Entre reproches políticos, discute Congreso inseguridad en Michoacán

MORELIA, Mich., 16 de diciembre de 2025.- La violencia, los feminicidios y el balance inicial del Plan Michoacán para la Justicia y la Paz dominaron el debate en el Congreso del Estado durante la sesión legislativa de este martes, en una discusión que osciló entre exigencias de justicia, datos duros y señalamientos cruzados entre fuerzas políticas, con el trasfondo de una crisis de seguridad que continúa sin resolverse.

El tema se abrió con la intervención del diputado Reyes Galindo Pedraza, coordinador parlamentario del Partido del Trabajo, quien expresó el reconocimiento a las acciones de la Fiscalía General del Estado, encabezada por Carlos Torres Piña, por la localización y detención del presunto responsable del feminicidio de Maritza Espino, originaria de La Huacana, así como por la localización con vida de sus dos hijas menores. 

Aclaró que el reconocimiento institucional no sustituye la exigencia ciudadana de sanciones ejemplares y de un proceso con estricto apego a derecho.

El debate tomó un giro más concreto con la intervención de la diputada Fabiola Alanís Sámano, quien abordó el feminicidio de Ángeles Esquivel, ocurrido en Zitácuaro y presuntamente cometido por un elemento de la Secretaría de Seguridad municipal. 

Señaló que, a pesar de que desde el primer momento se conoció la identidad del presunto responsable, hasta ahora no se ha informado de su detención, lo que evidencia una falta de debida diligencia y de acceso efectivo a la justicia.

Alanís Sámano expuso cifras para dimensionar la gravedad del problema. En lo que va del año, dijo, Michoacán registra 162 muertes violentas de mujeres, de las cuales el 74 por ciento, es decir 120 casos, fueron perpetradas con arma de fuego. 

Añadió que el uso de armas de fuego para asesinar mujeres se duplicó en la última década, al pasar de 36 de cada 100 casos en 2015 a 74 de cada 100 en 2025. 

Desde el Congreso exigió justicia para Ángeles, sanción para el elemento policial presuntamente involucrado y una actuación con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos.

Desde la oposición, la diputada Teresita de Jesús Herrera, coordinadora parlamentaria del PAN, cuestionó los resultados del Plan Michoacán a un mes de su implementación.

 Afirmó que la realidad cotidiana de las familias no se mide en discursos, sino en la posibilidad de salir a trabajar y regresar con vida a casa. 

Recordó hechos recientes como la explosión de un coche bomba en Coahuayana, con seis personas muertas y 12 heridas, y ataques armados contra policías municipales, como evidencia de que la violencia persiste.

 Si bien reconoció acciones como la incorporación de cámaras corporales en cuerpos de seguridad, advirtió que no son suficientes sin una estrategia integral, evaluable y coordinada.

En respuesta, legisladores afines a Morena defendieron el Plan Michoacán como una estrategia integral. Se mencionaron acciones complementarias en materia social y económica, como el apoyo a productores agrícolas, la apertura de nuevas universidades en municipios como Zitácuaro y Múgica, así como programas dirigidos a jóvenes.

El diputado Octavio Campo Córdova se sumó a la exigencia de justicia por el caso de Ángeles Esquivel y afirmó que no se trató de un accidente, sino de un abuso. 

Señaló que quienes gobiernan son responsables del actuar de sus policías y de las decisiones que se toman, y advirtió que minimizar lo ocurrido o guardar silencio equivale a revictimizar y a enviar un mensaje de impunidad.

El tono del debate se elevó con la intervención de la diputada Ana Vanessa Caratachea del PAN, quien sostuvo que Michoacán se encuentra entre los cinco estados con más mujeres asesinadas y que la tasa de homicidios de mujeres se mantiene por encima de la media nacional desde 2019. 

Añadió que el 96 por ciento de los feminicidios permanece en la impunidad y que en el estado existen únicamente tres refugios para mujeres, cifra que consideró insuficiente frente a la magnitud del problema. Afirmó que las víctimas no necesitan llamados ni discursos, sino resultados y una estrategia efectiva.

Entre reproches y llamados a la unidad, varios legisladores coincidieron en que la violencia no distingue colores partidistas y que el crimen organizado afecta por igual a municipios gobernados por distintas fuerzas políticas. 

En ese contexto, se planteó la necesidad de conformar una comisión legislativa plural que dé seguimiento al Plan Michoacán, evalúe sus resultados y exija información periódica sobre su impacto real.

El debate cerró con posiciones que insistieron en no reducir la seguridad a un enfoque exclusivamente policial, sino integrarla con educación, política social y fortalecimiento institucional, al tiempo que se reiteró la exigencia de justicia en los casos de feminicidio. 

La sesión dejó al descubierto no sólo la profundidad de la crisis de violencia que enfrenta Michoacán, sino también la tensión permanente entre la urgencia de resultados y el uso político del tema en el discurso legislativo.