Exentar a escuelas de pagar agua no sería privilegio fiscal: JC Barragán

MORELIA, Mich., 16 de julio de 2025.- El diputado de Morena, Juan Carlos Barragán Vélez, sostuvo que su propuesta para transformar adeudos por agua potable en inversión educativa no sólo es políticamente viable, sino técnicamente sólida y jurídicamente respaldada. 

En entrevista con Quadratín, dijo que la iniciativa presentada este martes ante el Pleno de la 76 Legislatura, reformaría el artículo 105 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado.

Lo anterior, para establecer una exención condicionada al pago de derechos por servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, exclusiva para inmuebles de instituciones públicas educativas que sean propiedad del Estado o la Federación.

“No estamos exentando de manera indiscriminada, ni perdonando adeudos a ciegas. Se trata de reinvertir esos recursos directamente en infraestructura escolar, mediante un mecanismo legal, fiscalizable y con impacto directo en los planteles”, puntualizó.

La propuesta parte de una realidad crítica: más de 1.2 millones de estudiantes en Michoacán asisten a escuelas públicas que, en muchos casos, carecen de baños dignos, agua potable o instalaciones seguras. 

Señaló que tan sólo la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo enfrenta un adeudo acumulado de aproximadamente 120 millones de pesos con el OOAPAS, concentrado en unas 77 cuentas activas, pese a intentos municipales por reducirlo vía convenios.

Barragán argumentó que este tipo de cargas afectan directamente la operación académica: “Pagar el agua implica dejar de comprar artículos básicos para la higiene o el mantenimiento. La escuela termina sacrificando derechos para cumplir con una obligación financiera”. 

En este sentido, la iniciativa busca canalizar el monto adeudado en obras específicas dentro de los mismos inmuebles educativos.

Mecanismo de reinversión con control público

La reforma contempla que las instituciones beneficiarias deban destinar un monto equivalente al adeudo condonado a infraestructura educativa: rehabilitación de aulas, sanitarios, drenajes, techos o equipamiento básico. 

El gasto deberá comprobarse mediante un informe técnico y financiero entregado al organismo operador de agua correspondiente, con respaldo documental y validación por parte de la autoridad educativa competente.

“El informe será público, verificable y, si no se cumple, el adeudo vuelve a activarse”, explicó Barragán. “No hay margen para desvío o simulación, y eso garantiza que cada peso sirva para mejorar las condiciones escolares”.

El texto del decreto prevé también que la condonación se pierda automáticamente si, en un plazo de 18 meses, la escuela no acredita la reinversión con contratos, facturas y dictamen oficial. 

Además, habilita a la Auditoría Superior para revisar el cumplimiento, según el origen estatal o federal de los recursos.

Sustento constitucional y hacendario

En términos legales, la propuesta se apoya en los artículos 115 y 116 de la Constitución federal, que facultan al Congreso del Estado para establecer excepciones tributarias con base en principios de equidad y utilidad pública. 

La exención no es general ni abierta: sólo aplica a inmuebles públicos usados exclusivamente con fines educativos, excluyendo escuelas privadas o instalaciones subutilizadas o con fines lucrativos.

Además, la medida no altera la autonomía municipal ni compromete las finanzas locales, ya que las leyes de ingresos de los ayuntamientos deberán ajustarse para prever esta exclusión fiscal en ejercicios fiscales posteriores, y aplicar la reforma incluso cuando sus leyes de ingresos vigentes no la reflejen aún.

Justicia social, no privilegio fiscal

Barragán concluyó que el espíritu de la propuesta es canalizar los recursos públicos hacia quienes más los necesitan: las comunidades escolares. 

“No se trata de dar privilegios, sino de corregir una injusticia estructural. En lugar de exigir el pago de un servicio que no reciben plenamente, estamos proponiendo que ese dinero sirva para mejorar sus condiciones de estudio”, dijo.

“Hay escuelas sin agua, sin baños, sin techos. Si el Congreso no actúa, seguirá imponiéndose la lógica de la deuda por encima de los derechos de la niñez y la juventud”, sentenció. “Con esta iniciativa, cada peso condonado será una obra, una mejora, un paso hacia una educación más digna en Michoacán”, concluyó.