Condena CSIM que Congreso retrase a 2027 consulta indígena en educación
MORELIA, Mich., 30 de diciembre de 2025.- El año 2025 marcó, según el análisis político de Federico Berrueto, la consolidación de un nuevo régimen en México con rasgos claramente autoritarios, caracterizado por la eliminación de contrapesos institucionales, la persecución de voces críticas y la judicialización de la libertad de expresión.
En este contexto, dijo en entrevista con Quadratín, destaca la reconfiguración del Poder Judicial Federal mediante una elección popular inédita y ampliamente cuestionada, que derivó en un sistema judicial subordinado, con bajos niveles de profesionalismo y graves fallas en su desempeño.
El analista político agregó que el debilitamiento del Estado se agrava por la creciente penetración del crimen organizado en estructuras políticas, económicas y de seguridad en amplias regiones del país.
Casos como los ocurridos en Michoacán, dijo, evidencian colusión entre autoridades locales y redes criminales, así como una normalización de la extorsión y la impunidad. La falta de investigaciones profundas y el control político de la procuración de justicia refuerzan un ciclo de impunidad que ha generado un gran descontento social.
En el ámbito internacional, indicó Berrueto, México enfrenta una relación cada vez más complicada con Estados Unidos, particularmente bajo la presidencia de Donald Trump. La alta dependencia económica, con cerca del 80 por ciento del comercio vinculado al mercado estadounidense, ha derivado en concesiones en temas como migración, extradiciones, sobrevuelo de drones, comercio con China y manejo de recursos estratégicos como el agua. A ello se suma la incertidumbre económica generada por la política arancelaria.
En contraste, subrayó, la política exterior mexicana ha mostrado cercanía con regímenes autoritarios como Cuba, Venezuela y Nicaragua, lo que ha tensado aún más la relación con Estados Unidos y ha generado críticas por el respaldo diplomático y material a estas naciones.
Ante este panorama, puntualizó, la solución a la crisis de seguridad, impunidad y debilitamiento institucional no vendrá, al menos en el corto plazo, desde las instituciones públicas, sino que la presión para el cambio podría surgir desde la sociedad civil, a través de la movilización local y la participación democrática.




