Analizan quitar bonos en Congreso en medio de opacidad salarial

MORELIA, Mich., 8 de abril de 2026.- La Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado analiza una reforma que plantea eliminar los bonos, gratificaciones y cualquier tipo de compensación por conclusión del encargo a servidores públicos, en medio de cuestionamientos sobre la falta de claridad en los ingresos adicionales de las y los diputados.

La iniciativa propone elevar a rango constitucional la prohibición de percepciones extraordinarias al término de funciones, bajo el argumento de que el servicio público no debe representar una oportunidad de enriquecimiento, sino una responsabilidad frente a la ciudadanía.

Hace apenas unas semanas, el diputado presidente del Congreso, Baltazar Gaona García, evitó precisar el monto de los ingresos que reciben los legisladores por concepto de prerrogativas, al señalar razones de seguridad.

En ese contexto, versiones al interior del propio Poder Legislativo refieren que dichos ingresos podrían alcanzar entre 500 mil y hasta 700 mil pesos mensuales, aunque estas cifras no han sido confirmadas de manera oficial.

El proyecto forma parte de un paquete más amplio que también plantea imponer límites al gasto del Congreso del Estado y de la Auditoría Superior de Michoacán, con el objetivo de garantizar un uso racional, eficiente y transparente de los recursos públicos, eliminando gastos discrecionales y estructuras administrativas consideradas innecesarias.

En ese sentido, se perfila una reingeniería del gasto legislativo que impactaría directamente en asesorías externas, gastos de representación, servicios de comunicación social de carácter personal y contrataciones que no estén vinculadas de manera directa con las funciones sustantivas del Congreso.

La propuesta establece que los ajustes deberán concentrarse en mandos superiores y en áreas de gasto no esencial, mientras que el personal de base, sindicalizado y operativo deberá mantener sus derechos laborales, por lo que se prevé una aplicación gradual de las medidas.

Entre las disposiciones, se contempla la eliminación de contrataciones externas para eventos, alimentos, arrendamientos y servicios que no resulten indispensables, así como el uso prioritario de recursos propios y plataformas digitales para reducir costos operativos.

También se incorporan medidas de austeridad para la Auditoría Superior de Michoacán, donde se prevé ajustar gastos en fiscalización, eventos institucionales, comunicación social y salarios de mandos superiores, bajo los mismos criterios de disciplina financiera.

Como parte del rediseño institucional, la iniciativa incluye la incorporación de la revocación de mandato como mecanismo de democracia participativa, mediante el cual la ciudadanía podrá decidir la conclusión anticipada del cargo del titular del Poder Ejecutivo estatal.

Para ello, se requerirá el respaldo de al menos el 10 por ciento de la lista nominal de electores en la mitad más uno de los municipios, con una participación mínima del 40 por ciento para que el resultado sea vinculante y se defina por mayoría absoluta.

La jornada de votación se realizaría el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de gobierno, no coincidiría con procesos electorales y estaría a cargo del Instituto Electoral de Michoacán.

La propuesta también contempla la reducción de la burocracia municipal mediante la disminución del número de regidores, con el objetivo de ajustar el tamaño de los cabildos a la capacidad presupuestal y población de cada municipio.

Asimismo, se refuerzan los principios de austeridad, racionalidad y disciplina financiera en el ejercicio del gasto público estatal y municipal, además de establecer límites a las remuneraciones de autoridades electorales conforme a la Constitución federal.

Como parte de su eventual implementación, el Congreso tendría que elaborar un plan de ajuste presupuestal qeu incluya diagnóstico, calendario de adecuaciones y medidas de protección laboral.

Al tratarse de una reforma constitucional, la propuesta deberá ser dictaminada en comisiones, aprobada por el Pleno y posteriormente avalada por los ayuntamientos para su entrada en vigor.