Necedad criminal

No se sabe si es necedad o ignorancia, o ambas; pero desde hace tiempo se ha denunciado con un sentido de alarma la inseguridad en el espacio aéreo del Valle de México. Entre otros están las colaboraciones de Mauricio Flores y de Darío Celis y Lourdes Mendoza, estos dos, columnistas de El Financiero. No hubo respuesta. La simple degradación de categoría 1 a 2 del sistema aeroportuario por las autoridades norteamericanas por razones de seguridad, bastaba para actuar con sentido de urgencia. El ahorro absurdo, el miedo al jefe o la ignorancia son las causas de la criminal ocultación.

Tuvieron que ocurrir muchos incidentes para que hubiera reacción de las autoridades. Se habla de más de 40 incidentes que se ocultaron. En particular, el dato reciente, aportado por los pilotos de la IATTA, referente a 17 eventos graves en el último año, fue desestimado por las autoridades. La evidencia de un posible incidente en el aeropuerto Benito Juárez por la colisión entre dos aviones de Volaris el pasado sábado obligó a las autoridades a actuar con La renuncia de Víctor Hernández, titular de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano. Ahora el Sindicato Nacional de Controladores Aéreos señala que los incidentes se incrementaron en 300% desde que se rediseñó el espacio aéreo en el Valle de México, y denuncia favoritismo y nepotismo.

El subsecretario responsable de la descomposición en el tema, Carlos Morán Moguel, es hoy director del Aeropuerto Benito Juárez, y a quien se responsabiliza por el desorden en vuelos y la caótica situación en el principal aeropuerto de México.

El Presidente debe actuar con mayor energía y determinación. Por lo pronto, requerir un informe independiente y profesional con recomendaciones para mitigar las situaciones de riesgo, con inclusión del uso óptimo de todo el sistema de aeropuertos del centro del país.

Lo que ocurre es muy grave. El espacio aéreo del centro del país es zona de riesgo y todavía no ha iniciado la operación propiamente del aeropuerto Felipe Ángeles. Las reglas de seguridad no están sujetas a la política ni al capricho. Se inauguró la operación civil en un aeropuerto militar a pesar de las reservas de especialistas sobre las limitaciones del espacio aéreo. Peor aún, desde el gobierno anterior se redujo y en éste se canceló la operación de líneas aéreas comerciales desde el aeropuerto de Toluca. Su operación era suficiente para mitigar la saturación existente, mucho más si se construyera una pista adicional.

El aeropuerto Benito Juárez va en proceso acelerado de chatarrización. La falta de recursos y el desvío de los que pagan los pasajeros por el derecho de uso aeroportuario significa un fraude. Quien paga no tiene el retorno de lo que eroga. Esto porque el recurso fue destinado para indemnizar o para pagar a las empresas a las que se canceló la obra, acusadas de corruptas. Que las terminales aéreas transiten a la condición de centrales camioneras, no es tan preocupante como el deterioro del servicio y las repetidas situaciones de riesgo, denunciadas e ignoradas por las autoridades, comprobadas con la citada degradación del sistema aeroportuario.

El problema es que esta situación caótica se presenta cuando todavía no se han recuperado los niveles de operación prepandemia. En otras palabras, si no hay una corrección de fondo en todos los elementos que inciden en la crisis actual, se agravará. Muy preocupante es la seguridad, pero también atender la dimensión social y económica relacionada con la comunicación por vía aérea.

La necedad tiene origen y nombre: la cancelación del hub aeroportuario de Texcoco y la decisión de López Obrador. Además, la tesis de 95% honestidad (bajo el estándar de la 4T) y 5% capacidad cobra estragos en la calidad del gobierno, especialmente en servicios críticos. Habrá de agradecerse, por mucho, que la tragedia todavía no asome sus fauces, como ocurrió en el Metro de la Ciudad de México y en los repetidos accidentes en PEMEX y la CFE.