Congreso de Michoacán, sin órgano para sancionar violencia política

MORELIA, Mich., 26 de enero de 2026.- El Congreso de Michoacán carece de un área, mecanismo o procedimiento interno para atender, investigar y sancionar casos de violencia política contra las mujeres en razón de género cometidos en el ámbito parlamentario, lo que mantiene un vacío institucional para la protección de los derechos político electorales de las legisladoras.

Así lo advirtió la magistrada Alma Rosa Bahena Villalobos, al presentar un balance de los asuntos atendidos por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán en la última década, periodo en el que se han recibido denuncias que involucran conductas ocurridas dentro del propio Congreso local.

En entrevista con Quadratín, a pregunta expresa la Magistrada señaló que “en la agenda parlamentaria sería importante que se reformara la legislación local para sancionar y hacer la reparación integral del daño” a las víctimas de violencia política de género.

Y es que, reconoció que existe “un pendiente respecto de algún mecanismo y procedimiento y órgano sancionador al interior del Congreso de Michoacán, que no cuenta con un área que cumpla esta función.

Precisó que actualmente el Tribunal Electoral no cuenta con competencia para sancionar este tipo de conductas cuando se presentan exclusivamente en el ámbito parlamentario. 

"Nosotros, el tribunal que está en Michoacán, no tenemos competencia para sancionar este tipo de conductas”, afirmó.

Bahena Villalobos expuso que, a lo largo de la última década, en el Tribunal se han recibido únicamente tres asuntos por posibles conductas que afectan los derechos político electorales de legisladoras, lo que evidencia la falta de una ruta institucional clara para atender este tipo de casos dentro del Poder Legislativo.

Indicó que resulta necesario “que se implementara y se pusiera sobre la mesa esta legislación para que sea sancionable”, a fin de que las conductas que, a consideración de las propias legisladoras, vulneran sus derechos político electorales y se sustentan en el elemento de género, cuenten con un cauce legal efectivo.

La Magistrada subrayó que, sin un órgano interno con atribuciones definidas, las denuncias por violencia política de género en el Congreso quedan en una zona de indefinición, lo que limita tanto la sanción de las conductas como la reparación integral del daño a las víctimas.