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MORELIA, Mich., 1 de julio de 2026.- El Congreso de Michoacán aprobó por unanimidad, con 25 votos a favor y sin discusión en el Pleno, una reforma a la Ley de Educación del Estado para que las y los estudiantes que concluyan su servicio social reciban una constancia oficial que acredite las habilidades, destrezas y conocimientos adquiridos durante ese periodo, con el propósito de fortalecer su incorporación al mercado laboral.
La reforma modifica el segundo párrafo del artículo 186 de la Ley de Educación del Estado de Michoacán y establece que las autoridades educativas, en coordinación con las instituciones de educación superior y, en su caso, de educación media superior, deberán emitir un documento que reconozca formalmente la experiencia obtenida por las y los estudiantes durante la prestación del servicio social.
El dictamen, elaborado por la Comisión de Educación, parte del argumento de que el servicio social constituye una etapa fundamental en la formación profesional, al permitir que los estudiantes apliquen en escenarios reales los conocimientos adquiridos en las aulas, desarrollen habilidades de trabajo colaborativo y fortalezcan su vinculación con las necesidades de la sociedad.
Durante la exposición de motivos se advierte que uno de los principales obstáculos que enfrentan los egresados al buscar empleo es la falta de experiencia acreditable, pese a que el servicio social representa un periodo de aprendizaje práctico y de desempeño en entornos laborales y comunitarios.
El documento retoma datos del estudio Future Ready Talent. Lo que se busca en los egresados, elaborado por Tecmilenio y la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos, según el cual siete de cada diez egresados son rechazados por empresas debido a la falta de habilidades prácticas; además, 75 por ciento de las compañías en México reporta dificultades para encontrar talento preparado para enfrentar situaciones reales de trabajo.
Asimismo, refiere que un recién egresado puede tardar entre seis y doce meses en conseguir su primer empleo formal y que la tasa de desocupación juvenil alcanza 5.4 por ciento, el doble del promedio nacional.
La Comisión de Educación concluyó que la emisión de esta constancia permitirá visibilizar y acreditar formalmente las capacidades desarrolladas durante el servicio social, otorgando mayor certeza jurídica al reconocimiento de esa experiencia y ampliando las oportunidades de inserción laboral de los egresados.
Con la modificación aprobada, el servicio social seguirá siendo requisito previo para obtener el título o grado académico correspondiente, pero ahora las instituciones educativas deberán emitir una constancia oficial que reconozca las habilidades, destrezas y conocimientos adquiridos como parte de esa experiencia en el desempeño de labores profesionales.
El decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado y las autoridades e instituciones educativas contarán con un plazo de 90 días naturales para adecuar su normativa interna a las nuevas disposiciones.