Letra muerta

Así, tirada en el suelo, pisoteada durante casi 3 años, cubriéndose de fango y costras de lodo; desgarrada y desecha por el trajín rutinario, que no debería ocurrir, y lo peor aplastada por la marcha de la indolencia, muere en una lona de clausura, la que debía ser orden imperativa de ley.

No es cualquier objeto, representa a nuestro estado de derecho, es decir, representa los valores civilizatorios de nuestra sociedad, gracias al cual las personas no resuelven sus discrepancias asesinándose unas a otras o aplicando crudamente la ley del más fuerte.

Forma parte del pacto que todos aceptamos para poder vivir en sociedad. Lo que ahí se está pisoteando y cubriendo de fango día con día es uno de los principios constitucionales: el derecho a un medio ambiente sano, establecido de manera clara en el artículo 4°, en el apartado de los Derechos Humanos.

El objeto ostenta un par de cadenas de números, ya casi invisibles, que remitían o remiten a un proceso formal signado por una institución, la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Podrán ser números sin referente para cualquier lector, tal vez, pero ¿algo tendrá que representar el caso 1003202109087? ¿algún sentido tendrá que se diga que el número de expediente es MOR/053/24472//2021?

La credibilidad y honra de la Fiscalía General del Estado, y de manera específica la de la Fiscalía Ambiental, están ahí en entredicho, pisoteadas, enlodadas, hecha jirones, en una lona de “clausura” que no clausuró nada, que permite que día con día se siga talando, plantando aguacate, construyendo hoyas y robándose el agua que debería llegar a Etúcuaro y a San Diego Curucupatzeo.

Y no es sólo esta clausura. En Madero existen activas más de 20 denuncias por cambio de uso de suelo, tala ilegal, construcción de hoyas sin estudio de impacto ambiental y sin autorización de Protección Civil e inducción ilegal de plantas de aguacate ―aparte están las cientos de hectáreas de huertas ilegales, establecidas en donde existía bosque y las 730 hoyas que se roban el agua de los maderenses―. En todos los casos las lonas han corrido la misma suerte. En cada predio se pisotea el estado de derecho y se reivindica la “ley del más fuerte”. Son denuncias que han sido correspondidas con amenazas criminales contra quienes las hacen.

En los tiempos que corren es obligada una pregunta: ¿si no pueden con esto, podrán con la delincuencia organizada?

En la Mesa de Seguridad Ambiental de Madero, realizada en la localidad de San Pedro el 20 de octubre pasado, se dijo por parte de los ambientalistas que este predio que en total abarca más de 80 hectáreas, representa el resultado inocultable de la política ambiental en curso. Lo que ahí pasa está ocurriendo en todo Madero y con seguridad es lo que está ocurriendo en la zona aguacatera de Michoacán.

Algo anda muy mal en la Fiscalía Ambiental. El gobernador Bedolla y la diputación local deberían pedir a la Fiscalía General un informe pormenorizado de la ausencia de resultados. Y por resultados no deben tomarse como tales las puras denuncias, que con seguridad abundan, sino la recuperación de los predios forestales a su condición originaria de bosques. Tal vez la institución deba depurarse y reformar sus procedimientos. Con seguridad eso implica a todo el sistema de justicia ambiental.

En el mismo lance de deber con la agenda ambiental el gobernador debe evaluar los avances reales de la política de contención y reversión del cambio de uso de suelo que reiteradamente ha proclamado. En contraste, por casualidad, la Apeam presume un crecimiento de producción de aguacate para este año de más del 5 % y no es a costa de la producción intensiva sino de la expansión de huertas, en los hechos, huertas ilegales.

Veamos algunos datos. En 2023 la Conafor reportaba que de las 180 mil hectáreas de bosque con cambio de uso de suelo en el país 140 mil pertenecen a Michoacán y sólo 40 mil a Jalisco, Colima y Nayarit, es decir, nos llevamos la honra de acreditarnos el 77 % del cambio de uso de suelo nacional. ¿Se debe celebrar?

El SIAP (Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera), por su parte, reconoció en el 2022 que en Michoacán existían 259 769 hectáreas plantadas de aguacate, 11,521 más que en 2021, o sea 4.6 % más, la que parece ser la tasa anual de crecimiento de huertas en nuestra entidad.

Ahora si contrastamos con las cifras de Conafor, tenemos entones que 140 mil hectáreas de aguacate son ilegales, el 53 %, y solo 119 769 están dentro de la ley. No debe sorprendernos entonces que el sistema satelital del gobierno de Michoacán haya detectado hasta abril de este año 10 mil predios con cambio de uso de suelo. Si esto no es caos y ausencia del Estado ¿qué otra cosa puede ser?  

Para la exportación en 2018 la Senasica (Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad) certificó 120 mil hectáreas y en 2022 lo hizo con 152,712, pero la certificación, es bien sabido, no certifica el origen ambiental y sostenible se centra en la perspectiva del valor comercial a partir de la sanidad; esta certificación no ecológica se ha constituido como la estrategia favorita para esconder la destrucción de bosques y privatización de aguas en Michoacán.

Como puede verse lejísimos quedó la propuesta de los productores aguacateros que en el año 2003 le ofrecieron a la Profepa la firma de una carta de intención en la cual se comprometían a frenar el cambio de uso de suelo, así lo refiere el estudio publicado en el año 2009, promovido por Sagarpa-Inifap y denominado “Impactos Ambientales y Socio Económicos del Cambio de Uso de Suelo Forestal a Huertas de Aguacate en Michoacán”, en su página 5: “para no afectar áreas de vocación forestal … porque es causa del cambio climático”, así lo reconocían; hoy en la práctica sostienen lo contrario.

La fotografía de la política ambiental michoacana se resume en una lona de clausura pisoteada, rasgada y enfangada, yaciendo derrotada en la puerta de entrada de una enorme y próspera huerta ilegal de aguacate. El hecho debería de llenar de vergüenza al gobierno de Michoacán y lo debería de llevar también a un proceso de rectificación en sus actuaciones.

La ley, la política ambiental, son pues, en los tiempos que corren, letra muerta. ¡Ojalá que le demostraran a la sociedad lo contario!