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MORELIA, Mich., 4 de diciembre de 2024.- La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán (SSP) enfrenta un desafío significativo en el financiamiento de sus operaciones, ya que de los 5 mil 900 millones de pesos que propone para 2025, 3 mil 483 millones están destinados únicamente a sueldos y salarios del personal, según el desglose presentado por el titular de la dependencia, Juan Carlos Oseguera Cortés, ante legisladores del Congreso de Michoacán.
En reunión, con diputados integrantes de las comisiones de Programación Presupuesto y Cuenta Pública y Hacienda y Deuda Pública, este miércoles, Oseguera refirió que este monto representa una prioridad crítica dentro del presupuesto, mientras que otras áreas esenciales de la seguridad pública permanecen bajo presión debido a un déficit del 62 por ciento en estímulos y reconocimientos para los elementos de seguridad.
El déficit no sólo impacta los incentivos, sino también la operatividad general, con necesidades urgentes de equipo básico como radios de comunicación, drones, chalecos balísticos y mantenimiento de cuarteles.
Este último punto incluye gastos en infraestructura básica, como bardas y servicios para las instalaciones recién rehabilitadas, como el cuartel Valladolid en Morelia.
A pesar de los avances logrados, como la reducción del número de homicidios dolosos y la desarticulación de 96 barricadas en el estado, la dependencia asegura que requiere mayor inversión para consolidar estos logros.
Refirió que Michoacán ha mostrado resultados significativos en materia de seguridad. Entre ellos, 65 mil 290 personas han sido remitidas a barandilla, 8 mil 768 vehículos robados han sido recuperados y se han cumplido 4 mil 396 órdenes de aprehensión desde 2021.
Sin embargo, dijo que la operatividad diaria de los 5 mil 086 elementos de la Guardia Civil continúa dependiendo de un presupuesto insuficiente que cubra no solo salarios, sino también materiales y suministros esenciales, como combustibles y alimentos.
La estrategia de seguridad estatal se ha apoyado en el uso de tecnologías avanzadas, como el reconocimiento facial y los 52 arcos carreteros instalados, que permiten localizar vehículos robados y rastrear personas.
No obstante, a decir de Oseguera Cortés, estos esfuerzos tecnológicos conllevan altos costos operativos, como los 6 millones de pesos mensuales que se destinan al consumo de energía eléctrica de las cámaras de videovigilancia.
Michoacán también ha reforzado su coordinación interinstitucional, destacando operativos con la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía General de la República.
Estas acciones han logrado desmantelar bandas delictivas, recuperar más de 162 mil litros de hidrocarburos y decomisar mil 268 armas largas, además de otros resultados operativos relevantes.
A pesar de los avances y reconocimientos internacionales, como ser señalado por la embajada de Estados Unidos como el estado con mayor combate a la impunidad en 2023, la SSP advierte que la continuidad de estos logros depende de una asignación presupuestal adecuada.
La dependencia busca garantizar no solo la estabilidad operativa de la Guardia Civil, sino también el cumplimiento de sus compromisos en un entorno donde la seguridad sigue siendo un desafío complejo.




