Busca el Plan de Desarrollo Integral la pacificación de Michoacán

MORELIA, Mich., 4 de agosto de 2022.- Sentar las bases para la reconciliación y pacificación de Michoacán, mediante un cambio de paradigma en la estrategia de seguridad pública, con pleno respeto a los derechos humanos, se establece en el eje uno, armonía, paz y reconciliación, del Plan de Desarrollo Integral 2021-2027.

La apuesta es reducir su base social a la criminalidad mediante la incorporación masiva de jóvenes al estudio, al trabajo y al deporte; un nuevo esquema de prevención y tratamiento de adicciones; y la recuperación del principio de reinserción social, se indica en el documento.

En el diagnóstico se señala que en los últimos años la violencia derivada de la disputa territorial de grupos del crimen organizado ha impuesto dinámicas en muchas regiones del país y, en Michoacán se han agravado escenarios violentos muy focalizados, derivados de un abandono histórico en la construcción de capacidades institucionales y de confianza en las policías, lo que impactó en la gobernabilidad democrática en algunas zonas.

Se reconoce la inseguridad como un fenómeno complejo, que no se puede entender exclusivamente a partir de las cifras de los delitos denunciados, ya que existe una gran cantidad de conductas ilícitas que no se denuncian por falta de confianza en las instituciones.

Si bien la violencia criminal ha afectado a comunidades enteras y ha tenido, entre sus más graves consecuencias, el desplazamiento forzado de algunas poblaciones y el bloqueo prolongado de vías de comunicación, esta no es una situación generalizada en el estado, por lo que se considera que Michoacán ha sido estigmatizado injustamente como un estado violento y se ha generado una percepción de inseguridad que nos daña a todos.

Sin embargo, se acepta que, como resultado de la agudización de los conflictos criminales, la incidencia de homicidios dolosos en Michoacán en los últimos cinco años casi se duplica y tan solo en 2021, el 83% de todos los homicidios dolosos reportados presentaron características que sugieren que fueron cometidos por organizaciones delictivas.

Lo anterior es una amenaza latente a la estabilidad de las instituciones democráticas y del Estado, ha impactado gravemente en las condiciones de bienestar de la población, el debilitamiento del tejido y la cohesión social.

Se considera que para avanzar realmente en la construcción de seguridad y paz es necesario comprender la naturaleza de la criminalidad y para abordarla se seguirán coordinando esfuerzos con las Fuerzas Armadas, erradicar la impunidad y garantizar a las víctimas el acceso a la justicia.

Además, se anuncia que en los próximos años se construirá e implementará una amplia agenda para el desarrollo social que atienda las causas profundas que generan la violencia y la inseguridad, como la pobreza y la marginación.

Por eso, se plantea una política de seguridad ciudadana que garantice el respeto a los derechos humanos y el bienestar, que priorice la prevención social de la violencia, lo que requiere un esfuerzo interinstitucional y corresponsable con distintos actores sociales.

En el documento se consignan las acciones que para esto ya se están llevando a cabo como la creación del Fondo para el Fortalecimiento para la Paz (Fortapaz), la transformación de la Policía Michoacán en una Guardia Civil, el programa de desarme, los convenios de coordinación con los estados colindantes y colaboración con la Fiscalía General del Estado.