Indicador político
Mientras que desde el poder presidencial se insiste en una reforma electoral bajo el argumento de “abaratar” el sistema político, los aliados de Morena se resisten a acompañarla porque saben que sería un suicidio político para ellos. No pocos apuestan a que desde el gobierno los obliguen a aprobarla, con amenazantes expedientes judiciales en mano, como es “el sello de la casa”. Pero hasta ahora no hay una propuesta en firme, sino sólo inquietantes y contradictorias versiones, y pareciera que las negociaciones entre el gobierno y sus aliados se encuentran estancadas.
Entretanto, en los últimos días, se dio a conocer la detención del alcalde de Tequila, Jalisco, acusado de delitos graves y de complicidad con el Cartel Jalisco Nueva Generación, lo cual pone al descubierto, como botón de muestra, las redes que se han tejido para sostener un amplísimo entramado que es el narcogobierno (o narcogobiernos estatales y municipales), auspiciado y protegido desde la Presidencia y muy altos funcionarios gubernamentales de Morena. Y aunque Adán Augusto López ha dejado la coordinación de su grupo parlamentario en el Senado, muy probablemente por presiones y exigencias de los Estados Unidos, otros importantes personajes, como Rubén Rocha, Mario Delgado, Américo Villareal y Ramírez Bedolla, entre muchos más, siguen impunemente ejerciendo a pesar de los probados señalamientos en su contra.
Eso quiere decir que el caso Tequila aparece como una pequeña bola de nieve que puede convertirse en un alud de esa enorme montaña de corrupción en que los gobiernos de Morena convirtieron el quehacer público. Eso es cada día más probable al ver comportamientos grotescos como son los casos de la dictadorzuela campechana Layda Sansores o de la “veracruzana” Rocío Nahle, quienes “ven la tormenta y no se hincan”, sino que siguen exhibiendo su salvajismo político.
En la contraparte, la sociedad mexicana manifiesta importantes signos de fortaleza para resistir los embates autoritarios. Por ejemplo, hace unos días se dio a conocer la convocatoria para conformar un frente amplio democrático por parte de diversos sectores de la sociedad interesados en evitar que se consuma una reforma electoral regresiva. Asimismo, en múltiples e importantes publicaciones desde la academia y en diversos medios de comunicación se sigue denunciando la inconstitucional y anticonstitucional sobrerrepresentación de Morena en las Cámaras de Diputados y Senadores como un atraco a la Constitución, así como la advertencia sobre la pretensión de una reforma político-electoral cuyo único propósito es depositar en Morena y el grupo gobernante el control total de los procesos electorales y borrar del mapa político a las oposiciones.
Por otro lado, se ha anunciado la publicación de un libro testimonial de Julio Scherer García, exconsejero jurídico de López Obrador, en el que supuestamente narra una importante cantidad de decisiones tomadas durante lo que fueron sus relaciones con el expresidente y con otros polémicos funcionarios del oficialismo. Esto es un signo más del acelerado proceso de descomposición, prácticamente a nivel de podredumbre, que ya se está dando en esa coalición de falsa izquierda gobernante, y que habla de que muy probablemente no durarán mucho en el poder.
Además, falta ver cómo operará el factor Trump, insaciable en su sed de fortalecer a los Estados Unidos en las próximas negociaciones del TMEC, que va de la mano con demostrar que él sí puede golpear a los cárteles delictivos mexicanos aliados al narcogobierno morenista, el cual no se atreve a golpearlos de fondo. Es bastante probable que en las próximas semanas veamos acontecimientos que cimbrarán a Sheinbaum y a su jefe, López Obrador.
Por eso los llamados a una unidad nacional de toda la sociedad –“el pueblo", pues- con el gobierno son una ilusión de quienes lo plantean de buena fe y es una absoluta falsedad viniendo desde el poder, cuya presidenta no se cansa de denostar a la oposición.
Y, regresando al tema de la hoy incierta reforma electoral, debemos recordar que ninguna reforma importante al respecto se ha hecho impulsada por los gobiernos en turno y, mucho menos, unilateralmente, sino como exigencias y con el concurso de las oposiciones. Esto no lo estamos viendo ahora.
No sólo eso: las informaciones que desde el gobierno han deslizado en los últimos meses revelan un contenido regresivo, además de que desde la oposición en su conjunto nadie ha exigido hasta ahora la necesidad de una reforma político-electoral, sino la preservación sustancial de lo que hoy tenemos.
En todo caso, yo planteo desde esta tribuna, que si es verdad que este régimen autoritario quiere el fortalecimiento de la democracia, entonces una sola y única reforma es necesaria y urgente para que empiece a aplicarse en el 2027: que se elimine la sobrerrepresentación en las Cámaras de Diputados y Senadores para que cada fuerza política tenga el número de escaños en un porcentaje igual a su proporción de votos obtenidos en las urnas. No más.