En Michoacán 60% de la niñez es criada con violencia; van por ley

MORELIA, Mich., 29 de junio de 2025.- En respuesta a cifras que revelan que 6 de cada 10 niñas, niños y adolescentes en México han sido disciplinados con métodos violentos, el Congreso de Michoacán discutirá esta semana una iniciativa para establecer la crianza positiva y el buen trato como principios rectores en la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

La propuesta plantea reformar los artículos 5 y 58 de dicha ley para definir legalmente estos conceptos y convertirlos en obligaciones para quienes ejercen la patria potestad, la tutela o cualquier función de cuidado infantil. Se busca con ello prevenir afectaciones al desarrollo físico, emocional, psicológico e intelectual de la infancia michoacana.

El documento refiere que de acuerdo con el Inegi, 60 por ciento de los niños ha sido disciplinado de manera violenta; ante ello, advierte que la violencia en la crianza no sólo persiste, sino que está normalizada en muchos entornos familiares y escolares.

Las prácticas basadas en castigos físicos, humillaciones o amenazas, lejos de educar, anulan la autonomía, reducen la creatividad y obstaculizan el desarrollo de capacidades en niñas y niños.

Desde esta óptica, el buen trato se entiende como una forma de relación basada en el respeto y la atención integral a los derechos de la infancia, mientras que la crianza positiva incluye prácticas de cuidado, formación y guía sin recurrir al miedo ni a la imposición.

A pesar de que organismos como UNICEF han promovido estos enfoques en el diseño de políticas públicas, en Michoacán las acciones institucionales en esta materia siguen siendo incipientes, desarticuladas y sin sustento normativo. Por ello, la iniciativa plantea una reforma estructural que sirva de base para futuras estrategias de prevención de la violencia infantil.

La iniciativa será presentada al Pleno del Congreso del Estado el próximo miércoles por representantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

La reforma no contempla sanciones, pero busca establecer un marco legal para transformar el ejercicio de la crianza y fortalecer la protección de derechos desde los primeros años de vida.