistema tradicional.

Aseguró que eso representaba una pauta de aliento y se dijo convencida de que el proceso resultó valioso por visibilizar nuevas formas de construir justicia.

No obstante, advirtió que el impacto en las comunidades originarias fue aún mayor, ya que, aunque su presencia en las boletas fue reconocida, no se tradujo en una representación efectiva.

Afirmó que la justicia intercultural e interseccional no podía seguir siendo solo discurso, sino que debía reflejarse en los nombramientos, en la práctica cotidiana y en la comprensión profunda de los sistemas normativos y de la propia lengua.

Desde su experiencia, el mayor desafío consistía en desmontar la idea de que la justicia es patrimonio de élites jurídicas y culturales.

Sostuvo que los pueblos originarios no quieren una justicia ajena, sino una justicia con ellos, que reconozca sus heridas históricas, pero también su capacidad para abrir caminos dentro del sistema judicial.

Aunque fue crítica con la ejecución del proceso, mantuvo firme su convicción de que una transformación estructural del sistema judicial es urgente y no puede limitarse a reformas decorativas o simuladas.

Apostó a que, rumbo a 2027, la dinámica electoral se fortalezca con información clara, contiendas dignas y mayor peso a la voz ciudadana, porque, dijo, la lucha por una justicia con rostro de mujer, de comunidad y de tierra apenas comienza.