Perú: la disputa por el relato

Perú vive hoy una cruenta batalla por la Presidencia de la República entre dos grandes polos: uno, dominado por los sectores conservadores y empresariales de derecha que abandera Keiko Fujimori; y otro, que ha unido a los sectores rurales, populares y progresistas en torno a Roberto Sánchez Palomino para marchar contra las élites económicas del país andino.

El domingo tendrán, sólo ellos dos —Sánchez y Fujimori—, el último debate presidencial antes de presentarse a las urnas el 7 de junio, en la segunda vuelta de la elección presidencial peruana que, hasta hoy, ha estado marcada además por una constante descalificación hacia cuadros que han apoyado al candidato de izquierda.

Desde la derecha se han enfilado baterías para golpear la campaña de Sánchez Palomino. Se ha echado mano de acusaciones ante el Ministerio Público, hasta de una enérgica campaña de desprestigio en contra de su hermano William Sánchez, Walter Flores Choco, Pablo Martín Quiroz Vázquez y el sacerdote Luis Alejandro Bazalar García.

Los ataques se han concentrado sobre Bazalar García, quien es el asesor más cercano de Sánchez Palomino y funge como estratega y guía espiritual del candidato presidencial, algo sumamente respetado en Perú. En 2013, Bazalar fue acusado de violación, pero la Corte Suprema peruana resolvió que nunca existió el delito y lo exoneró. Hoy, un sector de la Iglesia peruana, vinculado a Fujimori, arremete constantemente contra el sacerdote.

Roberto Sánchez y otros dirigentes progresistas suelen hablar de “captura del Estado”, concentración económica y poder político ligado a élites limeñas. Uno de los ejes más fuertes de la crítica hacia Keiko Fujimori es la herencia política del gobierno de su padre, Alberto Fujimori, a quien la izquierda señala de incurrir en autoritarismo, debilitamiento institucional, violaciones a derechos humanos, escándalos de corrupción y control político de instituciones.

Insisten en que Keiko Fujimori reencarna un modelo político y económico que protege intereses empresariales concentrados en cinco grandes grupos con quienes mantiene fuertes vínculos e intereses, y que defiende un sistema que profundizó las desigualdades sociales y regionales.
Esos cinco grupos dominan negocios de seguros, pensiones, consumo masivo, puertos y logística, agroindustria, infraestructura, energía, alimentos, combustibles, fondos de inversión, créditos, supermercados, farmacias, educación privada, hoteles, servicios privados de salud, concentración de nómina de gobierno, dispersión de programas sociales, servicios financieros gubernamentales, minería y medios de comunicación. Tienen el dinero del país.

Además, frecuentemente recuerdan el autogolpe de 1992, las acciones del exasesor Vladimiro Montesinos, los probados casos de espionaje político y la evidente corrupción estatal.
Pero la derecha, concentrada en Fuerza Popular, además de golpear a Sánchez a través de su primer círculo reviviendo temas del pasado que han sido superados hace años, ha proyectado una narrativa de miedo para evitar que la gente vote en la segunda vuelta por la izquierda agrupada en torno a Juntos por el Perú.

Así, las críticas de Keiko Fujimori y del bloque conservador peruano contra Roberto Sánchez y Juntos por el Perú se centran principalmente en temas ideológicos, económicos y de gobernabilidad. Los acusan de ser una izquierda radical y de empujar políticas contrarias al mercado, de generar incertidumbre económica, poner en riesgo la inversión y de poder llevar al Perú a crisis sociales similares a Venezuela o Cuba.

Otra crítica central es la cercanía política de Roberto Sánchez con Pedro Castillo, de quien fue ministro de Comercio Exterior y Turismo. Desde el fujimorismo se acusa a sectores de izquierda leales a Sánchez y Castillo de haber respaldado un gobierno improvisado, tolerar errores de gestión y contribuir a la crisis política de 2021-2022.

Tras la caída de Pedro Castillo, parte de la derecha acusó a dirigentes de izquierda y organizaciones afines de alentar protestas, radicalizar movilizaciones, generar confrontación social, realizar bloqueos de carreteras, orquestar protestas en regiones andinas y movilizaciones constantes contra el Congreso y el gobierno de la República. Se han centrado en una estrategia del miedo.
No sólo eso. De acuerdo con el padre Luis Alejandro Bazalar, la derecha y los grupos empresariales que la apoyan han emprendido una enérgica campaña de desprestigio, a través de los grandes medios de comunicación, contra Roberto Sánchez, al tiempo de cerrar espacios de réplica y exposición a la izquierda peruana y sus simpatizantes.

Una historia que hemos visto ya en México y que cambió con la llegada de Andrés Manuel López Obrador en 2018 a la Presidencia de la República. Perú vive hoy una férrea disputa por el relato de una campaña presidencial que definirá el futuro de 34 millones de personas en el país sudamericano.

RADAR

RESPALDO. Nos comentan que, en momentos en que la seguridad pública y la protección de las mujeres se mantienen entre las principales exigencias sociales en Michoacán, la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso michoacano, Fabiola Alanís Sámano, sostuvo un encuentro con el subsecretario de Prevención de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Torruco Garza.
Más allá del tono amistoso de la reunión, nos dicen, el diálogo dejó ver la construcción de puentes políticos e institucionales en torno a uno de los temas más sensibles para las y los michoacanos: la prevención de la violencia y el respaldo a las mujeres.

La reunión cobra relevancia política porque Alanís no sólo encabeza el Poder Legislativo estatal, sino que además aparece como una de las figuras de Morena con mayor crecimiento rumbo a la sucesión gubernamental de 2027.

Nos hacen ver que su cercanía con perfiles del gobierno federal vinculados a la estrategia de seguridad refleja una apuesta por fortalecer la interlocución con la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, particularmente en áreas donde la ciudadanía exige resultados concretos.
No es casual que la conversación haya girado en torno a seguridad y prevención con enfoque en las mujeres michoacanas. Alanís ha construido buena parte de su trayectoria política en agendas de igualdad, derechos y combate a la violencia de género, por lo que el acercamiento con Torruco Garza también manda señales sobre la intención de articular políticas públicas de prevención social desde una visión más integral y menos reactiva.

En el contexto político estatal, el encuentro también confirma que Fabiola Alanís sigue ampliando relaciones estratégicas dentro de la llamada Cuarta Transformación. Mientras otros perfiles concentran sus esfuerzos en la disputa interna, la coordinadora parlamentaria busca proyectarse como una figura con capacidad de gestión, diálogo con la federación y sensibilidad en temas sociales. Las cosas se mueven rápido en Michoacán.

Un saludo para mis amigos de Quadratín