Advierten riesgos de autogobiernos sin aval del IEM

MORELIA, Mich., 31 de octubre de 2025.- El fallo del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (Teemich), que este jueves validó el autogobierno de Aranza sin la intervención del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), podría poner en riesgo la legitimidad de los procesos comunitarios.

Así lo advirtió Arturo Hernández Vázquez, exsecretario nacional de Pueblos Indígenas en el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, en entrevista con Quadratín.

“El análisis debe ir más allá de si intervino o no el IEM; lo importante es garantizar que todos los integrantes de la comunidad tengan el mismo derecho a participar”, señaló el también presidente municipal de Tangancícuaro. 

A su decir, sin lineamientos claros sobre convocatoria, publicidad o criterios de participación, las decisiones sobre autogobierno pueden quedar en manos de grupos reducidos.

Puso como ejemplo el caso hipotético de una comunidad con 10 mil habitantes donde solo diez personas elijan un consejo comunal. 

“¿Es válido o no es válido? Si después se reúnen 100 o 500 y eligen otro consejo, ¿cuál tiene la validez?”, cuestionó.

Hernández Vázquez enfatizó que la intervención del IEM no representa una intromisión, sino una garantía de certeza: 

“Todo proceso democrático, incluso bajo usos y costumbres, debe tener un procedimiento claro. La presencia del IEM da fe del cumplimiento de ese procedimiento”.

El exdirigente panista alertó que la ausencia de un árbitro electoral o de un fedatario imparcial abre la puerta a impugnaciones y resta legitimidad a las decisiones comunitarias. 

“Cuando no hay convocatoria ni un ente revisor, ¿dónde queda el sustento de la legitimidad?”, planteó.

Desde su experiencia como alcalde, reconoció que el impulso de autogobiernos suele surgir como respuesta a la falta de atención gubernamental. 

“No es algo que deba celebrarse o condenarse; es una reacción ante la ausencia de inversión o participación”, apuntó.

Explicó que la situación se complica porque, aunque el Estado reconoce a las comunidades como sujetos de derecho para ejercer recursos directos, la Federación no lo hace. 

“Entonces, si hay una observación o sanción federal, ¿quién es el responsable? ¿El presidente municipal o el autogobierno que no tiene reconocimiento federal?”, cuestionó.

Para Hernández Vázquez, corresponde al Congreso del Estado emitir leyes claras que regulen los procedimientos de autogobierno y la asignación de recursos a comunidades indígenas.

 “La clave está en la claridad: sin reglas, cualquier decisión puede volverse impugnable”, concluyó.