Buscan frenar fraude notarial en Michoacán con biometría obligatoria

MORELIA, Mich., 8 de abril de 2026.- Con el argumento de cerrar espacios a delitos como el fraude, el despojo y la usurpación de identidad, en el Congreso del Estado se impulsa una reforma a la Ley del Notariado de Michoacán para establecer la validación obligatoria de identidad mediante datos biométricos en todos los actos notariales.

La iniciativa plantea modificar diversos artículos de la legislación vigente para que los notarios ya no se limiten a “conocer” a los otorgantes por su nombre y apellidos, como actualmente lo permite la ley, sino que deban verificar su identidad a través de documentos oficiales vigentes que serán validados con biometría y cuya constancia quedará integrada en el apéndice de cada escritura.

En la exposición de motivos se advierte que el esquema actual resulta insuficiente frente a prácticas delictivas cada vez más sofisticadas, particularmente aquellas relacionadas con la suplantación de identidad, mediante las cuales se realizan actos traslativos de dominio, se obtienen poderes notariales o se accede a bienes ajenos de manera indebida.

La propuesta reconoce que, en la práctica, los notarios no cuentan con herramientas suficientes para confirmar la autenticidad de los documentos que se les presentan, y que incluso pueden ser utilizados sin saberlo en la formalización de actos ilícitos, pese a actuar con apego a la ley.

Por ello, se establece que cada notario deberá contar con al menos un sistema de validación biométrica qeu le permita verificar la identidad de quienes comparecen ante él. Esta obligación implicará la incorporación de herramientas tecnológicas en el ejercicio de la función notarial.

El proyecto también contempla escenarios excepcionales. En caso de que no sea posible validar la identidad mediante biometría por causas de fuerza mayor o por limitaciones en los documentos presentados, el notario, bajo su estricta responsabilidad, deberá identificar a los comparecientes mediante al menos dos identificaciones oficiales vigentes, además de recabar huellas digitales y firma para dejar constancia en el instrumento notarial.

Para personas extranjeras que no cuenten con documentos oficiales mexicanos que permitan validación biométrica, se prevé su identificación mediante pasaporte vigente, igualmente acompañado de huellas digitales y firma.

Asimismo, se refuerzan las obligaciones del notario para verificar la capacidad legal de los otorgantes, asegurando que no existan manifestaciones evidentes de incapacidad ni conocimiento de que estén sujetos a restricciones civiles.

La iniciativa también abre la puerta a que el Consejo de Notarios suscriba convenios con autoridades emisoras de documentos de identificación que cuenten con certificación biométrica, con el fin de acceder a bases de datos que permitan fortalecer los procesos de validación.

En el documento se advierte que los delitos vinculados a la actividad notarial, particularmente la usurpación de identidad, pueden derivar en fraudes patrimoniales, despojos e incluso ilícitos fiscales, lo que hace necesario actualizar el marco normativo ante un contexto donde la tecnología ya forma parte de los mecanismos de seguridad jurídica en otras entidades del país.

Aunque se reconoce que los notarios pueden no tener responsabilidad directa cuando actúan de buena fe y sin conocimiento de actos simulados por los comparecientes, la reforma busca reducir el margen de riesgo mediante la incorporación de controles más estrictos.

De aprobarse, se establece un plazo de 180 días naturales para que los notarios públicos implementen las herramientas tecnológicas necesarias para cumplir con la validación biométrica obligatoria.

Con esta propuesta, según se expone, se busca fortalecer la certeza jurídica en los actos notariales y proteger el patrimonio de la ciudadanía, en un contexto donde la identidad se ha convertido en uno de los principales puntos de vulnerabilidad en la comisión de delitos.