Concluyen 9 inhabilitaciones a exfuncionarios de Morelia

MORELIA, Mich., 30 de octubre de 2026.- Nueve inhabilitaciones contra ocho exfuncionarios de Morelia, derivadas de faltas administrativas relacionadas con contrataciones públicas, manejo presupuestal y abuso de autoridad, tenían como fecha de conclusión el 13 de octubre.

Según el padrón de servidores públicos sancionados difundido por la Secretaría de Contraloría de Michoacán (Secoem), con corte al 30 de septiembre de 2026, seis sanciones fueron por violaciones a leyes y normatividad presupuestal, dos por irregularidades en procedimientos de contratación y una por abuso de autoridad.

Entre los sancionados figuran Mario Rodríguez Loeza y Javier Barrón Murillo, vinculados con la Secretaría de Urbanismo y Obras Públicas de Morelia, quienes recibieron inhabilitaciones pror violaciones a procedimientos de contratación pública.

Rodríguez Loeza acumula además otra sanción por incumplimientos de la normatividad presupuestal, por lo que aparece dos veces en el padrón.

También figuran Ana Luz Guerrero Cancino y Manuel Juárez Jacobo, de la Secretaría de Administración; José Luis Jacinto Pulido, de Turismo; Marco Antonio Ávalos Ávalos, de de la Dirección de Ingresos de Tesorería, y Sergio Adem Argueta, de Urbanismo y Obras Públicas, todos por violaciones a la normatividad presupuestal.

El noveno registro corresponde a Abraham Naín Vallejo Chávez, del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, sancionado por abuso de autoridad.

Las resoluciones fueron emitidas entre 2023 y 2024 por la Contraloría Municipal de Morelia, mientras que las inhabilitaciones comenzaron el 13 de octubre de 2025, con duración de un año.

Aunque el padrón estatal establece el 13 de octubre de 2026 como fecha de conclusión de las nueve sanciones, no precisa las conductas específicas, los montos involucrados ni si existen otras restricciones vigentes contra los exfuncionarios.

Las sanciones fueron impuestas por la Contraloría Municipal, no por Secoem, dependencia estatal encargada de difundir el registro; la conclusión de las inhabilitaciones deberá corroborarse con las autoridades correspondientes para determinar si los involucrados pueden reincorporarse al servicio público.