Procedente, queja contra exfuncionaria de GobMich por discriminación

MORELIA, Mich., 13 de agosto de 2026.- El Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia (COEPREDV) determinó procedente la denuncia contra Bárbara Ramírez Pedraza, exdirectora de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno, por actos de discriminación contra personas con discapacidad auditiva durante un evento realizado en 2022.

La resolución, emitida el pasado 24 de abril y correspondiente al expediente MOR/26/2022, fue notificada este jueves en el Congreso del Estado, debido a que Víctor Hugo Zurita Ortiz, parte actora del procedimiento, se desempeñaba como diputado local cuando presentó la denuncia, por lo que el Poder Legislativo fue señalado como domicilio para recibir la notificación.

El caso se originó durante el Primer Informe de Gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla, realizado en septiembre de 2022 en la Plaza de San Francisco, donde se habilitó un área de sillas para personas con discapacidad auditiva, cercana al templete, con el objetivo de que pudieran observar al intérprete de Lengua de Señas Mexicana.

De acuerdo con los antecedentes del caso, Ramírez Pedraza, quien entonces se desempeñaba como directora de Derechos Humanos del Gobierno del Estado, ocupó uno de los espacios destinados a integrantes de la comunidad sorda y, al solicitarle que respetara el lugar, habría respondido que dichos espacios eran utilizados para la foto. 

La queja fue posteriormente ratificada ante el COEPREDV por integrantes de la Asociación Mexicana de Sordos, quienes consideraron que lo ocurrido representó un acto de discriminación hacia la comunidad sorda.

Tras analizar el caso, el Consejo determinó que se acreditaron elementos de discriminación y que las acciones de la exfuncionaria vulneraron los principios de igualdad y no discriminación, además de constituir discriminación y violencia institucional y social.

Como parte de la resolución, el COEPREDV impuso a Bárbara Ramírez una amonestación pública por actos de discriminación y dio vista a la Secretaría de Contraloría para que, en su caso, determine si existen responsabilidades administrativas.

Asimismo, estableció que deberá tomar un curso de sensibilización sobre igualdad y no discriminación en un plazo máximo de 30 días hábiles, además de emitir una disculpa pública dirigida a las personas afectadas, particularmente a las personas con discapacidad y a la comunidad sorda.

La disculpa deberá realizarse en un acto público, reconocer la responsabilidad y aceptar los hechos, además de contar con interpretación en Lengua de Señas Mexicana.

Es de recordar que la denuncia fue presentada en 2022, cuando Víctor Hugo Zurita Ortiz aún se desempeñaba como diputado local, y que para febrero de 2023 integrantes de la Asociación Mexicana de Sordos acudieron ante el COEPREDV para ratificar la queja.