Removerá Morena a representante electoral por ser deudor alimentario
MORELIA, Mich., 26 de octubre de 2026.- El Congreso de Michoacán publica documentación de contrataciones correspondientes a 2026, pero en el apartado de su portal oficial destinado al padrón de proveedores y contratistas únicamente aparecen registros de 2025, una falta de actualización que dificulta conocer de manera integral a las personas físicas y empresas con las que el Poder Legislativo establece relaciones comerciales.
La revisión del sitio institucional permite identificar dos publicaciones en el apartado denominado Listado de Proveedores y Contratistas: una del 14 de octubre de 2025 y otra del 31 de diciembre del mismo año. Al 26 de octubre de 2026 no se identifica allí una actualización correspondiente al ejercicio en curso, aunque en otras secciones del portal sí existen documentos de procedimientos de contratación de este año.
Entre ellos figura el contrato identificado con la clave CEM-SAF-ICTP-SEGURO-001-26, relativo a seguros, acompañado de documentación del procedimiento, incluida un acta de fallo. Su publicación acredita actividad contractual en 2026, pero no permite establecer por sí sola el número total de contratos celebrados ni el monto global comprometido por el Congreso durante el ejercicio.
La ausencia de un listado actualizado tiene implicaciones para la fiscalización ciudadana: dificulta conocer quiénes integran el universo de proveedores del año, contrastar sus nombres con los contratos publicados y examinar posibles concentraciones de adjudicaciones entre determinadas empresas o personas. Tampoco facilita realizar cruces sistemáticos para identificar eventuales vínculos entre proveedores y servidores públicos.
Los Lineamientos Técnicos Generales de Transparencia, reformados en febrero de 2024, establecen que el padrón de proveedores y contratistas debe actualizarse al menos cada tres meses y conservar la información del ejercicio vigente y del inmediato anterior. También contemplan que los datos guarden correspondencia con los contratos, licitaciones, invitaciones y adjudicaciones directas reportados en otras obligaciones de transparencia.
Esta exigencia no se limita a publicar nombres. La información permite identificar a los particulares que reciben contratos públicos y su actividad económica, elementos relevantes para dertectar posibles conflictos de interés y facilitar la vigilancia del gasto. La falta de actualización en el apartado revisado reduce esas posibilidades de escrutinio, aunque no demuestra por sí misma irregularidades en las adjudicaciones.
La administración de esos recursos corresponde a la Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso, mientras que la Contraloría Interna tiene atribuciones de control, revisión y fiscalización del ejercicio presupuestal.
El tema también ha sido objeto de una propuesta de regulación interna. El 7 de octubre de 2025, el diputado Juan Pablo Celis Silva presentó un proyecto para expedir el Reglamento para las Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Bienes y Servicios del Poder Legislativo de Michoacán. La presentación de esa propuesta no acredita, por sí misma, que el reglamento haya sido aprobado o se encuentre vigente.
La revisión documenta una diferencia entre la información contractual de 2026 y la actualización del padrón disponible en el apartado institucional correspondiente.
No permite concluir que el Congreso carezca de un registro interno de proveedores ni descartar que existan datos adicionales en la Plataforma Nacional de Transparencia. Quedan por establecer el número total de contratos formalizados este año, sus montos, las empresas beneficiadas y las razones por las que no aparece publicado un listado correspondiente a 2026 en esa sección del portal.




