Tras bambalinas

Golpe al Estado, desde Palacio Nacional. 

Por Jorge Octavio Ochoa. No es un tema de honestidad ni de ahorros. Es un asunto de control absoluto del poder. Lorenzo Córdova y Ciro Murayama se van en el primer trimestre del año próximo. Ya no son un obstáculo.  

López Obrador quiere el control de la lista de electores, de las credenciales, de los votos, de los distritos, para empalmarlo todo en un solo padrón de los que son sus votantes leales. 

El golpe se da, en medio de una sorda operación legislativa, que podría convertirse en el robo más grave de la historia, que hará palidecer al Fobaproa y “La Estafa Maestra” juntos. 

La Cámara de Diputados aprobó en este inicio de noviembre, una reforma que permitirá al gobierno federal atraer los fondos de pensiones del IMSS y del ISSSTE. 

Esto pone en vilo los ahorros de ambos sistemas de retiro o jubilación que se han acumulado, vía descuento de nómina, durante años. Quiere quitar la pensión a unos, para otorgar 3, 000 mensuales a otros, de manera directa. 

Así la pretendida solidaridad que quiere imponer AMLO. Con esos recursos también se fondearán los proyectos “estelares” como el Tren Maya, Dos Bocas y el AIFA, que hasta ahora ha sido un fracaso. 

Ese es el tamaño de la segunda traición que empieza a cocinarse. México vive ahora uno de los momentos más dramáticos de su historia, pero al parecer, sus más de 100 millones de habitantes no se han dado cuenta. 

Las libertades, como las hemos vivido hasta ahora, podrían sufrir una regresión de más de 40 años, para situarse en estadios incluso más deplorables que los vividos durante la era del viejo PRI. 

GRAVE COSTO POR EL SÓLO CAMBIO DE NOMBRE AL INE. 

El golpe que se avecina está encabezado por el mismísimo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador quien, en primera instancia, quiere cambiar de nombre y naturaleza jurídica al Instituto Nacional Electoral (INE). 

Bajo el pretexto de un supuesto ahorro, va a desaparecer los Institutos Estatales Electorales y crear una nueva credencial de elector que, por sí sola, costará mucho más dinero que todo lo que se pretende ahorrar. 

Esto implica modificar estructuras, número de miembros, órganos de gobierno y centralizar la administración del padrón electoral, como lo tenía el viejo PRI. Intenta achicarlo a su mínima expresión. 

Desde el centro del país se controlará el listado y, por si esto no fuera suficiente, desaparecerá también al Tribunal Electoral federal y a todos los tribunales estatales. 

FALSO DEBATE. 

En un comparativo somero, el INE cuesta menos que las deudas de PEMEX y CFÉ, o que los fallidos proyectos del AIFA, Tren Maya o Dos Bocas y es menos oneroso que el escandaloso desfalco en SEGALMEX, antes CONASUPO. 

El INE cuesta poco más de 14 mil 400 millones de pesos anuales, frente a más de 224 mil millones en pérdidas de Pemex y 95 mil millones de la CFE, o el criminal desvío de 12 mil millones en la paraestatal Seguridad Alimentaria Mexicana. 

Hoy, la credencial del INE es el único documento confiable con que cuentan los mexicanos, pero de aprobarse la reforma de AMLO, no será seguro. El nuevo documento podría ser utilizado para otros fines. 

Son millones y millones de nombres y personas, ubicables, a disposición de una voluntad que, como vimos con el caso de la militarización, no sabemos hasta dónde llegan sus intenciones.  

Quizá los mexicanos estén de acuerdo con la instauración de un Estado policiaco-militar, so pretexto del combate al crimen organizado y a la brutal violencia que nos rodea. 

Todo esto servirá para “acuerpar” a un partido que no acaba de consolidarse, porque ni sus propios militantes le tienen confianza, no creen en sus encuestas. MORENA se empieza a dibujar como una RÉMORA de sistema. 

DE LO QUE AMLO NO QUIERE HABLAR. 

El Presidente ha puesto todo su empeño en debilitar al INE, pese a que éste cuenta con una credibilidad incuestionable. Más del 80% de la ciudadanía lo aprueban, al margen de encuestas fallidas que ahora se esgrimen.  

La apuesta de los dos últimos años de gobierno que le quedan, será dejar en el poder a un partido que, para el poco tiempo que tiene de existencia, ya acumula graves casos de corrupción.  

López Obrador no quiere hablar y obviamente los reporteros cooptados de Palacio nunca preguntarán, ya no digamos de los desvíos de SEGALMEX, sino de las auditorías en el ISSSTE.  

Tan sólo en este caso, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tiene detectada a una funcionaria, promovida por López Obrador, que no sólo puso en riesgo 13 millones de archivos médicos de pacientes. 

Resulta que esta dama adjudicó la concesión de servicios de radiografía, endoscopías, tomografía y mastografía a la empresa IMEDIC, que desfalcó a la institución 13 millones de pesos al subcontratar empresas fantasma. 

Se trata de la encargada de compras del ISSSTE, Almendra Lorena Ortiz Genis, quien hasta diciembre del 2021 era la responsable de Vigilancia y Ayudantía del presidente López Obrador, según publicó Nurit Martínez en El Sol de México. 

Se sabe que, desde la cuenta del 2019, la ASF ya había advertido de irregularidades en IMEDIC. La empresa reportó domicilios fiscales falsos en una bodega abandonada, una lavandería, un taller y una plaza comercial. 

EL ESCÁNDALO. 

Esto no se compara con el caso SEGALMEX. Ahí aparece un viejo conocido, Ignacio Ovalle, quien en épocas de Carlos Salinas de Gortari vivió un caso similar de fraude en la antigua CONASUPO.  

Dependiente de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), SEGALMEX está involucrada en la simulación de adquisiciones de leche, trigo y granos básicos, así como otorgamiento de contratos a empresas fantasma.  

Productos de primera necesidad fueron vendidos desde ahí a firmas privadas por debajo de los precios de garantía. Desde 2020 se habla del desfalco en Liconsa y Diconsa. 

El único procesado hasta el momento es René Gavira Segreste, director de Administración y Finanzas de SEGALMEX quien supuestamente operó una red de corrupción a través de contratos irregulares entre 2019 y 2020.  

Pese al monto de irregularidades, se le otorgó el beneficio de la libertad condicional. Solamente tiene que presentarse quincenalmente ante la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares de la Guardia Nacional para la firma de libro. 

El organismo era dirigido por Ignacio Ovalle Fernández, pero fue removido y hoy es director del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed). 

El año pasado, Gavira se presentó por primera vez ante un juez, que lo procesó por la presunta colocación de 950 millones de pesos de Segalmex en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) para la adquisición de bonos bursátiles, lo que es ilegal. 

Tan sólo en Liconsa, se “evaporaron” 79.7 millones de litros de leche líquida que sería transformada en polvo y por cuyo proceso de industrialización se pagó 202.8 millones de pesos, según reveló la ASF. 

Liconsa no ha acreditado que esos 79.7 millones de litros de leche salieran de sus almacenes, ni que fueran transformadas en polvo, según consta en la cuenta pública del 2021, en poder de la Cámara de Diputados.  

Inexplicablemente, Ignacio Ovalle no ha sido llamado por la FGR pese a que, de acuerdo con información previa, hay indicios de triangulación de recursos y lavado de dinero vinculados a la empresa Libre Abordo, en favor de Nicolás Maduro. 

Ovalle fue director de la extinta Conasupo en tiempos de Carlos Salinas de Gortari y en ese entonces fue jefe del ahora presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.  

Al igual que en otros proyectos del actual gobierno, Segalmex carece de reglas de operación, lo que permite el manejo discrecional de recursos, adjudicaciones directas y contratos multimillonarios sin supervisión alguna. 

En la fusión de Liconsa y Diconsa, Gavira despidió injustificadamente a personal de base para después recontratar a otros trabajadores mediante el esquema de outsourcing. 

Esto permitió a la paraestatal sustraer sueldos de cientos de trabajadores “aviadores”, como una especie de “moche”, a través de empresas fachada que negocian las contrataciones con el gobierno federal.  

Se investigan desvíos que van desde el programa de Desayunos Escolares hasta la colocación de 800 millones de pesos en Certificados de Valores Bursátiles que Gavira Segreste operó mientras estuvo en el cargo.  

Como podrán ver, detrás del debate, lo único que hay es la obtención de dinero de dónde sea y como sea. El proyecto de la 4ª Transformación va que vuela para ser uno de los más corruptos de la historia.