La Opción/Jorge Vílchez

La Opción 

Jorge Vílchez  

El Equipo por Michoacán que encabeza Carlos Herrera Tello no acepta el dictamen emitido por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) que validó las elecciones gubernamentales del pasado 6 de junio y, consecuentemente, el triunfo del morenista Alfredo Ramírez Bedolla.   

Para el ex candidato Carlos Herrera tal declaratoria era previsible, puesto que los magistrados actuaron “por consigna y con evidente sesgo político”.   

Así, no le resultó sorpresivo, porque ya vislumbraba que el TEEM “haría oídos sordos a los alegatos y pruebas de las irregularidades en el proceso electoral presentadas”.   

Contrario a ello es la posición del vocero del equipo de transición de Alfredo Ramírez, Carlos Torres Piña, cuando advierte que el Tribunal Electoral de Michoacán desestimó las impugnaciones de la alianza PRI, PAN y PRD “por falta de pruebas”.  

Para abundar en tal argumento, el ex consejero electoral Humberto Urquiza informó que derivado de las impugnaciones que presentaron los partidos políticos fueron anulados 16 mil votos que, frente a 1 millón 800 mil sufragios que fueron depositados en urnas, no representan ni el 1 por ciento de la votación total. 

Además, añade, la cantidad de casillas anuladas fueron 61, que significan 0.9 por ciento de las instaladas (6 mil 168). Por lo tanto, en ambos casos, no se llega ni al 1 por ciento de la afectación del resultado, y esto es importante para la ley, porque dice que se debe acreditar el 20 por ciento. 

Sin duda, la lucha post electoral sigue su curso y, por el momento, tiende a recrudecerse.  

A ello se suma la posición asumida por el gobernador Silvano Aureoles Conejo, quien ha iniciado una cruzada de información sobre los pasados comicios, argumentando la intromisión del crimen organizado para hacer triunfar al ya gobernador electo Alfredo Ramírez.  

Es un hecho que la narrativa de Silvano Aureoles Conejo estaría creando en el imaginario colectivo la presunción de que el morenista Alfredo Ramírez encabezaría un “narco-gobierno”. Quiérase que no, la imagen de Alfredo Ramírez estaría deteriorándose ante tanto señalamiento de Aureoles Conejo en el país y el extranjero.  

Mientras tanto, los aliancistas solo estaban esperando el resolutivo de Tribunal Electoral para iniciar la otra ruta jurídica y seguir ventilando su inconformidad con las elecciones del 6 de junio y el dictamen del órgano electoral michoacano.   

En breve acudirán ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde presentarán lo que han denominado el “juicio madre”. 

 Y no obstante que digan que no hay pruebas y que el proceso electoral fue democrático, los morenistas como Raúl Morón, Carlos Torres Piña o la petista Mary Carmen Bernal, mantienen cierto temor de que el TEPJF les anule la elección del pasado 6 de junio. 

 Porque para los aliancistas que postularon a Carlos Herrera Tello como candidato gubernamental, hay elementos probatorios suficientes para anular la elección del pasado 6 de junio. 

Sin duda, el conflicto post-electoral aún no ha con concluido y los morenistas no pueden aún cantar victoria.  

Así, será el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el que tenga la última palabra sobre el proceso electoral del pasado 6 de junio. 

Al tiempo. 

Trabajará hasta el último día el gabinete de Silvano Aureoles. 

De cara al cierre de la administración 2015-2021, el Gobernador Silvano Aureoles Conejo aseguró que no se disminuirá el ritmo de trabajo en las dependencias estatales, ni se relajarán las medidas sanitarias hasta el 30 de septiembre. “Vamos a organizarnos bien para concluir este ciclo que se acaba el 30 de septiembre a la media noche, en el que nos corresponde entregar de manera transparente y profesional”, señaló el gobernador en reunión con el Gabinete. Destacó que los gobiernos se miden por resultados y las obras públicas que impactaron de forma favorable en la vida de las y los ciudadanos. En el caso de Michoacán, el mandatario estatal señaló que al final de su administración serán más de cinco mil obras las realizadas, ya que incluso durante la pandemia por el COVID-19 se continúan las labores para finalizar los proyectos que estaban pendientes. 

Designará el Congreso a magistrado del TJAM 

Ante las Comisiones Unidas de Justicia y Gobernación de la 74 Legislatura, comparecieron 19 aspirantes al cargo de magistrada o magistrado de la Cuarta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa TJAM, especializada en materia de Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas. Durante las comparecencias las diputadas y diputados Antonio Salas, Araceli Saucedo, Fermín Bernabé, Ernesto Núñez, Cristina Portillo y Antonio Soto escucharon las propuestas y planes de trabajo de los comparecientes con el propósito de elegir el mejor perfil para ejercer el cargo durante el periodo constitucional que ha quedado inconcluso ante el sensible fallecimiento del magistrado Rafael Rosales Coria. Ante los legisladores comparecieron a exponer sus propuestas de trabajo y razones de su idoneidad Ricardo Flores Navarro, Jorge Derio Camacho Zapiain, José Padilla Alegre, Alejandro Sánchez García, Miguel Wilfrido Machado Arias, María Cristina Iniestra Álvarez, Valente Álvarez Reyes, Santiago Manzo Chávez, Irma Ramírez Cruz, Susana Nidia Guillen Chávez, Araceli Pineda Salazar y Hugo Alberto Gama Coria, entre otros profesionistas. 

Entrega informe de labores el rector Raúl Cárdenas  

El rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Raúl Cárdenas Navarro, presentó ante el Congreso del Estado su Informe Anual de la Administración correspondiente al ejercicio 2020. La presentación, realizada en la sede del Congreso local ante la presidenta   de  la Junta de Coordinación Política, Ma. del Refugio Cabrera Hermosillo; el presidente de la Comisión de Educación, Antonio Madriz Estrada, y el vicepresidente de la Mesa  Directiva, Osiel Equihua Equihua, el rector expuso que su informe de actividades tomó como base de trabajo cuatro ejes principales: el fortalecimiento a las funciones sustantivas, la  viabilidad financiera, la vinculación con los sectores social, productivo y gubernamental, y un gobierno abierto, transparente, con rendición de cuentas y protección de datos personales.